Corrupción policial retrasa procesos judiciales, según ONG
Muchas veces las audiencias preliminares no se realizan porque los privados de libertad no llegan
La corrupción de los cuerpos policiales es la principal causa del retardo procesal en los privados de libertad, al menos 77.000 personas están a la espera de una audiencia preliminar o un juicio, según la organización Una Ventana a la Libertad.
El abogado Leonardo Rodríguez Angola presentó este martes el informe especial sobre la Situación en los Centros de Detención Preventiva en el que explica que al menos el 70% de esta población aún no ha tenido la oportunidad de demostrar su responsabilidad o culpabilidad.
Abogados penalistas en pleno ejercicio en los circuitos judiciales de los estados Anzoategui, Bolívar, Carabobo y Distrito Capital formaron parte de esta investigación que deja en evidencia «la ineficiencia del sistema judicial venezolano».
El retardo procesal dejó de ser una consecuencia para convertirse en un medio, es utilizado como un mecanismo para extorsionar y mantenerse.
dijo Rodríguez
«Usualmente se les niega a los presos el traslado a las audiencias y también se les rota por los distintos centros penitenciarios según el testimonio del 49% de los entrevistados», aseguró Rodríguez.
El informe indica que hay casos de funcionarios policiales que negocian con los detenidos o sus familiares para mejorar sus condiciones dentro de los calabozos e inclusive acelerar su puesta en libertad, causando que se violen los derechos fundamentales y que las condiciones de hacinamiento se incrementen.
El que no es enjuiciado, está condenado a pena de muerte porque al llegar a un centro de detención preventiva va a encontrar hacinamiento y pone su salud en riesgo
señala el informe
Falta de estructura
Para el 32% de las personas que participaron en esta investigación, las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia también son un punto clave a la hora de procesar a los privados de libertad.
A diario una gran cantidad de Tribunales mantiene las puertas cerradas por falta de personal o de instrumentos de trabajo como por ejemplo, «una sola fotocopiadora por piso».
«Hay una alta incidencia en la corrupción judicial, cualquier actuación en el tribunal tiene un costo, inclusive, un Alguacil para trasladar un expediente al centro de copiado cobra unos 10 dólares», contó el abogado.
Rodríguez Angola explicó que tuvo la oportunidad de conversar con funcionarios en ejercicio quienes aseguraron que hay una gran discrepancia de criterios entre el sistema judicial y el sistema penitenciario, lo que obliga a los jueces a mantener a los presos en los calabozos.
«En Venezuela ya no existe la defensa contradictoria, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad y a la libertad personal», agregó el también director de la Red de casas Don Bosco.
Soluciones
Durante los últimos años se han creado nuevos cargos que no están contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, son por el contrario creados por el Tribunal de la República, violando así a la Constitución.
«Para quienes participaron en la realización del informe, la solución es reorganizar los tribunales e incorporar nuevos funcionarios, así como la separación de poderes y la garantía. Además quienes trabajan dentro de la administración de la justicia deben participar en concursos públicos y meritocracia para optar a un cargo», aseveró.
El 29% de los encuestados considera oportuno que se debe realizar una depuración y reorganización del sistema de administración de justicia en Venezuela, además de una ampliación de los recintos tribunalicios, junto a la capacitación permanente de sus funcionarios.
Rodríguez opina que las respuestas que el Estado da al problema del retardo procesal hasta la fecha, no obedecen a un diagnóstico real de sus causas y no están diseñadas desde un «enfoque sistémico» sino que son respuestas que no dan soluciones a corto y largo plazo.
