A diez meses de su muerte aún no hay justicia en caso de Fernando Albán
Este jueves 8 de agosto se cumplen diez meses de la muerte, en dudosas circunstancias, del concejal por el municipio Libertador, Fernando Albán, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Plaza Venezuela.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Ramón Flores recordó la fecha, al expresar a través de su cuenta en Twitter: «Hoy 08 de agosto se cumplen diez meses del vil asesinato del concejal Fernando Albán, estando en custodia por los esbirros del régimen por lo que exigimos justicia»
https://twitter.com/liderhumano/status/1159388321044455425
A finales de julio del corriente año, la organización Venezuela Awareness hizo llegar a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, las pruebas de que Albán, no se suicidó.
Según informó en un comunicado la organización de DDHH con sede en Miami, las pruebas consisten en una serie fotográfica del cuerpo sin vida de Albán que “demuestran que el día 8 de octubre de 2018 fue víctima de una brutal tortura, lo que le ocasionó la muerte”.
“Podemos asegurar que queda ya descartada la versión oficial que aseguraba que la causa de la muerte fue por suicidio al lanzarse del edificio del Sebin-Plaza Venezuela en Caracas, Venezuela, donde estaba recluido”, agrega el comunicado.
Entrega de pruebas
Patricia Andrade, directora de la organización, expresó que las fotografías le fueron entregadas en Miami, si dar más detalles, y subrayó que no las publicarán por respeto a la familia de Albán.
También dijo en esa oportunidad que van a plantear el caso ante la Corte Penal Internacional.
Fernando Albán, concejal por el municipio Libertador de la capital venezolana, “fue asesinado por las brutales torturas sufridas. Todo fue planificado por funcionarios del Sebin, los torturadores de Albán lo amarraron y ahí empezó todo. Solo pararon cuando ya lo habían asesinado y sus asesinos lo lanzaron desde el edificio del Sebin para simular un suicidio”, agregó.
Andrade manifestó que “es preocupante que quienes han tenido responsabilidad en estos crímenes hasta la fecha gocen de impunidad”.
Fernando Albán fue un servidor público que siempre busco la Justicia y la Verdad, Pero también hacer de la Política un espacio para el Servicio y la Responsabilidad.
Hoy recordamos #10MesesDeSuMuerte 🇻🇪 #JusticiaParaAlbán #MártirDeLaDemocracia pic.twitter.com/6KKYcwgCwC
— Angelo Rangel (@angeloranfer) August 8, 2019
Extraoficialmente se dice, en el caso de Albán, el responsable del Sebin, Gustavo González López, fue sustituido tres semanas más tarde por Christopher Figuera, “quien era el número 2 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), otro centro de torturas y quien cometió graves violaciones de derechos humanos”.
Acusaciones a Figuera
La directora de Venezuela Awareness se lamentó de que Figuera, que “encubrió el horrendo crimen de Albán”, se benefició después de una amnistía ofrecida a los militares que dejasen de servir al Gobierno de Nicolás Maduro por parte del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países.
“Hoy vive (Figuera) en Estados Unidos donde se pasea libremente por las calles estadounidenses y le fueron removidas las sanciones”, subrayó.
“Es muy grave que en esta nación que ha recibido a miles de víctimas venezolanas de derechos humanos, tengamos a Figuera y otros de vecinos”, dijo Andrade, quien considera que es “un grave precedente” que “estos personajes” no sean presentados ante los jueces pues “sin justicia no se lograra la democracia”.
Fernando Albán, del partido Primero Justicia, estuvo en Estados Unidos casi dos meses en 2018.
A su regreso a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, “fue detenido en el mismo aeropuerto internacional y acusado falsamente de participar en un fallido ataque con drones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”, dijo Venezuela Awareness.
La expresidenta chilena Bachelet visitó Venezuela como alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en junio y su oficina emitió el 5 de julio un informe en el que se denuncia la “represión y criminalización de la oposición política” a través de numerosas acciones, así como torturas y miles de casos de ejecuciones extrajudiciales.
Este informe, encargado a Bachelet por el Consejo de Derechos Humanos, fue criticado por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
