Trabajadores de la salud denuncian exclusión en contrato colectivo
El escalafón de sueldos establecidos en el contrato colectivo de los trabajadores de la salud resulta excluyente, según el secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas) en el Distrito Capital, Eudomar Urrieta.
«El constituyentista del sub sector social y ex trabajador del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Octavio Solorzano, el 25 de julio de 2018 aprobó un escalafón de sueldos que beneficia a un solo grupo del sector salud, tomando en cuenta solo los cargos de profesional 1, 2 y 3″ denunció Urrieta.
Allí se omiten a todas las personas que tienen cargos asistenciales: bachiller 1, 2 y 3; trabajadores obreros del 1 al 10; enfermeras; asistentes de laboratorio, nutrición y dietética, odontología, radiología, técnico de registro de estadística, camilleros y choferes de ambulancia.
«Los beneficios deberían ser para todos los trabajadores del sector salud, nuestra normativa laboral establece inclusión y aquí hay exclusión», aseguró el secretario de Sunepp-sas durante una rueda de prensa que ofrecieron los voceros laborales del sector.
Este decreto redujo en 200% los beneficios que recibían los trabajadores públicos en el área de la salud, incluyendo lo que perciben para adquirir uniformes y zapatos, transporte, textos, juguetes, becas y gastos médicos.
«La escala establece que a un trabajador asistencial se le fusionan los beneficios y por todo ello recibe 120.000 mil bolívares que no alcanza para cubrir alguno de estos gastos», manifestó el líder sindical.
Hasta la fecha el Ministerio de Salud no les ha ofrecido una solución al respecto a pesar de que los distintos sindicatos del sector sostuvieron una reunión con la directora de Recursos Humanos, María Teresa Bompart.
Urge un aumento
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, exigió al gobierno de Nicolás Maduro un aumento en el salario mínimo de 100 dólares.
«Estamos cobrando 20.000 bolívares quincenal. Los 30 días de trabajo tienen que alcanzar para comer, pero el sueldo actual no alcanza ni siquiera para que una sola persona coma», detalló Zambrano.
Esta es una denuncia que se ha hecho recurrente en todos los sectores productivos del país, sin embargo, las empresas privadas han tenido que recurrir a otras alternativas y es anclar los salarios al precio del dólar o a pagar bonificaciones una vez al mes.
«Le pedimos una solución a Nicolás Maduro porque es el que ostenta el poder, el que controla los ingresos públicos, el petróleo. No importa que no nos dé respuesta, seguiremos exigiendo. Vamos a seguir en la calle», afirmó.
El secretario de Fetrasalud señaló que las condiciones laborales han sido determinantes para que los ciudadanos decidan dejar Venezuela para irse a otro país a trabajar en cualquier otra rama diferente a su profesión.
«Deberíamos cobrar mínimo 100 dólares, y aún así quedaríamos por debajo de los salarios de otros países de nuestro continente ya que el menor de ellos alcanza los 300 dólares.
Visita de la OIT
Los representantes del sector salud anunciaron que están a la espera de una declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de que en días pasados la Comisión de Encuesta de dicho ente internacional visitara el país para constatar las pruebas de vulneración de los derechos laborales en el país.
«Si Nicolás Maduro fuera un presidente obrero, la OIT no se vería en la necesidad de visitar el país. Un presidente obrero apoya a los obreros pero aquí se presentan violaciones en el mundo laboral», criticó.
«Dentro de las acciones de la OIT tenían que realizar tres visitas y sólo se hicieron dos: en Carabobo y Puerto Ordaz para constatar las violaciones de los derechos del trabajador», dijo Zambrano.
En la tercera jornada debían ir a la cárcel de La Pica en el estado Anzoátegui, pues allí se encuentra recluido el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, quien está acusado por tres delitos: ultraje al centinela, ataque al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional pero las autoridades no lo permitieron.
