Expertos en DDHH exigen investigación internacional por muerte del capitán Acosta
El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, espera que investigadores internacionales hagan seguimiento al caso de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, luego de que se hiciera público que el mismo falleció a causa de torturas recibidas mientras se encontraba detenido en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Esperamos que se abra la puerta a expertos e investigadores internacionales que permitan mostrar la realidad, la verdad, no solo en este caso, si no en todos los casos en los que han ocurrido situaciones similares», manifestó Himiob.
El defensor de derechos humanos, asegura que hay protocolos internacionales que rigen este tipo de hechos. El protocolo de Estambul que establece las pautas para investigar los casos de tortura y el protocolo de Minessota que establece las pautas para investigar situaciones de muerte potencialmente ilícitas.
“Toda persona que afirme haber sido torturada y sus representantes legales deberán ser informados de toda audiencia y toda información que sea de interés para la investigación, y tener acceso a ellas, y tendrán derecho a presentar sus pruebas” Protocolo de Estambul, Párrafo 116.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) June 30, 2019
Para Himiob no es favorable que el Ministerio Público designado por la Asamblea Nacional Constituyente se encargue de llevar a cabo la investigación. «Es un principio internacional básico y fundamental que quien comete un crimen, no puede investigarse a si mismo», indicó.
Durante la tarde del viernes, el capitán fue presentado ante tribunales y según el testimonio de su abogado «llegó en silla de ruedas y pidiendo ayuda». Por el estado en el que se encontraba el juez encargado del caso pidió que fuera trasladado a un hospital en el que posteriormente murió.
Acosta fue detenido el pasado 21 de junio por una comisión de la Dgcim, así lo denunció su esposa a través de las redes sociales. Lo mismo ocurrió con el General de brigada de la Aviación, Miguel Sisco Mora y los comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Miguel Ibarreto y José Valladares, todos fueron acusados de traición a la patria y rebelión militar.
Según la opinión de Himiob, con este hecho se demuestra «la falta absoluta del gobierno venezolano de respetar su compromiso en materia de derechos humanos». Ya que estas aprehensiones ocurrieron mientras la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, se encontraba en el país para constatar las denuncias en materia de violación de derechos humanos que se han venido realizando en los últimos años.
«Esperamos que la delegación que asignó la Alta Comisionada en el país logre que se adelanten las indagaciones e investigaciones correspondientes para procurar que no haya impunidad y para que quede constancia clara de que en Venezuela sistemáticamente y de manera generalizada se violan los derechos humanos» aseguró el también abogado.
Además de que tiene expectativas de que este caso se agregue al informe que Bachelet presentará el próximo 5 de julio ante la ONU.
En cuanto a la situación de los otros funcionarios que, presuntamente están detenidos en la sede principal de la Dgcim, el Foro Penal tiene información de que la gran mayoría de ellos fueron privados de libertad pero aún se esperan las audiencias de quienes no han sido presentados.
«La tortura es un patrón represivo»
Por su parte el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió a Michelle Bachelet una visita a la Dgcim para constatar la situación en la que se encuentran todas las personas que están allí recluídas.
A través de un comunicado, la organización pidió además que delegados internacionales dirijan las investigaciones pertinentes para conocer las razones por las que falleció el efectivo castrense y que sean investigados el gobernante, Nicolás Maduro, el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, y el director de la Dgcim, Iván Hernández.
#30Jun A la esposa y demás familiares del Capitán Rafael Acosta Arévalo hacemos llegar nuestras condolencias. Exigimos que una Comisión Internacional investigue el asesinato. Quienes hoy dirigen la Defensoría y Fiscalía no garantizan transparencia ni credibilidad.
— PROVEA (@_Provea) June 30, 2019
Según un informe que hizo publico Provea en días pasados, 75 de los 100 casos de torturas a presos políticos registrados durante el 2018 fueron realizados por los agentes de la Dgcim.
Como denuncia la organización los funcionarios de este cuerpo de seguridad violan la Constitución venezolana. Según el artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Para Provea, todo esto corresponde a un patrón que cumplen todos los cuerpos de seguridad del estado pues no solo se procede a realizar torturas, también se realizan desapariciones forzadas «que pueden durar horas, días o semanas, en las que las personas no reciben protección legal y sufren tratos inhumanos y degradantes», según reza el comunicado.
El caso del capitán Acosta hace recordar lo sucedido en octubre de 2018 cuando el concejal Fernando Albán, quien se encontraba recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aparentemente se suicidó. Sin embargo familiares de Albán y el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, denunciaron que el cuerpo presentaba heridas graves de torturas.
