Cárceles en crisis: La verdad detrás de la «masacre en Acarigua»
El viernes 25 del corriente mes, un intento de «fuga masiva» de los reos fue lo que ocasionó el motín carcelario sucedido el viernes en una comisaría de Acarigua, en el estado Portuguesa, el cual dejó al menos 29 fallecidos, según informó el secretario de seguridad ciudadana de esa región, Carlos Valero.
Según la versión oficial, los privados de libertad pretendían fugarse de manera masiva, la tenían ya programada», al precisar que 29 personas murieron en un presunto “enfrentamiento” cuando las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ingresaron para controlar la situación.
Valero dijo que «ante ese evento de fuga masiva que tenía previsto el derribo de una pared, se hizo necesario la actuación de los cuerpos de policías del estado Portuguesa con el apoyo de las FAES para poder neutralizar y evitar la fuga masiva».
Se conoció este lunes que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, señaló que una comisión encabezada por el viceministro de Investigación Penal, comisario (Cicpc), Humberto Ramírez, se encargó de las pesquisas sobre la matanza en el retén de Acarigua.
Una triste cosecha
Pero para el abogado criminalista y académico, Fermín Mármol García, dicha masacre en Acarigua no es un hecho aislado. «Creo que es la siembra que generó una cosecha, producto de la desidia, los retenes policiales son unos huérfanos”.
En entrevista con el programa Al punto y seguimos, conducido por César Miguel Rondón, destacó que ello se produjo como “un coctel de corrupción, permitiendo que exista en Venezuela depósitos humanos».
Al respecto, pidió terminar con esa política. Dijo “¡Basta! Lo de los calabozos policiales es un tema ignorado por la mayoría; son sencillamente depósitos humanos, donde los procesados pueden durar meses a pesar de ser sitios donde no deberían estar más de 48 horas. Los policías no son carceleros, y las comisarías no son prisiones”.
Mármol García advirtió que «la revolución cuando hay un tema que les perjudica, ellos optan por no comentar. Nadie va a opinar sobre éste tema«, pronosticó.
Intervención ya
Entretanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió a que se lleve a cabo una investigación y se intervenga la Polícia de Acarigua, luego de lo acontecido en los calabozos en el estado Portuguesa.
A través de una nota de prensa, destacó que los presos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio Páez pedían a las autoridades una serie de requerimientos que no fueron atendidos por los cuerpos de seguridad, lo que provocó una revuelta que dejó 30 reos muertos y 11 oficiales heridos.
Luego del hecho se incautaron 17 armas de fuego que estaban bajo el poder de los privados de libertad: pistolas, revólveres y escopetas, tres artefactos explosivos tipo granada y múltiples armas blancas.
El OVP denunció que la pertenencia del arsenal debía ser restringido por la polícia de la entidad. Recordó que ni los presos ni los familiares están en capacidad de ingresar estos artículos a los calabozos.
Las peticiones
La ONG había señalado el viernes que las muertes eran el resultado de un conflicto que había iniciado en la comisaría desde hace al menos diez días entre la policía y los reos, quienes pedían que se permitiera el alojamiento de las visitas en el interior del recinto.
De momento, aparte de Valero, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo sucedido en esta comisaría y decenas de personas, familiares y allegados de los fallecidos, se encuentran a las afueras de la morgue de esa localidad a la espera de que les entreguen los cadáveres.
Tanto el OVP como la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional responsabilizaron al Estado por considerar que tiene «malas políticas» en los recintos carcelarios.
El hacinamiento
El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.
Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.
La información del OVP, contrasta con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
Ya hace más de un año
El 29 de marzo de 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela , se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, donde 68 personas perdieron la vida en el incendio desatado tras la reyerta.
Cerca de una decena de disputas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició la peor crisis económica.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por diputados de la Asamblea Nacional, defensores de derechos humanos y periodistas, los centros penitenciarios están fuera del control de Estado y los mismos son gobernados por presos que fungen como líderes, conocidos coloquialmente por el nombre de pran, de la prisión.
Los pranes mandan
Estos líderes continúan delinquiendo desde de la prisión, dedicándose al secuestro, el tráfico de drogas y armas, entre otros delitos.
Los medios de prensa han realizado diversos reportajes sobre fiestas temáticas organizadas. por ejemplo, dentro de la Cárcel de Yare, como otras cárceles venezolanas, por los jefes de bandas o pranes. En dichas fiestas según denuncias diversas habrían sido invitadas prostitutas.
Además, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela cuenta con una sobrepoblación rea superior a 190% con alto riesgo de brotes de enfermedades y de colapsos en las estructuras de los penales, lo que significa, en muchos casos, que presos sin distinción de los delitos que cometieron se encuentran recluidos en la misma zona o área de la prisión, algunos todavía esperando condena.
Si bien el colapso del sistema carcelario comenzó a finales de la década de los años 1990, la misma se ha acentuado durante el gobierno de Hugo Chávez y desde 2013, por Nicolás Maduro.
Creció población penitenciaria
A partir del año 2009 se inició el lanzamiento del Operativo Bicentenario de Seguridad seguido del operativo Madrugonazo al Hampa en el año 2011. Esto se tradujo en un incremento de la población penitenciaria pasando de 32.624 en 2009 a 48.602 en 2018.
El 26 de julio de 2011 se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario para hacer frente a la crisis a cargo de Iris Varela desde su conformación.
En el Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch, la organización afirmó que «las cárceles venezolanas se encuentran entre las más violentas de América Latina». En el informe se expone: «la escasa seguridad, el deterioro de la infraestructura, hacinamiento, insuficientes guardias y mal entrenados, además, la corrupción carcelaria usa bandas armadas para controlar eficazmente las cárceles». También se mencionó que cientos de muertes violentas ocurren en las cárceles venezolanas cada año.
La Organización para las Naciones Unidas (ONU) denominó el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario venezolano como «una tragedia» debido a las pésimas condiciones de higiene, altísimo hacinamiento, la violencia extrema que se presenta dentro de ellas, estando el sistema carcelario venezolano entre los peores del mundo.
