A 90 días de su juramentación, Guaidó apuesta al apoyo popular para salir de Maduro
Juan Guaidó cumple tres meses desde su juramentación como presidente encargado. Con amplio apoyo popular y el respaldo de más de 50 países, Guaidó llega a este punto con la determinación de llevar a cabo lo que denominó la marcha más grande de la historia de Venezuela el 1º de mayo.
Durante 90 días, el país ha enfrentado las consecuencias de un conflicto por el Poder Ejecutivo. Guaidó ha ejercido la presidencia simultáneamente con la de la Asamblea Nacional con el apoyo de sus parlamentarios, la comunidad internacional y los organismos multilaterales, mientras que Nicolás Maduro continúa ocupando la presidencia desde el Palacio de Miraflores, respaldado por el resto de los poderes públicos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
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Con el foco en el ingreso de la ayuda humanitaria para atender la emergencia que pone en riesgo la vida de millones de venezolanos, por falta de alimentos, medicinas y servicios públicos, Guaidó ha ratificado la necesidad de lograr el «cese definitivo de la usurpación», por lo que ha llamado constantemente a los funcionarios de la Fanb a ponerse del lado de la Constitución.
No obstante, el poder militar mantiene su respaldo al gobernante Nicolás Maduro, quien además de tener base social, cuenta con un grupo de civiles armados, conocidos como paramilitares o colectivos, quienes han buscado instaurar el miedo y la abstención mediante la represión de las manifestaciones multitudinarias que se han llevado a cabo en apoyo a la ruta del presidente interino: el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.
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Guaidó buscó ese necesario quiebre militar el 23 de febrero, cuando intentó ingresar las donaciones enviadas desde Estados Unidos en alimentos e insumos médicos por la frontera con Colombia y Brasil. El resultado fue una represión masiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado bajo el alegato de que se trataba de una excusa para una intervención militar.
La jornada terminó con decenas de heridos, el cierre indefinido de las fronteras con los países vecinos, Colombia y Brasil, y el incendio de dos de los camiones que contenían insumos de higiene personal, aunque después la prensa estadounidense publicó evidencias de que los camiones fueron incendiados del lado colombiano.
Casi dos meses después, la Cruz Roja venezolana anunció la mañana del martes 16 de abril la llegada del primer envío de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como resultado de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ese momento se había negado a aceptar la emergencia humanitaria que padece el país.
#90Días desde que iniciamos nuestra ruta y desde el primer momento, incluso antes, tenemos el foco en la #AyudaHumanitaria
Hoy que la #AyudaHumanitaria es un hecho, ratificamos la necesidad de solucionar definitivamente la emergencia logrando el cese de la usurpación. pic.twitter.com/3rUORLtrRi
— Juan Guaidó (@jguaido) April 23, 2019
Entre tanto, Guaidó ha logrado la primera fase de su ruta en el ámbito internacional. Desde el Parlamento Nacional, ha nombrado embajadores en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Brasil, Guatemala, Paraguay, España, Alemania, Francia, Portugal, Malta, Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Rumania, Andorra y Holanda.
Asimismo, consiguió el nombramiento por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Gustavo Tarre Briceño como embajador de Venezuela, quien participará por primera vez este martes en el Consejo Permanente del organismo internacional junto a Carlos Vecchio, representante venezolano ante los Estados Unidos.
También cuenta con una representación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual reconoció a Ricardo Haussman como representante del país ante el organismo, convirtiéndose en la primera institución financiera internacional que reconoce a un enviado de Guaidó.
Asimismo, el parlamentario nombró una nueva junta interventora ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a las juntas directivas de PDV Holding Inc., Citgo Holding, Inc., y Citgo Petroleum Corporation, principal filial de la estatal petrolera, con el propósito de preservar ese activo de la República y recuperar su control, vistas las sanciones y bloqueo de cuentas impuestas por el gobierno de Donald Trump a la administración de Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano, en ejercicio de sus funciones como encargado de la presidencia de la República, también solicitó a la plenaria legislativa autorización para designar al abogado José Ignacio Hernández, como procurador general especial de la República, con el propósito de asegurar la protección de activos del Estado. El 19 de marzo, Hernández fue ratificado.
Tras 90 días de su juramentación como presidente encargado, el activo más importante para Juan Guaidó y la oposición venezolana sigue siendo el apoyo de la comunidad internacional, en concreto, del Gobierno de Estados Unidos y las sanciones económicas impuestas a los principales funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a la estatal Pdvsa y, más recientemente, al Banco Central de Venezuela, que tienen como fin presionar a Maduro para provocar su salida del poder.
Guaidó ha dicho que, una vez organizados, «vamos a ir juntos a Miraflores a reclamar lo que es del pueblo de Venezuela». En este sentido, detalló que ya hay más de 3.100 Comités de Ayuda y Libertad conformados. Este movimiento tiene como prioridad la unión de civiles, militares, empleados públicos, vecinos, amigos o familiares para coordinar estrategias en pro de lograr el cese definitivo de la usurpación de Miraflores.
