Como con Venezuela, EEUU «no descarta» la opción militar en Nicaragua
Aunque «centrado en resolver la crisis de Nicaragua mediante la acción política, económica y diplomática», Washington «no descarta ninguna otra opción», entre ellas la militar, según declaró hoy en Madrid el embajador Todd Robinson, enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica.
Robinson se reunió este lunes con representantes del Gobierno español, entre los que mencionó al director de Asuntos Económicos de La Moncloa, Manuel de la Rocha-Vázquez, como parte de sus contactos con los aliados europeos para analizar el conflicto interno en Nicaragua.
Igual que hiciera la pasada semana en Bruselas, el representante del Departamento de Estado insistió hoy en que EE. UU. apoya el diálogo en Nicaragua; en que continuará las sanciones contra el régimen que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y en que Washington pide «elecciones prontas, libres y justas».
El embajador estadounidense explicó que Washington trabaja junto a varios países occidentales, europeos y asiáticos para «defender los derechos humanos como único camino aceptable hacia la democracia y el desarrollo económico sostenible» frente al autoritarismo que vive el país desde hace doce años.
Robinson consideró que, «sin embargo, el régimen de Ortega continúa optando por la represión y la violencia sobre los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense».
De momento, Estados Unidos continúa aplicando y defendiendo una política de sanciones, de retirada de visados a dirigentes de Nicaragua y de restricción a las inversiones en el país por parte de las instituciones financieras internacionales.
El enviado especial de Washington acusó a Ortega de «plantear este conflicto como una clásica lucha ideológica entre Nicaragua y Estados Unidos. No es el caso. El conflicto de Daniel Ortega es con su pueblo y con los deseos de éste de vivir en democracia y en libertad».
EE. UU., dijo, exige «la libertad de todos los presos políticos», que Robinson cifró entre 800 y 1.000, al tiempo que menospreció la reciente liberación de un centenar de ellos en la medida en que la inmensa mayoría «continúa bajo arresto domiciliario».
