Se acaban los reales: Raspen esa olla!!!

1. Nuevo raspado de olla

No es la primera, y la historia juzga que no será la última vez, que se raspe la olla cuando el dispendio fiscal de los gobiernos no pueda ser financiado por vía de ingresos «ordinarios», más allá, inclusive del financiamiento deficitario que pueda imponer en una difícil coyuntura un crecimiento de la deuda pública. En el pasado, esa modalidad fiscal de raspar la olla ha ocurrido con regularidad temporal, cuando los ingresos fiscales del Estado se reducen al caer los precios del petróleo.

El caso más protuberante de raspado de olla, una de esas ollas, la mondonguera, lo constituyó el Fondo de Inversiones de Venezuela, cuyo capital terminó comprando entre otras cosas, empresas públicas ineficientes, financiando sueldos y salarios y entregado al gasto «corriente» del Estado. Por gasto «corriente» entiéndase también, además de la nómina y los costos de la burocracia y una que otra inversión pública, dispendio, corrupción, despilfarro, derroche, etc. En esta oportunidad le toca al FIEM, mecanismo de «estabilización macroeconómica»–contracíclica- cuyo ahorro evitaría supuestamente, no solo la contracción del gasto público, cuando los precios del petróleo cayesen, sino al mismo tiempo hacer viable la posición fiscal en el corto plazo. Por nuestra parte, nunca creíamos en la efectividad macroeconómica de un amortiguador financiero –fiscal- de esa naturaleza, en virtud de que un creciente déficit fiscal estructural de más 7% del PIB (incluidas la deseconomías de una deuda implícita previsional no servida) reventaría el mecanismo estabilizador porque, si bien los ingresos fiscales pueden caer con la caída de los precios del petróleo, las causas de ese desequilibrio no tienen esencialmente nada que ver con la evolución de los precios del petróleo en el largo plazo.

2. Un «estabilizador» sin instituciones controladoras legislativas

En este orden de ideas, es previsible que la acción colectiva de los gobiernos coincida inclusive con la lógica de un estabilizador contracíclico, pero no en función de estabilidad macroeconómica, sino estimulado por el impacto negativo que en la clientela política y electoral y corporativa pueda tener una reducción en el gasto público, habiendo «fondos disponibles» para compensar su caída, una lógica política algo compleja de desmontar con argumentos macroeconómicos neoclásicos. Por supuesto y en esa línea de análisis, disminuye el supuesto efecto estabilizador que esa ambigua teoría económica le atribuye a un mecanismo fiscal fondeado con la renta de un activo del Estado, cuyo servicio de su deuda es mayor al rendimiento que produce esa renta, lógica que no variará en el mediano plazo. En cualquier caso, el estabilizador automatizado por efecto de la ley que lo crea opera sobre unas finanzas públicas estructuralmente deficitarias y de un manejo mediocre del balance de activos y pasivos del Estado, fuente ambos de las contingencias fiscales de corto plazo. La caída de los precios del petróleo solo devela esa historia.

En conjunto, el inestable entorno fiscal que se conoce responde y obedece a incentivos por objetivos políticos administrados discrecionalmente, en virtud de la carencia de mecanismos institucionales de control de gestión y eficiencia de la administración de la hacienda pública a todos los niveles de gobierno, tanto constitucional como legal. Ello cultiva los efectos perversos que emergen de la carencia de esas instituciones que permitan controlabilidad de las acciones fiscales que podrían ser tipificadas de irresponsabilidad fiscal, pero que son ejercidas en el marco de la Ley del Presupuesto. En otras palabras, respecto de la presentación y aprobación de presupuestos de ingresos y gastos inconsistentes con la realidad financiera de la República, sentados sobre supuestos económico y financieramente ilegítimos y falsos, pero que el cuerpo legislativo hace ley.

3. El FIEM no es ni era el remedio para una enfermedad congénita

Así, se observa, que un desequilibrio fiscal de las magnitudes conocidas, aparenta
no tener cura, ni siquiera en el marco de un boom petrolero que pueda configurar
«excedentes» de ingreso como el actual, porque la lógica redistributivista de los gobiernos al administrar el gasto público va en sentido contrario a mantener un sano entorno fiscal; esa lógica es muy sencilla, si hay más, gastemos más, y si no hay, endeudémonos, o raspemos la olla, agregándose a esto el costoso financiamiento de un discurso político que no repara en los límites del Estado y de sus finanzas. Allí está el caso límite sin que haya habido las sanciones de rigor a quienes administran la hacienda pública, por los aportes no efectuados al FIEM y de la legislación sometida a la discrecionalidad del gobierno, sin contar con el rigor de controlabilidad que debe ejercer el poder legislativo. Como se observa claramente, un desprecio por la norma, la ley y un acomodo del gasto a la discrecionalidad del gobernante.

La olla se raspa anualmente, solo se espera que la plurianualidad con que se debe diseñar el gasto público en los próximos años, evite los raspados de olla, siempre y cuando el gobierno no sienta esa plurianualidad presupuestaria como una chaqueta de fuerza y decida «rasparse» esa regla. El déficit fiscal implícito o estructural marca el rumbo de una secular insostenibilidad fiscal, en la que se vive en el límite, y que «gracias» a los ciclos petroleros nos ha salvado de hiperinflaciones y masivos endeudamientos que en otras condiciones lucieran insostenibles en el mediano plazo. Sin embargo, la gente parece preferir la muerte por el síndrome de la rana cocida lentamente – de muerte lenta- que una rana brincando en una olla de agua hirviendo.

4. Los limites financieros y tributarios: los caminos hacia más pobreza

En los últimos ocho años, el cántaro ha estado a punto de romperse; se siente el peligro de haber llegado a los límites fiscales –y tributarios- racionales de la economía porque esta no crece con vigor sostenido, comportándose en un círculo vicioso de disminución de la tributación no petrolera que mueve a los gobernantes al peor de los remedios, más y mayores impuestos, esta solución está en el menú de políticas que el gobierno aplicaría para supuestamente calmar su voracidad fiscal en el 2002, año de bajos ingresos fiscales petroleros.

Los gobiernos han sido ineficientes, sus políticas económicas no resuelven el acertijo macroeconómico no petrolero, la base tributaria se ha extinguido por efecto de la secular contracción económica y por la perversa evolución del mercado laboral; situaciones estas, a las cuales hay que agregar las restricciones financieras por crecimiento de la deuda pública, dado que la causalidad circular de una economía que no crece, no podrá tener la fuerza para generar el ingreso fiscal requerido para pagar los intereses de su deuda pública y dar por lo menos alguna credibilidad en el futuro para poder refinanciar el capital de la deuda pública.

A todas estas consideraciones económicas que expresan los límites de la política
económica y el escaso campo de maniobra donde se mueven los gobiernos por su
propia ineficiencia, hay que agregar los cambios en la economía política, en virtud del el rumbo estatista que lleva el actual gobierno, y que a todo evento es inconsistente con las dificultades fiscales estructurales y coyunturales; ello quiere decir, que por más dinero que se pueda tener como consecuencia de un boom petrolero, los recursos financieros nunca alcanzarán para pagar las exigencias fiscales que la economía política ha incrustado, inclusive, en normas constitucionales. Todo ello hoy representa una estrecha chaqueta de fuerza para maniatar la grasa de un estado que engorda en la pobreza, independiente de que tenga cíclicamente mayores ingresos.

5. Señales de insostenibilidad fiscal sin instituciones

Las reformas del FIEM, particularmente esta última, envía una definitiva mala señal a los mercados financieros que agudizará la ya persistente percepción de elevado riesgo, no solo en lo político sino ahora también en lo macroeconómico, porque el «ahorro», aunque se sabe que no era tal, por las amargas matemáticas de unos intereses pagados por endeudamiento público mayores a los rendimientos del FIEM, no podrá recomponer las finanzas del Estado ni contrarrestar el ciclo contractivo que en un entorno petrolero de menores precios, en un entorno donde la actividad privada se mueve con grandes restricciones, inclusive en el área del respeto y la defensa de los derechos de propiedad, variable esta inexistente en un discurso político socializante.

Por ello nunca estuvimos de acuerdo con la creación de un FIEM, no solo porque no somos noruegos como diría aquel conocido filósofo, sino porque no hay reglas fiscales en Venezuela que se puedan respetar, simplemente por no disponer de instituciones duraderas y predecibles y carecer de los más elemental en una sociedad moderna que quiera progresar: the rule of law.

La discrecionalidad, frente a la norma, o a la flexibilidad de esta para maquillar la discrecionalidad, es el insumo que alimenta la acción del gobierno, dado que se carece de fuertes instituciones democráticas, como un poder legislativo que cumpla sus obligaciones de controlar el gasto del gobierno y un poder judicial que vele por la legalidad de las acciones del gobierno en materia de administración de la hacienda pública, y un poder contralor que pueda por lo menos ex-post establecer responsabilidades por conducción fiscal; todo lo cual, constituye el caldo de cultivo de administraciones públicas que se hunden en la corrupción, síndrome este que emerge precisamente por no disponer el país de instituciones democráticas fuertes que puedan materializar una sociedad controlable en materia de finanzas y gasto de los impuestos de los ciudadanos