De la corrupción y sus estragos en la economía
El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, asi sentenciaba Lord Acton, filósofo y pensador británico al valorar la relación entre poder y constitución. EL sentido de esa frase se aplica rigurosamente al ámbito de la gestión publica, con un funcionario actuando más como humano que como ángel. De hecho la «economia de la administración pública”, una rama de la escuela de la Selección Pública, recoge una vasta experiencia, tanto en la teoría económica que explica la corrupción en la gestión publica de los gobiernos, como en la numerosa evaluación empírica que emerge del estudio de la evolución de las economias, no sólo en el mundo desarrollado e industrializado sino en particular del mundo en desarrollo.
Poder, discrecionalidad, intervención en la economía, estatismo, falta de controlabilidad, debilidad institucional, amplia propiedad estatal, negación de los mercados como mecanismo de distribución y principalmente derechos de propiedad, aparecen en el centro del debate sobre el tema de la corrupción y los estragos que su imperio produce en la economía y en la creación de pobreza.
La administración pública combina dos tipos de “poderes”. Un primer poder diseñado para impartir ordenes a los ciudadanos, concede derechos al funcionario del Estado, los cuales en muchas ocasiones se extienden hasta privilegios. Un segundo poder otorga al gobernante la facultad para disponer de tanto fondos líquidos públicos – presupuestos de gobierno y recursos de empresas del Estado- como de la propiedad pública. Cuando estos “poderes” se combinan en un medio carente de instituciones, con una débil seguridad jurídica, con escasa o mediocre controlabilidad y con extendida debilidad de los derechos de propiedad, la corrupción que emerge de ese discrecional uso del poder se masifica constituyéndose en una fuerte restricción al crecimiento económico y al bienestar de la gente.
La reflexión emana de la oposición de un alto funcionario en utilizar mecanismos no discrecionales y transparentes como subastas y licitaciones para contratar la construcción de viviendas para los pobres; lo cual, entre otros, ha restringido en los hechos el crecimiento, dada la baja productividad de la gestión publica alcanzada en el año 2000 al construirse apenas unas 23 mil viviendas, cuando se disponía de un billón de bolívares ( 1300 millones de dólares) para construir 90 mil viviendas, por cierto anunciadas por los responsables de ejecutar ese presupuesto la primera semana de enero del año 2000.. Por cierto que un Nobel de economia, el Prof. Vickrey, escribió profusamente acerca de las subastas y licitaciones de contratos para evitar corruptelas en la contratación de obras públicas, centrado en los efectos perversos que la corrupción causa en la economía de una nación.
El hecho revela el subyacente institucional de la corrupción apalancada en la carencia de control directo (contraloría) y legislativo y en la resistencia de gobernantes a reforzar los derechos de propiedad y el mercado como medio transparente para contratar con el Estado. La corrupción asi definida resulta en un agregado que emerge de la suma de la utilización monopólica del poder más la discrecionalidad de su uso, menos la controlabilidad sobre el mismo, resultando en la perversión de los factores que inducen el crecimiento económico.
El resultado de esos procesos de perversión moral es la profundización de la pobreza y la degradación socioeconómica, generando distorsiones macroeconómicas que retrasan el crecimiento económico, porque la corrupción al operar como impuesto sin contraprestación eleva los costos de transacción reduciendo la inversión privada, limitando los efectos económicos positivos que pudiera inducir la inversión publica.
La corrupción es asi hija legítima de la intervención del Estado y los gobiernos en la economía. Los contratos generados en esas condiciones adolecen de plenos derechos de propiedad que cuando son acordados en mercado y libre concurrencia, por ejemplo, en subastas o licitaciones. Un entorno con débiles derechos de propiedad induce el incumplimiento de los contratos afectando la inversión y el crecimiento.
Venezuela muestra en este sentido una historia no muy halagadora. Al desplazarse la inversión productiva, la corrupción promueve actitudes rentistas desestimulando actividades productivas, las que obviamente se garantizarían por vía de la competencia, generando burocracia, intervención, ineficiencia y favoritismos en la actividad económica – rent seekers. En ese sentido la corrupción desestimula el carácter y la naturaleza del empresario y los incentivos del individuo, promoviendo la desigualdad entre las empresas, las cuales no compiten en igualdad de condiciones ante las necesidades de la sociedad, causando disparidad en la distribución de aquellos bienes que para su producción se requiera del Estado. La corrupción induce ineficiencia en los órganos del gobierno, multiplica necesidades imposibles de satisfacer y encarece obras y servicios públicos.
La historia reciente no es muy distinta a la tradicional manera como el Estado y los gobernantes se han comportado respecto de la economía y de las reglas que rigen la concurrencia entre iguales, independiente de las diferencias tecnológicas y económicas. Los casos de ahora, el Banco del Pueblo, el Proyecto Bolívar 2000, el Fondo Unico Social, ejemplos protuberantes de esa historia y otros que aún no se conocen, pero que más temprano que tarde la opinión publica tendrá conocimiento, son reflejo de esa combinatoria de poder mencionada arriba, operando en un entorno carente de instituciones y con caros incentivos a la discrecionalidad en el ejercicio del poder.
Los gobiernos viven de esta manera un síndrome muy particular conformado por la degradación moral y deterioro de su base de legitimación política, a sabiendas de que esto último es casi un corolario político; es decir, un dato. En lugar de fortalecer las instituciones, reforzar los derechos de propiedad y el mercado como «factores» de la redistribución del ingreso, dejar que el automatismo y autocoordinacion de las fuerzas económicas resuelva sobre la base de igualdad de opciones, adoptan actitudes mesiánicas, otorgan poder discrecional a propios correligionarios, ignorando que no son ángeles sino humanos, como lo apuntaba una vez Lord Acton, los encargados de llevar a cabo las labores de gobierno.
