Lucha de clases de pobres contra ricos: Todos Pierden
1. La “revolución bolivariana” y la perdida de gobernabilidad y confianza.
La inestabilidad política es la principal enemiga de la economía y el progreso; es decir, de la inversión, el empleo y el ahorro; del crecimiento económico. Los sucesos políticos que provocaron la huelga general, la protesta popular del 11 de abril contra el “gobierno revolucionario”, hasta los «golpes» y «contragolpes» le colocaron la guinda a este demoledor proceso de instituciones que comenzó hace dos años con el deslinde ideológico de la nueva Constitución. La gobernabilidad se ha perdido totalmente; la primera externalidad negativa es agudización de la contracción económica.
El saldo por pérdida total de gobernabilidad y confianza institucional se computa económicamente en caída del producto, desactivación económica y desempleo, todo lo cual converge peligrosamente en inestabilidad política. El destrozo de activos empresariales, ahorro y descapitalización que causaron los saqueos y vandalismo cultivados por la agenda destructiva de la revolución, extrae del circuito económico un valioso patrimonio económico a la vez que impacta negativamente con el proceso económico general que se verá afectado, ya no por un desenvolvimiento negativo esperado sino por el hecho evidente de la incapacidad del estado para proteger el patrimonio y los derechos de propiedad.
2. Lucha de clases: pobres contra pobres y contracción de la economía
La confianza en la institución depositaria de las armas de la república, recurso institucional de ultima instancia ha desaparecido y la lucha de pobres contra ricos que apareció en estos años en el discurso presidencial ahora se ve en las calles, los saqueos vuelven esta vez pero precedidos del argumento falaz e irresponsable de la lucha de clases que inaugura la lucha de los pobres contra los ricos. Estos según la premisa marxista de la lucha de clases son los culpables por la existencia de los primeros.
El daño al acervo y patrimonio de la gente crearían un entorno de crónica inestabilidad económica incapaz de generar la riqueza requerida para financiar la viabilidad política de ningún gobierno, así como tampoco para garantizar mecanismos básicos de gobernabilidad –léase buen gobierno en un país donde desde el gobierno se alienta la demolición de sus propias instituciones.
La lucha de clases, argumento político heredado del marxismo, se ha constituido en el mundo y ahora hace presencia en Venezuela como un esquema de acción colectiva dirigido a la destrucción del activo económico y financiero de la gente, desde los sectores medios, comerciantes, artesanos, industriales, hasta de empresas de capital abierto que ven extinguirse el marco jurídico que sostiene el régimen de derechos de propiedad, y sin el cual no habrá economía de ningún orden. La lucha de clases promovida como acción colectiva es en tal sentido la antitesis a orden y el respeto a los derechos de propiedad, institución esta sin la cual no es posible el crecimiento y el desarrollo económico.
3. Pobre contra ricos:¿ Quién paga el precio?: El huevo de la serpiente
El componente institucional en términos de diseño y decisión de políticas publicas ha sido restringir la actividad económica privada, y aumentar la actividad económica del estado, proceso al cual es intrínsico un sostenido mecanismo de empobrecimiento de la población afectada. El orden revolucionario clama, y así lo ha hecho durante mas de tres años, por una presencia más fuerte del estado bajo el supuesto ideológico falso, que el estado sustituiría la riqueza privada que eventualmente sería destruida bajo la lucha de clases.
En esas circunstancias, solo aquellos sectores y empresas en capacidad de costear y financiar los costos de transacción que impone la revolución y la lucha de clases –empresas grandes de capital esencialmente internacional – podrían mantener presencia económica, y en consecuencia acumular capital y mantener constante, en el mejor de los casos, su capacidad empleadora, aunque la contracción de los primeros inevitablemente impondrá una caída del producto de las empresas financieramente más solventes; una especie de metástasis en el aparato productivo nacional.
La economía venezolana le toca ahora enfrentar no solo el continuo proceso de demolición institucional que ha desmontado la confianza entre las instituciones y los agentes económicos, pequeños, medianos y grandes, sino la crisis del estado, más allá inclusive del modelo de capitalismo estatal o socialismo que trae como propuesta la revolución bolivariana. La pérdida de confianza se yergue entonces sobre las finanzas personales y muy particularmente en el ahorro y la capacidad de inversión de los millones de pequeños y medianos empresarios, hoy victimas de saqueos sistemáticos producto de la crisis política que amenaza al colapso del estado y de un estado sin instituciones capaces de defender los derechos de propiedad de la gente que trabaja.
4. En la microeconomía y macroeconomía: pierden todos.
En ese deteriorado campo, y más allá de las consecuencias y efectos que sobre la microeconomía ha impuesto la inestabilidad política y el riesgo para invertir, encontramos las finanzas de ese estado, en bancarrota por el enorme peso que sobre la economía impone el crecimiento de la deuda pública interna y la expansión del gasto público clientelar.
Los efectos inmediatos de ese esquema fiscal insostenible, por caída de los ingresos fiscales es un alza continua de las tasas de interés, las cuales además de reaccionar por la presión de la deuda pública, reciben el impacto de la crisis y el riesgo político que deteriora las bases de una mínima gobernabilidad. Para la economía, la desconfianza en las instituciones y el caos político que emerge de los acontecimientos políticos conocidos rompe las posibilidades de un acuerdo nacional que enfrente la inviabilidad fiscal y financiera del estado.
Sin embargo, el gobierno quien tiene ahora la pelota en su campo, además de alcanzar la constitucionalidad que requiere para administrar el estado tiene en esta hora critica el chance de convocar a los venezolanos todos para establecer un marco mínimo de gobernabilidad, que requerirá fundamentalmente de lanzar al basurero de la historia los restos de la llamada revolución bolivariana, proceso político que trae en sus entrañas el enorme desastre político que nos toca presenciar, y que ha cobrado vidas humanas, cuya responsabilidad, de paso, tendrá que definirse en el futuro cercano.
De no ser así, el empobrecimiento de los venezolanos desde los sectores medios hasta los más pobres nos llevaría de nuevo a tumultos sociales impredecibles, más allá de las apariencias, la protesta social que se vio con la huelga y las demostraciones antes y después de los «golpes» es consecuencia de un país cuyo empobrecimiento ha sido acelerado en estos tres años de revolución bolivariana. Si el Presidente de la República no comprende este fenómeno, muchas otras costosas y terminales angustias vendrán en el futuro y la responsabilidad ante la historia es enorme, Venezuela no quiere ninguna revolución, ya tiene bastante con lo ocurrido; la gente quiere trabajar en paz y para que ello ocurra desea gobiernos normales, lógicos, que respeten las instituciones y que protejan los derechos de la gente. Un gobierno será más costoso e inútil en la medida que no cumpla con lo mínimo: respetar las instituciones.
