La revolución en PDVSA y el Petroestado
El estado rentista no necesita de PDVSA
Mas allá del nombramiento de un directorio en PDVSA, de raíz “meritocratica” o no, el Estado dueño de las acciones de la operadora, y a través del gobierno –operador del aquél- buscaba un cuadro directivo – el cual no debe necesariamente negar o afirmar ningún principio de meritocracia per se- proclive a la estrategia de maximizar renta petrolera basada, como es ampliamente conocido en restricciones a la producción y en la disminución de los costos de la “operadora” –PDVSA. Esa es la vieja economía política del petróleo, que fija los parámetros del proceso de maximización de los flujos de renta al fisco en los precios –push price- para lo cual, en el marco de un acuerdo de impacto marginal, en la OPEP, establece objetivos de producción que generalmente implican reducción de la inversión y de los costos de inversión para ampliar así la renta gravable y con ello generar mas ingresos fiscales de la actividad petrolera.
Si la estrategia es exitosa, ello significa más renta petrolera y más dinero para el fisco, lo cual no necesariamente implique incremento de valor agregado y por ello de un beneficioso impacto en la economía en general, ya que esa mayor cantidad de renta fluye, paradójicamente, al precio de un sostenido proceso de descapitalización de la industria petrolera, reforzando el perverso esquema de dependencia del petróleo, tanto en balanza de pagos como en las cuentas fiscales. Los gobiernos casi nunca han apreciado este síndrome de manera negativa, sus metas de corto plazo son más ingreso fiscal y para ello el objetivo central es maximizar la renta petrolera con el menor costo, un curioso comportamiento económico que solo es posible bajo la estructura de propiedad estatal, porque la renta que genera la industria es fundamentalmente ingreso fiscal.
Queda entonces claro que para ello no importa si el Estado dispone o no de una empresa que haga el trabajo de extraer, refinar, comercializar y pagar los impuestos que el dueño –el Estado- le exige, además de que la decisión de inversión queda sujeta a las necesidades fiscales, en virtud de que los dividendos que arroje esa operación tengan que ir al fisco al costo inclusive de la descapitalización de la empresa.
La institucionalización del petroestado
Lo que busca la “revolución”, para lo cual tiene normas constitucionales y ley de hidrocarburos, medio mandado hecho, es un ente administrativo para el exclusivo uso de transmisión de renta. Para cumplir esas funciones no se requiere know how gerencial, ni de incentivos de mercado para su funcionamiento como firma eficiente. La raíz de este síndrome esta en la estructura de propiedad que rige sobre el petróleo. Su dueño, el Estado, no tiene incentivos otros que maximizar la renta de sus contribuyentes, y el petróleo siendo de su propiedad se explotará de acuerdo a este particular incentivo rentista, de allí que la disminución de los costos por existencia de una operadora converja con ese incentivo.
Bajo esa condición rentista, se inicia esta reestructuración de PDVSA, ahora dirigida a reducir los costos de su existencia y para ello el norte ideológico básico de la revolución, la operadora no es necesariamente imprescindible para esa política. La reestructuración traerá un considerable downsizing -de PDVSA- que llegaría al desmantelamiento de cómo se le ha conocido en estos años, fundamentalmente porque se transferirán al gobierno, al Ministerio Energía y Minas, las decisiones sobre inversión y administración de la industria, dejando que la política sin complejos, sin pena ni vergüenza, entre al negocio a través de la centralización del proceso de toma de decisiones en la industria petrolera estatal.
La centralización del proceso de decisión a nivel del gobierno central emularía el funcionamiento de industria petrolera en el mundo islámico y al fracasado modelo soviético de planificación central. Con ello, el gobierno busca estrechar la dependencia de la industria petrolera de los incentivos rentistas del Estado, cortando la evolución que traía la industria desde la nacionalización en 1975, de una relativa autonomía de gestión que involucraba en cierto modo un comportamiento más acorde con incentivos de mercado y de empresa, pero que inevitablemente entrarían en contradicción en el futuro cercano con el objetivo rentista del Estado, dueño de las acciones de la operadora. Por esa abertura entra la revolución, institucionalizando definitivamente al petroestado y afianzando – por cierto, contrario a la retórica del discurso político revolucionario- la dependencia fiscal respecto del petróleo. El petroestado no necesita -en el extremo- de una empresa o firma petrolera, sino de una operadora adherida al objetivo rentista; allí estaría la actual contradicción expresada en el conflicto que hoy mantienen los empleados de PDVSA y el gobierno.
Las contradicciones entre el petroestado rentista y el petróleo como negocio
La nueva política petrolera (NPP) centraliza en el gobierno las relaciones internacionales y negocios petroleros del futuro, con lo cual, empresas petroleras internacionales tendrían mejores incentivos para negociar con un gobierno, antes que hacerlo por intermedio de una firma, en una relación que pudiera verse como inter pares. La historia de las grandes empresas petroleras internacionales muestra una experiencia abundante al respecto; muchas veces es preferible negociar con políticos que con la tecnocracia. A través de esta red de intereses se pueden divisar claramente los incentivos de muchas reformas institucionales que afectan la economía y que cosecha la revolución bolivariana al preferir el capitalismo de estado clientelar, y prescindir del mercado como mecanismo de intercambio para mayor transparencia en el funcionamiento de la economía.
Esta estrategia, aunque no implica necesariamente la eliminación de la “operadora”, reduce considerablemente y, tiende a eliminar la lógica empresarial y los incentivos de la firma que poco a poco en los últimos años se iban acomodando en PDVSA. Al respecto, habría que acotar que ese proceso no transcurrió sin las conocidas contradicciones entre la política y el petróleo, lo cual requirió que política y petróleo corriesen de la mano en un entorno que restó eficiencia e incrementó costos al funcionamiento de PDVSA, al tener esta que acceder a una nueva forma de clientelismo político radicado en los planes de extensión de PDVSA que consumían una parte importante de su gasto y costos.
La operadora en este nuevo marco clientelar “complementaba” al Estado en su gestión redistributiva. En cierto modo la reestructuración última del quinquenio 1994-98 en unidades de negocios fue el preludio de una empresa estatal más autónoma, y no necesariamente adecuarse a una futura privatización, como erróneamente se ha interpretado. La apertura petrolera de 1997 constituía en ese sentido y asimismo un compromiso de la industria con la política que permitió darle al fisco una buena dosis de recursos fiscales, a cambio de un esquema de funcionamiento más autónomo que requería que el Estado fuese perdiendo rápidamente sus objetivos rentistas.
En este nuevo esquema el modelo rentista se diluía, en la medida que la industria petrolera estatal se expandía, dando paso a una estrategia microeconómica más racional de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de un país petrolero, lo que necesariamente no coincidía con el objetivo del Estado dueño que solo exigía renta. La contradicción la “resolvió” la revolución bolivariana.
La “repolitización” del petróleo: el comienzo del fin
En otras palabras esos caminos intermedios de la política y el petróleo son ahora cosa del pasado, la Constitución, la nueva Ley de Hidrocarburos y la reestructuración de PDVSA en curso nos devolverían a la prehistoria petrolera de tener que contratar con empresas multinacionales el futuro del petróleo, dado el sacrificio que el gobierno estaría pagando con el desmantelamiento de PDVSA. Un ejercicio de costo beneficio nos daría en este sentido algunas cotas sobre el costo que significaría el desmantelamiento de PDVSA y la vuelta al petroestado puro, donde para su objetivo rentista, no importa quien extraiga, refine, transporte y comercialice el petróleo.
PDVSA funcionó siempre bajo ese síndrome que implica por un lado, rendir el interés del Estado al maximizar su renta, al costo de disminuir la inversión para ampliar la renta gravable, y por el otro, de su propia dinámica como empresa que exige eficiencia, lo cual, razones económicas explican claramente que para maximizar renta no se requiere de una empresa eficiente, lo ocurrido en estos años de revolución bolivariana es una muestra evidente de ello. La eliminación de esa “dualidad” es el objetivo revolucionario. La nueva Ley de Hidrocarburos habilita al gobierno para contratar a quienquiera que sepa extraer y procesar petróleo, no tiene que haber una empresa estatal para ello.
Esas reglas de la nueva estrategia petrolera, contenida en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos, conforman sin embargo un peligroso espejismo, dado que los altos costos de transacción que impone la estrategia de maximizar renta para cumplir el objetivo rentista del Estado, colocarían la industria petrolera venezolana en camino del mismo colapso que sufrió la industria petrolera rusa bajo el régimen de rentismo puro que caracterizaba en la ex Unión Soviética el funcionamiento de la industria petrolera con sus finanzas y resultados económicos fundidos en las cuentas fiscales del gobierno central, mecanismo expedito, con el cual el petróleo servia únicamente renta; y que después, requirió privatización y asociación con empresas petroleras para alcanzar competitividad en al mercado. ¿Habrá tanto cinismo en la historia que se nos quiere escribir?
Es PDVSA y el petróleo de todos, de la nación o del Estado?¿ De quién es el Estado?
La babel ideológica en Venezuela es infinita y respecto del petróleo ha habido un consenso a gritos de que el petróleo es de todos. Esa ha sido la ideología oficial desde que reventó el primer pozo petrolero hasta la “nacionalización” de la infraestructura que poseían las empresas extranjeras, después de todo ha sido una herencia colonial, la cual no se ha podido romper y madre del capitalismo de estado rentista y clientelar que después de muchas décadas de fracaso económico la nueva Constitución, la de la revolución bolivariano ha elevado al clímax.
Esa estructura de propiedad que hace del Estado dueño de la tierra y todo lo que esté dentro de ella y el tratamiento político de la renta petrolera que fluye al fisco –como renta- para ser redistribuida en el gasto público ha creado la conocida confusión sobre los derechos de propiedad que existen sobre el petróleo, y que bajo norma constitucional, están perfectamente definidos en sus artículos 302 y 303 consagra como propiedad del Estado, y de ello no debe quedar duda alguna. El proceso constituyente pasó por acá y la sociedad civil y la inteligencia venezolana no hicieron mucho para evitar la socialización del “petróleo”.
