Reinventando la gobernabilidad
Gobernabilidad
Por gobernabilidad referimos popularmente a las instituciones del Estado, de la sociedad civil y economía de mercado, y a las relaciones entre estos sectores (La Academia de la Lengua define de esta manera, generalizando el concepto de la economía de costos de transacción y de la organización de la firma, o economía de la organización). Aunque dichas relaciones pueden variar según el acervo cultural de cada comunidad y el paso evolutivo de la economía, deben enfrentar un desafío inevitable: las instituciones y la compleja red de relaciones que entre ellas se configura, deben buscar en los términos más eficientes, el bienestar de sus ciudadanos, y estos a través de los mecanismos ¿ad hoc? de la sociedad civil deben construir y reproducir instituciones transparentes, eficientes que provean a todos de las mismas opciones.
La sociedad y sus organizaciones en búsqueda de una mayor eficiencia en su acción diaria, sea en la producción de bienes públicos (leyes, códigos, normas, instituciones formales e informales) asemeja cada vez más la organización de la firma; de allí que su comportamiento esté en dirección de reducir costos de transacción, para lo cual un buen gobierno es el objetivo deseado. En tal sentido y en virtud del rápido proceso de apertura económica y globalización de formas productivas y culturales, de abaratamiento de procesos tecnológicos, y de eliminación de asimetrías en los mercados por abaratamiento de la información, los mecanismos tradicionales de gobernabilidad han sido reconstruidos con el producto humano más representativo de esta época: la evolución del espíritu empresarial del hombre.
Estado, empresa, mercado: la fórmula de un buen gobierno
Las instituciones del Estado han venido con el tiempo tomando la organización de la firma, en la búsqueda de un estado si opera en la sociedad produciendo bienes públicos, particularmente los que habría que servir a los ciudadanos de menos recursos con escasa capacidad de ahorro previsional, de manera eficiente, competente y transparente. De allí que el concepto de gobernabilidad -governance- haya sido adaptado mas allá de la economía para categorizar el espíritu de reglas, normas en el comportamiento humano.
Sobre esta proyección es evidente que el proceso político o revolución bolivariana que transcurre en Venezuela, ha ido contracorriente destruyendo todo cuanto consigue a su paso, arruinando el capital social y político acumulado durante anos, y que en todo caso, susceptible de ser reformado, el horizonte de esos ajustes instituciones debió haber estado adelante y no atrás. El peso histórico de esa involución deberá tenerse en cuenta para cuando tengamos que devolver el absurdo de esta historia y Venezuela pueda recuperar su autoestima, de manera que en el peor de los casos, se pueda destruir construyendo.
La revolución destruye la gobernabilidad sin dar nada a cambio
Las revoluciones generalmente corren dos procesos en paralelo, independiente del método mediante el cual se ¿toma? el poder; es decir, independiente del método por el cual se destruye el orden establecido, que en el caso Venezolano era el de una democracia social-liberal. El primer proceso tiene que ver con el estado de ¿conciencia? de los iluminados que dirigen el proceso; y el segundo, más complejo, se relaciona con las políticas que provocan el desmantelamiento de las instituciones del ¿viejo orden? y la implementación de nuevas que configuran el marco del poder monopólico del Estado sobre decisiones – económicas- más allá del sector publico, del ámbito de la actividad económica privada. En el caso venezolano del proceso constituyente, desaprovechado porque el país que resultó de un año de esfuerzo ciudadano no es mejor que el país que quedó atrás. La democracia social-liberal que se tenia fue sustituida por un régimen tipo democracia popular basado en una abstracta soberanía popular, donde el juego de poderes y la controlabilidad de la acción publica desaparecieron.
En conjunto ambos ¿procesos? como en toda revolución llevan en sus entrañas un cuadro de contracción económica innato inducido por el cambio en las reglas de juego, la demolición de instituciones y el constante debilitamiento de los derechos de propiedad, creando un estado de inestabilidad jurídica en el cual no se emprenden negocios que no descuenten anticipadamente el riesgo que corre la inversión, en virtud de la destrucción del nexo que une a los agentes en una economía: los contratos; expresión de los derechos de propiedad, que ¿garantiza? la correlación entre crecimiento económico y derechos de propiedad.
Los derechos de propiedad: institución básica para un buen gobierno
En una economía moderna no solo es propietario el ¿propietario? per se sino quien ¿posee? un contrato que le autoriza el ¿uso y disfrute? de esa propiedad, sujeta por supuesto a reglas acordadas entre las partes y amparadas por la ley. El Estado moderno, induce y refuerza el cumplimiento de ese contrato y aplica la ley; es decir, busca que sus ciudadanos tengan un entorno jurídico estable para hacer economía. Lo que nunca hace un Estado o gobierno dirigido por políticos normales es resquebrajar ese orden, sin el cual los ciudadanos o agentes no hacen economía. Un caso típico de las revoluciones y la bolivariana no queda atrás es el debilitamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra que encierra la nueva legislación al respecto, aprobada bajo el poder de la Ley Habilitante, una institución perversa de uso común en Venezuela, desde hace décadas.
La acción de los poderes públicos, incluido el gobierno, es reforzar el ejercicio de esos derechos, dado que no basta que la constitución garantice la propiedad, si las leyes no clarifican ni definen el alcance del derecho. Esto ultimo tipifica en Venezuela al continuo debilitamiento de ese marco jurídico que configura lentamente el entorno de debilidad económica y descapitalización que sufre la economía venezolana.
Ese proceso de debilitamiento y destrucción de derechos de propiedad, lo cual, no implica per se una estatización global de la economía, sino un proceso que al incrementar los costos de transacción, debilita los derechos de propiedad, de manera tal que afecta negativamente la actividad económica privada, la que en esencia se expresa en transacción de contratos de una mano a otra. Acotamos que los derechos de propiedad pueden ser diversos, desde un contrato de alquiler de un rancho, un contrato que permita transar propiedad accionaria de una mano a otra en mercado abierto o cerrado; un depósito bancario, licencias, franquicias, hipotecas, etc. Es evidente entonces el impacto negativo que sobre la economía causa el debilitamiento de los derechos de propiedad.
La primera víctima de la revolución: los derechos de propiedad
En este entorno para el ejercicio de los derechos de propiedad es donde el juego revolucionario toma sus primeras víctimas, al violentarse por vía legal y por la acción política de los entes informales, ejes políticos de la revolución, los derechos de propiedad, con lo cual, consciente o inconscientemente se induce una reducción del volúmen de transacciones económicas, disminuyendo la actividad económica formal y con ello los impuestos o ingresos fiscales contradictoriamente afectando el sentido redistribuitivo que bordea el discurso revolucionario. Una porción importante de las transacciones que se hacían en el mercado son informalizadas cayendo los impuestos indirectos y directos, creciendo el desempleo y contrayéndose el proceso e formación de riqueza.
Cuando se revisan los números de la economía venezolana de estos años y se elimina el efecto expansivo de la burbuja petrolera, se puede ver claramente este fenómeno de caída de la actividad económica formal, de crecimiento de la informal y de reducción de los ingresos fiscales por tributos del sector no petrolero. La paradoja de este proceso la tenemos frente a nosotros. Las revoluciones – la bolivariana lo demuestra cada día- no se hacen para que una economía funcione eficientemente; el poder de decisión se centraliza en manos del ¿líder? o un comité revolucionario de iluminados en un complejo y contradictorio proceso político-institucional que conlleva implícito un proceso de descapitalización del aparato productivo, lo que induce a la gente a exportar sus activos. La descapitalización se observa claramente en la reducción del PIB generado en la actividad económica formal, la perdida de quince y último de más de un millón de trabajadores y un crecimiento de la histéresis laboral, tanto en sectores trabajadores de bajos ingresos como en los sectores medios.
La economía y las políticas públicas se estatizan: la gente no cuenta
En estimaciones propias, y abstrayendo del modelo el impacto expansivo del boom petrolero, la economía venezolana se hubiese contraído en 7.2% -crecimiento negativo-. Los indicadores del mercado laboral y la demanda agregada por inversión lo expresan claramente. De allí que agotados los efectos del boom, la economía ahora retorna a la lógica revolucionaria de un entorno de inseguridad jurídica afectada por el debilitamiento de los derechos de propiedad cuya amalgama ideológica se observa en la mayoría de las leyes habilitadas incluidas la ley de hidrocarburos y de tierra.
El proceso que subyace es el de una estatización de la economía, proceso este que no significa la estatización de facto de la economía privada, sino de la centralización y socialización del proceso de decisiones económicas que normalmente debe darse en el mercado y la subordinación de las reglas del mercado a las nuevas reglas de un esquema económico basado exclusivamente en la redistribución de la renta fiscal -gasto público más gasto de empresas y organizaciones parafiscales (FUS, Proyecto Bolívar) del Estado- por lo que la voracidad tributaria propia de estos regímenes ya se perfila en más impuestos.
Africanización de la economía
La contradicción implícita e innata típica del régimen que corre en el querer ser es la disminución de la actividad económica privada, el crecimiento del empleo informal; proceso similar por cierto el que ha implantado Mugabe en Zimbabwe en los últimos diez años.
La actividad económica se contrae por efecto de la sobreregulación que inducen entre otros los poderes (justicia y poder ciudadano) del Estado que marcan su acción al ritmo ideológico de la revolución. Los efectos fiscales y tributarios de la revolución implican entonces la reducción de los ingresos fiscales no petroleros porque la gente al ver los derechos de propiedad debilitados por efecto de la revolución disminuye o se desactiva totalmente.
Este fenómeno es ampliamente visible en la balanza de pagos por salidas de capitales o dolarización durante los últimos tres años (un flujo neto de 17 mil millones de dólares netos de salidas de capitales, producto del ahorro de la genta); los venezolanos prefieren entornos más estables y más seguros para invertir el ahorro de la familia de toda una vida; y no están haciendo en estos años, sino desde los tiempos en que el café era el primer producto de exportación. Así el proceso de descapitalización que se marca en las cuentas nacionales, tanto de caída de la productividad y en la salida de capitales traerá graves y severas consecuencias en los próximos años cuando el ahorro nacional sea insuficiente para mover el aparato productivo nacional; la economía estaría en un franco proceso de africanización.
