Predicciones económicas para terminar el año: que año!!!
La economía venezolana se encuentra bajo shock desde hace un tiempo; dos shocks. Un primer shock, de naturaleza institucional, causado por una revolución política plena de riesgos e incertidumbre que ha exacerbado los costos de transacción que se pagan «ordinariamente» en las decisiones económicas, al pervertir los mecanismos normativos sobre las cuales se toman esas decisiones en una economía. Sus instituciones básicas: derechos de propiedad y mercado han sido afectados severamente por el agudo debilitamiento del piso jurídico donde operan los negocios; y cuyo efecto directo reduce la inversión y el consumo, contrayendo la economía y expandiendo el desempleo.
El segundo shock, de carácter económico, causado, por la «devaluadora flotación» del bolívar que lo ha depreciado en 80% en seis meses; y por el alza de impuestos; amén del desorden fiscal y financiero en el manejo del presupuesto y fondos públicos, que devela un déficit fiscal y caja insuficiente que pone en peligro la solvencia del Estado, las finanzas públicas y al sistema de pagos privado, banca y mercado de capitales.
La devaluación ha tenido -como bien lo explica la teoría económica- tradicionalmente y sigue teniendo en Venezuela impacto contractivo sobre la demanda agregada porque reduce el ingreso real de los hogares y las empresas; es decir, contrae el consumo y la inversión, lo que sumado al agotamiento del ahorro y la continua dolarización – salidas de capitales- que desplaza el gasto privado interno hacia mercados menos riesgosos y más seguros, muestran al rojo vivo la carencia de espacios e instituciones para el crecimiento económico. Por ello, la intensa contracción económica que se registra este año y que podría amenazar con extenderse al año 2003.
Ambos shocks diluyen la confianza de la gente y las empresas que han venido dolarizando sus ahorros y perdiendo credibilidad en la ecuación fiscal del gobierno, con lo cual el ajuste del gasto ocurre por vía del tradicional mecanismo de contracción del gasto de «venga el último o pase el mes que viene» para hacer caja en el Tesoro y tener para pagar el gasto «legal». De esta manera, el efecto expansivo en la economía que supuestamente tiene el gasto público, se anula por el impacto negativo que produce su financiamiento con el impuesto inflacionario de la devaluación y el endeudamiento público; ambos factores severamente restrictivos que inducen el alza en las tasas de interés. Nada nuevo bajo el sol, es la miopía de los gobiernos cuando renuncian a la disciplina fiscal para no pagar el supuesto costo político que se dice asociado al ajuste del gasto, afectándose con ello la confianza en la política económica.
La polea de transmisión que acentúa la contracción económica actual viene dada por la presión al alza en las tasas de interés – pese a la fuerte devaluación del bolívar- que impone el creciente endeudamiento público y cuyo efecto restrictivo se intensificará en la medida que el remanente de fondos privados que se mantiene en el sistema de pagos liquidez monetaria- se canalice al «refinanciamiento» de la deuda interna, en virtud del desplazamiento de fondos que potenciales pudieran ser invertidos en la economía real, hacia el Estado, por carecer de voluntad política e imponer el ajuste respectivo del gasto publico. La receta es la misma: el gobierno impone severos ajustes al gasto privado para mantener su esquema de gastos: la economía se contrae, siempre ocurre así, pero la miopía es larga.
Los impuestos, el débito bancario y el incremento del IVA, presionarán al alza a costos y precios restringiendo con ello aún más el gasto privado; es decir, el consumo y la inversión. Revertir este estado de cosas requiere un fuerte piso institucional y estabilidad política, además de un cambio en las políticas económicas, cuyo acento restrictivo por su orientación fiscalista, impone un ajuste del gasto privado por la devaluación y el alza de los impuestos, disminuyendo la capacidad de gasto de la gente y empresas. Para encontrar la senda del crecimiento, se debe revertir el curso de los factores que restringen la actividad económica mencionados. Los tiempos y las decisiones son políticas, y el costo de oportunidad crece si no se construye un marco adecuado de estabilidad política e institucional que revierta los efectos perversos que ello impone sobre las decisiones en materia económica.
