¿Cuánta incertidumbre se percibe?
La caída sostenida de la inversión privada nacional e internacional durante estos cinco años ha tenido que ver esencialmente con dos situaciones de naturaleza política y rentista. Por un lado por la elevada percepción de riesgo -por parte de inversionistas nacionales y foráneos- asociada al debilitamiento de los derechos de propiedad y a la precariedad del marco jurídico que degeneraron de una visión estatista de le economía.
Ambos factores emergieron de la revisión del régimen económico establecido tanto en la constitución de 1999, como en las severas restricciones que sobre los mercados crean un buen numero de leyes, decretos, sumados al voluntarismo rentista que han redefinido al régimen económico subsidiario del estatismo redistributivista que acompaña el diseño de políticas publicas en estos anos de revolución.
Una segunda situación de naturaleza rentista y fiscal que contrajo la inversión privada a lo largo y ancho de la estructura económica nacional lo constituye la descapitalización de PDVSA, fenómeno que se manifiesta no solo en la contracción de la producción, estrategia rentista y fiscal que se conduce desde 1999 con el objetivo fiscal de incrementar la renta fiscal petrolera.
Este fenómeno de mayor precio del petróleo para lograr mayor renta fiscal requería menor producción y en consecuencia menor inversión no solo en el economía relacionada directamente con la actividad petrolera, sino en la actividad económica relacionada indirectamente con el petróleo, particularmente con la inversión en infraestructura, construcción, metalmecánica etc.
En conjunto, ambos fenómenos políticos – rentisticos contrajeron la actividad económica creando los fundamentos para el creciente desempleo observado en estos años y cuyo punto culminante que se alcanzo con la crisis política en el 2003 y cuyo desenlace aun se desconoce dada las restricciones que la crisis político-institucional extiende en los próximos meses.
Sin embargo, abierto los mecanismos constitucionales para la convocatoria de referenda revocatorios, un viento de optimismo se apodera de los mercados, tanto nacionales como foráneos, dado que estos comprenden que los venezolanos escogieron la vía del voto para dirimir los problemas políticos que han conformado el entorno de restricciones que han contraído la economía en estos años de manera severa.
Los referenda revocatorios traen la expectativa de cambios políticos que conduzcan políticas públicas de corte racional de mercado que acaben con las restricciones políticas que sobre la actividad económica privada ha creado la revolución bolivariana, bien por la vía de normas constitucionales o por la vía de leyes y decretos, amen de la violencia política y social que afecta y debilita los derechos de propiedad fenómenos estos últimos cuya expresión institucional esta en los tuétanos de la revolución bolivariana.
Sin embargo, es importante destacar que los mercados aún no obtienen del liderazgo político que sustituiría eventualmente a la revolución bolivariana, las señales claras de que se implementarán políticas públicas destinadas a la recuperación de la inversión privada, sin la cual no habrá crecimiento económico.
Las dudas en este respecto tiene que ver con el futuro del control de cambio, los impuestos confiscatorios, la devaluación del bolívar con fines fiscales, es decir, hay grandes dudas de que el gobierno posrevolucionario, en transición, mantenga los esquemas redistributivos rentistas que ha exacerbado la revolución.
De hecho las versiones “económicas” de lo escaso que se conoce para el periodo posrevolucionario indican el mantenimiento del control de cambio, con lo cual se desecha la historia de Recado, Otac y ahora Cadivi cuyo funcionamiento reprime el crecimiento.
Hay inclusive señales de la promoción de maxidevaluaciones similares alas ocurridas en 1989, 1995, y 1998 para generar fondos fiscales o financiamiento inflacionario del déficit con la devaluación, inclusive se huele en muchas de esas propuestas paa la transición la utilización de la imprenta de bolívares del financiamiento del déficit fiscal con bolívares de “fresca” impresión como utilidades cambiarias del BCV. Se nota en ese sentido la carencia de un debate que sobre políticas públicas e incentivos demuela la aventura redistributivista y socialista de la revolución bolivariana que como se conoce llevo a la economía venezolana por una ruta de descapitalización y empobrecimiento.
Es necesario aprender como no hacer las cosas, sobre todo cuando es evidente que por conducir políticas públicas reñidas con la racionalidad trajeron la revolución; de hecho, las mismas políticas llevadas al extremo han desbancado el “proceso revolucionario bolivariano” socializante de estos años.
