¿Quién produce petróleo en Venezuela?
I. Del petro-estado y la meritocracia al rentismo absoluto de la revolución.
En una nota publicada hace mas de un año por estas mismas paginas y en reacción por el cambio de reglas que en el en el negocio petrolero nacional imponía la nueva Ley de Hidrocarburos (LH), adelantábamos que en ese “nuevo” escenario legal y económico, el de la nueva LH, sumado al fundamentalismo nacionalista estampado en la Constitución de 1999, no había puesto para la PDVSA como se le ha conocido, la del petro-estado.
El “nuevo” apetito rentista puesto en evidencia durante el proceso de captura del Estado por la revolución, contradecía terminalmente con el modo, como el híbrido –PDVSA- operaba el negocio petróleo estatal, amparado en un marco legal, que si bien no sacrificaba el incentivo rentista – fiscal del Estado, tampoco impedía que el negocio petrolero fuese gerenciado parcialmente con mecanismos e incentivos de mercado, lo que en cierto modo sujetaba el ímpetu rentista y fiscal del Estado para impedir su descapitalización, fenómeno muy propio y característico de empresas petroleras estatales, como lo reseña la historia de las empresas petroleras de Irán, Libia, y México, Brasil, para mencionar algunas.
En el caso de PDVSA – estado venezolano, una conocida relación explicada detalladamente por la teoría económica, de agente-principal, combinaba los intereses entre la corporación y el Estado, el criterio de meritocracia expuesto por el desarrollo del capital humano en una empresa estatal emerge como una característica esencial del petro-estado y en una barrera cuasi-natural a los incentivos fiscales y rentistas del estado y sus gerentes, las corporaciones políticas.
Los incentivos que emergían de ese fenómeno de la meritocracia, en la empresa estatal, impedían al mismo tiempo una relación mas fluida inducida por el mercado. De alli que no era difícil encontrar una crucial coincidencia entre los revolucionarios y la meritocracia desde adentro de la empresa, en relación al inevitable proceso de reprivatización que toma lugar, hoy acelerado por la descapitalización, en la industria petrolera venezolana.
II. El rentismo fiscal de la política y el petro-estado
El “viejo” marco jurídico, donde operaba PDVSA, aunque no sin contradicciones, reproducía una especie de híbrido organizacional – empresa mixta para transferir renta fiscal- conformado a mitad de camino entre los términos de una organización industrial de la cual se exigía eficiencia, y su actividad como eje fiscal del petro-estado, muchas veces enfrentando la racionalidad institucional y la evolución natural de una empresa.
De hecho, los conflictos tributarios y fiscales que se caracterizaron en muchos anos como una relación incestuosa entre el Estado y PDVSA eran comunes, dado el incentivo de la empresa en capitalizar sus dividendos y el apetito rentista del fisco que exigía mas ingreso fiscal petróleo, en condiciones donde los impuestos petroleros disminuían en la medida que PDVSA se expandía y crecía, y para ser mas precisos imponía su lógica y racionalidad corporativa.
Devaluación y apertura petrolera
La caída del ingreso fiscal de naturaleza tributaria colocaría las contradicciones entre PDVSA y el fisco en la toma de los dividendos para compensar ingreso fiscal, lo que sucede en los años inmediatos a la apertura. De hecho este proceso de apertura petrolera se constituyo en un fabuloso incentivo fiscal indispensable para generar el consenso político necesario que pudiera legalizar el proceso de apertura y que hoy es responsable de la producción del 40 % de la producción de petróleo total y con posibilidad de crecimiento en la explotación de la faja del Orinoco por parte del complejo de asociaciones estratégicas.
El impuesto inflacionario
La caída del ingreso tributario petrolero fundó los incentivos de la corporación y el fisco para el impuesto inflacionario, mecanismo generador de liquidez monetaria nominal, las devaluaciones entraron en la historia fiscal venezolana de la mano de ese acuerdo político entre la corporación petrolera y los gobiernos. Esas oleadas devaluacionistas del pasado reciente, todas apuradas bajo incentivos rentisticos fiscales, constituían una especie de “solución optima” conque el Estado y PDVSA – inducida por el resabio rentista del petro-estado, resolvían con costo transferido al venezolano de a pie, esos conflictos rentistas; en otras palabras el peso de esas contradicciones era transferido al ciudadano en devaluación, inflación y empobrecimiento.
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Ese modelo del petro-estado terminaba aparentemente con la nueva legislación petrolera; sin embargo, no ocurría así con el componente rentista, el cual seria consecuentemente apuntalado por el nuevo marco jurídico. La letra y espíritu de la nueva ley de hidrocarburos anunciaba así la liquidación del híbrido, solo las distancias políticas resolverían el cómo y el cuándo ese proceso tomaría lugar, así lo acotábamos cuando se discutía ese nuevo marco legal en materia petrolera. Aunque era previsible su liquidación, no se esperaba que ocurriera de la manera como ha ocurrido.
En los estertores, aun bajo el síndrome de captura mencionado, el reparto de la corporación y el petróleo en el interior de la empresa petrolera, se ha salido de las manos de las poleas políticas del estado; en los campos petroleros el mando y la dirección en producción y mercadeo y servicios la gobernabilidad corporativa se ha esfumado. En el corto plazo, habrá nuevos costos operativos con factura política, los de ahora, que aderecen la presión rentista de las nuevas reglas de juego.
III. Nuevas reglas, menos petróleo: la contradicción del rentismo absoluto
Las recién aprobadas reglas de juego del negocio petrolero escribían una nueva fase del modelo rentista, conformado por una empresa cuyos incentivos de racionalidad económica que caracteriza cualquier corporación industrial que se deba a un mercado serian eliminados.
Los sectores involucrados en esa lucha política que aderezaba el petróleo, partidos, sociedad civil y trabajadores petroleros, no aprendieron ni tomaron seriamente en cuenta que el cambio legislativo propuesto y que ya se había materializado con la nueva constitución, apuntaba firmemente en la dirección de la liquidación del híbrido.
El paro: una solución no óptima
De hecho, el mismo paro petrolero adoleció de una buena dosis de reflexión que diera luces en torno al mecanismo de solución del viejo conflicto entre el Estado –léase las corporaciones políticas- y PDVSA, sus trabajadores y la sociedad civil, sobre todo porque era conocido por todos los actores que la producción de petróleo, incluida la producción propia de PDVSA depende funcional y tecnológicamente de una red de empresas extranjeras, a lo que se incorporan los convenios operativos y asociaciones estratégicas que en ultima instancia definían el poco éxito del paro petrolero, dado que las empresas extranjeras tenían razones y objetivos de recuperar la producción petrolera, propia y la que en sus funciones de contratistas coadyuvan la producción propia de PDVSA.
Los derechos del rey
El apuntalamiento rentista del denominador fiscal petrolero se instala ahora sobre parámetros de costos más rígidos –regalías o los derechos del “rey” – los que a todo evento auguraban una poda masiva que ocurriría eventualmente sobre un programa de reestructuración dirigido a reducir los “costos operativos” para transformar a PDVSA en un caparazón fiscal destinado a transferir esos derechos de explotación, mas allá del propio impuesto a la renta y al capital, al Estado.
La actividad privada en el negocio petrolero seria según ese marco legal, subsidiario del mecanismo fiscal, ya que no puede imponer sus incentivos naturales por no poseer mayoría accionaria, además tiene que racionalizar el apetitio rentista con un costo de operación rígido que deja escaso margen a un país petrolero cuyos costos de producción están por encima de la línea mundial.
IV. La oportunidad la pintan calva: la captura total del petróleo
El conflicto político y su expresión petrolera aceleraría la reestructuración de PDVSA transformándola en un mecanismo netamente fiscal que acabaría al mismo tiempo con el buffer financiero que por anos se fue construyendo, la revolución destruía un conveniente coletaral financiero -que tenia impacto fiscal positivo- constituido en la capacidad financiera de una empresa que podía hacer finanzas y economías con su capital prestado.
Se vence el resorte financiero PDVSA
Ese pulmón financiero, constituido por la capacidad de generar finanzas por PDVSA ha sido eliminado, con lo cual muy pronto los pasivos de la corporación estatal pasarían al fisco, para comprometer aun más a este cuya capacidad financiera se encuentra en el limite. Es muy probable que en lo sucesivo, esos pasivos de PDVSA serian transferidos al fisco, es decir, a las finanzas del gobierno, lo que impondrá severas repercusiones financieras a la Republica, dado que en este entorno de un estado petrolero dos y dos no suman cuatro en materia de carga financiera por parte del Estado.
La economía política del petróleo inflexionaba así en medio de grandes incertidumbres políticas y legales, muchas conocidas en la apertura de 1996 y otras explotadas por el paro petrolero y la reestructuración que la llevaría a su desaparición como se le ha conocido.
V. La renta, ideología y credos: el petróleo como el maná
En esencia, la evidencia expone al modelo rentista, reforzado por la constitución y LH, y generado por regidos credos religiosos e ideológicos, muchos de ellos con origen al credo petrolero reproducido por los patriarcas petroleros de ayer, y que en cierto modo servían de justificación para la presencia de Venezuela en OPEP, lo que a todo evento ha servido de restricción política y fiscal que ha impedido su crecimiento como país petrolero.
Todos esos condicionantes fiscales operaban una estructura incentivos políticos y fiscales dirigidos a “aprovechar” las ventajas fiscales del modelo rentista -basado en precios- que ayunaba sin considerar las necesidades económicas que el país acumulaba en la superficie.
El remozamiento del modelo rentista se establece ahora sobre la base de una estructura productiva de bajo costo de producción que permita que el gobierno pueda proyectar su renta fiscal a boca de pozo, con lo cual las economías que generaba el modelo rentista del petroestado, aunque no en su potencialidad cierta, no se generarían. Venezuela, tal cual como ocurrió en el pasado en Argelia, Irán, Libia e Irak se convertía en un productor de petróleo en magnitudes menores a las que se había alcanzado bajo el esquema aperturista fraguado desde 1995.
Los incentivos del proceso de reestructuración de PDVSA llevado a cabo en los últimos meses, fiel a la ley, están en línea con el apetito rentista del Estado y gobierno, entes, que junto a las correas políticas que han capturado la industria empujan el modelo rentista hasta el límite.
La situación no deja de ser paradójica porque la mutilación de la organización industrial –híbrida respecto de la estructura de incentivos de esa organización- conduce al término del modelo rentístico, no por racionalidad del proceso evolutivo de la organización industrial estatal, sino por descapitalización del sector petrolero.
VI. La industria estatal se descapitaliza bajo el incentivo de la regalía y el precio
Los números que muestra el sector petrolero, publico y privado en estos tiempos así lo muestran: una capacidad productiva menguada en unos 500.000 barriles diarios, resultado no del paro y la crisis política en si, sino por el afán rentista del estado que violento la estructura tecnológica y productiva que sentaba una plataforma de producción alrededor de los tres millones de barriles diarios. La caída en consecuencia de las exportaciones de estos meses, refleja claramente la perdida de capacidad de producir de la industria estatal.
En los detalles la situación actual de la industria puramente estatal es precaria, dado que casi un 40% del petróleo que se produce, representa la actividad económica de la apertura en convenios y asociaciones estratégicas, la perdida de capacidad productiva corresponde con el petróleo que para sí produce PDVSA. La magnitud del proceso de descapitalización es monumental.
El Estado solo quiere la renta, y si esta se produce con menores volúmenes mejor, las economías que podría producir una industria corriente abajo tanto en el mismo sector como en el resto de la economía no- petrolera son ahora desplazadas -crawding out effect- al fisco. En el neto y en agregado el impacto petrolero en el crecimiento económico seria reducido como consecuencia de esas nuevas reglas que conforma la nueva legislación petrolera.
De acuerdo a ese modelo rentista, Venezuela debía guardar el petróleo en sus entrañas para las nuevas generaciones, muy similar al enfoque islámica sobre el petróleo. Venezuela pasa de satisfacer cerca del 10% de la demanda mundial de petróleo en 1960 a 2.5% en estos días; sin embargo, la población crecería tres veces y los pasivos financieros de los venezolanos, no podrán ser financiados con impuestos al riesgo de que el proceso de empobrecimiento continué desesperanzadamente.
VII. En el futuro cercano, la contradicción de siempre: una privatización necesaria
Sin una definición económicamente aceptable de los derechos de propiedad sobre el recurso, lo cual ni implica per se la venta pura y simple de los yacimientos, no es posible que Venezuela sea entendida como un país petrolero “normal”. Ello es pertinente porque son evidentes las ventajas comparativas por la cercanía a los grandes mercados, además tampoco existen razones ideológico-religiosas para dejar el recurso en las entrañas, como lo propone el Islam, dado que existen razones económicas poderosas para su explotación económica.
La redefinición de los derechos de propiedad en esa industria requiere una reforma constitucional y la abolición de la LH por ser estos una especie de chaqueta de fuerza, que impide el desarrollo pleno de una industria que dispone ventajas comparativas, para darle paso a una legislación moderna no restrictiva y libre de prejuicios ideológicos y rentistas que se constituyan en incentivos institucionales y políticos para crear economías corriente abajo.
En ese sentido es necesario diluir la memoria rentista fiscalista que caracteriza al ejercicio de la actividad política que exige del petróleo mayor renta fiscal, pero al costo de la descapitalización y otras economías negativas dentro de la propia industria petrolera. El empobrecimiento de vastas áreas sujetas a impacto directo de la inversión petrolera desde 1999 cuando prevaleció la estrategia de contraer la producción para inducir mayor precio y con ello mayor renta fiscal convierte en evidencia el impacto negativo que sobre la economía nacional impone la estrategia de menor producción y mayor precio.
El impacto redistributivo negativo por contracción de la demanda agregada – inversión y gasto- en el sector petrolero en el resto de la economía nacional es evidente de esta reciente historia que muestra un sector petrolero deprimido y desinvertido con caída del ingreso al lado de un fisco que al tomar la renta del petróleo crea economías negativas aguas abajo. La nueva legislación petrolera sanciona directa y definitivamente la capacidad de producir petróleo mas allá de las necesidades fiscales.
VIII. Pero no hay mal que por bien no venga y el peso de la historia
Pero como se dice popularmente, no hay mal que por bien no venga, el proceso de descapitalización en ese sector esta enterrando el modelo rentista fiscal, un proceso paradójico porque la revolución bolivariana representaba la exégesis y la histéresis del modelo rentista y que la crisis política de estos tiempos tendrá que devorar sin vomitar. Los incentivos fiscales deben ponerse de lado, si se desea que las entrañas de ésta tierra nos ayuden a solventar los grandes males generados entre toros por el modelo rentista del petroestado.
Un trade off entre precios y economía –léase volumen- requiere sacrificios de la política, disminución del Estado y reestructuración del gasto publico porque ser un país petrolero normal implicará la reducción de la participación del fisco en la renta petrolera y el establecimiento de incentivos privados y de mercado, fondos de pensión, de capitalización, que canalicen el esfuerzo de la gente en un sector donde se puede ser eficiente productivo de manera que el petróleo impacte la economía sin los prejuicios del petroestado.
Desviar la presión tributaria del petróleo al resto de la economía requiere una voluntad política no solo de parte de las organizaciones políticas sino de la sociedad civil y particularmente de las elites y la inteligencia venezolana, que deben, en primera instancia, abandonar los incentivos rentistas fundado en las últimas décadas el modelo político democrático. Esa voluntad política exige el “sacrificio” de las elites para dar el salto quántico necesario que nos envíe del subdesarrollo al desarrollo en un tiempo apreciablemente corto, pese a que se sabe media una transformación radical del basamento cultural rentista.
