Después del Revocatorio qué ?
1. Un desempeño económico catastrófico
Estos años de revolución muestran el peor desempeño económico que la memoria histórica documental pueda registrar. No era difícil, en un ejercicio de economía institucional, prever que la economía podría tener un comportamiento como el acotado; por lo recurrentemente lo habíamos adelantado desde el mismo inicio de la “revolución”.
Era previsible entonces que dado el condimento ideológico contenido en los parámetros revolucionarios anunciados durante el periodo constituyente, e independiente del voto popular, que el régimen económico, esencialmente capitalista que teníamos, aunque en estadios tempranos de una economía en desarrollo, seria bombardeado en sus cimientos.
La constitución y la ingeniería legal que le siguió consecuentemente, transitarían hacia un régimen híbrido, estatista, colectivista, cooperativista y socializante, como puntualmente lo califica el Preámbulo de la nueva constitución. El impacto negativo que la revolución produciría en el sector moderno – capitalista- de la economía seria demoledor de acuerdo al nivel de descapitalización ocurrido y que los hechos de hoy lo corroboran; el grado de descomposición y descapitalización alcanzo extremos con el masivo cierre de empresas y el exponencialmente creciente desempleo.
2. Descapitalización y destrucción de la economía de mercado
Las herramientas de ese masivo proceso expropiador lo constituyeron el debilitamiento de los derechos de propiedad, la destrucción del marco jurídico que requiere una economía de mercado para operar y la introducción de un entorno de desconfianza y riesgo que ha caracterizado la conducción del Estado; todo ello constituido en marco institucional de políticas publicas cuyo horizonte perfilaba una intervención del Estado, aun mas intensa que el “socialismo de Estado” de la «Gran Venezuela» de CAP de los setenta.
Sin embargo,a diferencia de lo que ocurría en esos años después de 1973, donde abundantes recursos fiscales permitían nacionalizaciones masivas – hidrocarburos-, controles de precios, y otras intervenciones en finanzas – condonación de deudas, créditos subsidiados- como la nacionalización del BCV e intervención directa en la economía real en sectores mineros, electromecánicos, turísticos, agropecuarios, manufactureros, etc., en esta oportunidad, aunque contando con la cuarta parte en términos de valores de producción ( unos 130 mil millones de USD, de los últimos cuarenta años, el drama fiscal de estos años aconsejaba políticas publicas de orden distinto a las aplicadas, para evitar a riesgo de restringir el crecimiento económico, tal como eventualmente ha ocurrió.
3. El problema fiscal al rojo vivo
Las dificultades fiscales por las que atraviesa el país desde hace años no serían tomadas en cuenta; la estrategia petrolera, basada en la producción por debajo de la capacidad productiva para acordar mayores precios del petróleo, creó los mecanismos de descapitalización de la propia industria petrolera pública y privada. Se privilegiaba de esa manera el ingreso fiscal petrolero pero sacrificando el efecto positivo que en condiciones normales ha tenido sobre la economía no petrolera un boom petrolero como el que se daba desde finales de 1999.
La crisis política llegaba así al sector petrolero y con ello la merma de la capacidad productiva de PDVSA, con el correspondiente shock fiscal negativo cuyo efecto se sentirá con fuerza en los próximos meses, cuando legislación y políticas públicas dibujen el colapso fiscal del ingreso petrolero, no solo por caída de la capacidad instalada sino de precios, una combinación que menores volúmenes de producción y exportación con menores precios que hace inviable cualquier factura fiscal.
4. Los indicadores del costo social de la revolución
La voracidad fiscal del gobierno, fenómeno inherente a la revolución por el compromiso político establecido tanto en normas constitucionales y leyes no financiables por el gasto público, e inducida por la pérdida de controlabilidad y por el derroche presupuestario y financiero de instituciones parafiscales para pagar la factura revolucionaria, vendría a cuenta de mayores impuestos (IDB); más inflación (55% en cuatro años) por devaluación (375%); por monetización de déficits fiscales y endeudamiento masivo al cuadruplicarse la deuda interna, convirtiendo a los bonos de deuda pública nacional en papel moneda depreciable y licuable por la inflación, provocando un servicio de esa deuda en niveles de riesgo de insolvencia fiscal que ha crecido de un 8% en 1999 a un 15% del PIB para el 2003 y 2004. Todo ello acompañado con una voluminosa salida de capitales, de unos 32 mil millones de USD, suma que se levanta como la contraparte financiera del proceso de descapitalización mencionado arriba.
Subyace a ese proceso de descapitalización la caída de la inversión neta en 45% del PIB por cierre de empresas y un crecimiento del desempleo al 23% y de la economía informal (57% de la PEA), exhibiendo nivel críticos de empobrecimiento y un malestar social que muestran todos los sectores sociales, afectando recurrentemente el ahorro, gasto e inversión de la gente.
Esos números, en cifras macroeconómicas y socioeconómicas muestran el costo de una crisis política que ha sido inherente a la revolución; es decir, el costo social y económico de un proceso político contra natura. La tarea para la reconstrucción, una vez resuelta la crisis política, vía revocatorio o elecciones, es ciclópea; requerirá de ajustes macroeconómicos severos para balancear las cuentas fiscales y financieras del Estado y hacerlo viable financiera y fiscalmente hablando, así como de las finanzas privadas, pero también y fundamentalmente de cirugías mayores constitucionales y legales si se quiere revertir la confianza perdida y la inversión privada, únicos caminos para resolver los problemas económicos heredados no solo de la revolución, sino los que la provocaron.
5. Cirugías mayores constitucionales
No todo estará hecho con la solución del fenómeno político de la crisis que se vive, será necesario legislar y reformar, podar y/o mutilar normas constitucionales para crear un marco jurídico estable, creación de mecanismos que refuercen el respeto de los derechos de propiedad, institución fundamental para los sectores de menores recursos, y sobre todo definir claramente el régimen socioeconómico de capitalismo de mercado, propiedad privada y lucro; sin que ello implique que el estado actué al mismo tiempo con una eficiente tarea redistributiva, sin olvidar, por parte del liderazgo político sobreviviente que el crecimiento económico tiene sus bases en las libertades individuales y derechos económicos.
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