¿Cuánto cuesta una cédula o un pasaporte?
1. El mercado del pasaporte: asimetrías y distorsiones
Hace unos escasos días un alto funcionario de la ONIDEX informaba que los pasaportes habían llegado, habían pasado largos meses de espera, y que serían distribuidos a las diferentes oficinas en todo el país; en esa misma fecha, la prensa recogía declaraciones de un alto funcionario del Ministro de Interior que supuestamente había declarado que aún no había pasaportes y que sería para enero, la fecha más cercana en la cual se tendrían los pasaportes. La contradicción flagrante de estos funcionarios permitió que una densa asimetría de información se apoderara del mercado de pasaportes y cedulas de identidad, lo que unido a la larga espera introducía grandes distorsiones en la demanda y solicitud de esos documentos. Esas asimetrías y distorsiones crearon, en consecuencia, todos los incentivos para que la gente se valiera para el ejercicio de sus derechos y garantías económicas de los caminos verdes o haciendo largas colas. En ambos casos, pagando elevados costos de transacción que suelen generalmente generar las deseconomías producidas por la ineficiencia del gobierno, y del Estado al intervenir e interferir la realización de libertades y derechos individuales.
2. De las libertades individuales y derechos económicos: movilidad
De los derechos humanos y garantías constitucionales que definen las libertades individuales más sentidos a todos los niveles contamos el de la libertad de desplazarse; ese en particular adquiere importancia cardinal en estas economías actuales muy globales y abiertas; en ambos casos, con cedula y pasaporte el ciudadano y agente de la economía se traslada, va y viene, el ritmo de esa dinámica afecta la economía de manera directa; si la movilidad es lenta y costosa dada la dificultad en obtener por vía normal y expedita esos documentos, los procesos económicos se pervierten, el proceso de creación de riqueza se obstruye, desmejorando la calidad de vida de la gente.
De allí que en beneficio de esa movilidad el Estado y el gobierno estarían obligados a disminuir el costo de su intervención y de la regulación de esas libertades individuales. Si ello no se realiza, la regulación e intervención desnudan el morbo de la corrupción, dado que la necesidad tiene cara’ e perro, la gente ve incrementar sus costos de transacción para hacer efectivas sus libertades y garantías constitucionales individuales. La necesidad impondrá entonces un elevado costo de transacción que puede tomar dos caminos; a saber, el de una larga, tediosa y deprimente cola, o el camino de una comisión a pagar que sustituye sin rubor el rol del Estado en la economía.
3. Un problema de escasez: las deseconomías por un gobierno intruso
Mucho de eso viene ocurriendo en estos meses de escasez de pasaportes y de engorros y perversa redistribución de los centros de cedulación. Se pagan enormes montos en dinero y largas colas por el cumplimiento de un simple acto de gobierno, el trámite de unos documentos que hace valer derechos y libertades individuales. ¿Cuánto vale o cuál es el “costo” de un pasaporte entonces?.
Puede costar mucho, solo hay que salir de paseo por las dependencias de la ONIDEX para ver lo largo de las colas, como las que se hacían en las llamadas democracias populares del socialismo científico, donde la escasez era un landmark de esos regímenes despóticos donde no existían las más elementales libertades y derechos económicos individuales.
4. Algo de racionalidad económica y menor riesgo moral
Es necesario entonces que el gobierno tome decisiones de racionalidad administrativa. Podrían por ejemplo, pedir prestado al Superintendente del SENIAT para que con la eficiencia con que dirige el programa “evasión cero” pueda hacer lo mismo con las oficinas de la ONIDEX, de manera que un trámite sencillo de cédula o pasaporte pueda ser ejecutado por los ciudadanos de manera de realizar eficientemente sus derechos económicos y otras garantías individuales y constitucionales a bajo costo por vía de una cola corta y/o de “comisión cero”.
5. Mejor privatizar ese servicio, permitiendo mercados libres
Sin embargo, podríamos resolver el juego perverso de los incentivos rentistas de funcionarios públicos, y de instituciones capturadas con fines crematísticos privados por uso indebido de la función publica. La opción racional camina por vía de la privatización, por outsourcing, de esos servicios públicos, de manera que el mercado como institución básica defina los costos de transacción que cada ciudadano debe cancelar por honorarios, el fisco se beneficiaria por la misma razón de que menores costos de transacción por la propia presencia del mercado. La privatización entonces acabaría colas y corrupción, y el ciudadano tendría la certidumbre de los documentos requeridos para el ejercicio de sus libertades económicas.
*Economista,PhD
