La botija está llena para después del Revocatorio

Una revolución que desmonta la economía de mercado
La revolución – algunos ingenuos en rol de tontos útiles piensan que esta no es una revolución de verdad – que se conduce desde la aprobación de la constitución en 1999 ha minado consistentemente el estado de derecho que en lo económico rige una economía de mercado normal al anteponérsele dos manoseados dogmas constitucionales: el llamado estado social de derecho y el control difuso de la constitucionalidad, los cuales le han imprimido incertidumbre y volatilidad al régimen económico, entre otros, porque su interpretación siempre depende del lente ideológico a través del cual se observe lo económico y lo social y las reglas del juego que lo rigen.

La yuxtaposición de lo “social “sobre lo “privado”, por conveniencia del estado social de derecho, contrapuesto a un estado de derecho limita y vulnera el ejercicio de los derechos de propiedad, con lo cual el diseño e interpretación de instrumentos jurídicos que rigen lo económico y social, resulta en un marco jurídico nulo en la defensa de los valores de una economía de mercado, porque el arbitraje supedita lo privado – derechos de propiedad – a lo social –colectivo o estatal.

Politización e ideologización del marco jurídico

Acotemos que lo social viene generalmente cubierto de un componente ideológico redistributivo que reproduce la falsa creencia de que la justicia social se asienta en la redistribución del ingreso, lo que lleva a la ilusión de combatir la pobreza con igualitarismo, al final se corre el riesgo de igualar por abajo, a nivel de la pobreza media, como en el caso cubano, desmantelando en consecuencia la estructura de incentivos natural de una economía en crecimiento.

Los preceptos constitucionales mencionados sobreponen una concurrente jurisprudencia de instrumentos legales en lo económico de un acentuado sesgo ideológico por discrecionalidad interpretativa de una porción del Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Constitucional que actúa como el oráculo ideológico de la revolución. El resultado neto de la politización e ideologización de la jurisprudencia en lo económico, es el establecimiento de un nivel de discrecionalidad que se monta sobre el conocido esquema de represión sobre los mercados y la economía, lo que a postre limita y debilita las libertades y derechos económicos del individuo.

Incertidumbre y desconfianza: desinversión y descapitalización

El resultado de esa acción legislativa por parte del TSJ y su influencia en la conformación de leyes, conlleva al desmantelamiento del régimen de mercado abierto que ordinariamente se sostiene en un estado de derecho a secas, que se caracteriza por disponer reglas estables y un sólido marco jurídico a una economía de mercado corriente, para dar paso contrariamente a un régimen (socio) económico situado en un entorno jurídico de incertidumbre en relación el ejercicio de los derechos de propiedad.

La economía de controles –precios y cambio- que rige actualmente, bajo pretextos políticos según la propia palabra del Presidente, reproducen ese entorno de debilitamiento de los derechos de propiedad que desmonta una economía de mercado. De hecho el discurso político oficial se teje sobre esos supuestos ideológicos de la revolución, el proceso legislativo tanto en la Asamblea Nacional como en el TSJ camina por esos sesgos ideológicos.

Jurisprudencia sin reglas: un Rey a discreción!!!!

Por consiguiente, el reino de un marco jurídico incierto e inestable por definición y diseño revolucionario, ha hecho que la jurisprudencia en lo económico, por combinación de los dogmas mencionados, contenida tanto en la legislación ordinaria y en sentencias e interpretaciones del TSJ, ha transferido por compromiso ideológico, al ejecutivo un poder discrecional sobre los asuntos de la economía, entendida esta como actividad privada -de la gente, no solo respecto de la implementación de políticas publicas, sino al tenor del discurso político oficial que define tumultuariamente los mecanismos de redistribución.

Es de notar, que la opinión publica toma al discurso oficial como una polea de transmisión política que conduce hacia un incestuoso régimen económico donde el capital y la actividad económica privada es convocado por el gobierno-estado para actuar en subsidiariedad no solo en lo institucional, por definición de las reglas de juego, por represión de los mercados y debilitamiento de los derechos de propiedad, sino hasta de los mecanismos de financiamiento de una clientela económica obligada a fundirse en la nomenklatura, reproduciendo los vicios financieros conocidos cuando el estado actúa como intermediario financiero transfiriendo fondos a los sectores económicos “políticamente estratégicos” favorecidos .

Crisis política: el alimento de la discrecionalidad en una economía de controles

La discrecionalidad en lo económico ejercida por parte del ejecutivo, por renuncia del cuerpo legislativo a generar un marco jurídico de confianza, creíble y estable ha estado montado sobre una crisis política, – producto del proceso revolucionario- continua y que hoy le sirve de sustento y estimulo, que ha reprimido los mercados.

Los controles de precios, del mercado cambiario y de los esquemas de invasiva intervención en la economía, leyes y decretos unidos a los controles establecidos en una dependencia fiscal y sin control de esquemas redistributivos –misiones, créditos blandos, etc., programas de asistencia social ad hoc.- han provocado un intensa contracción de la actividad privada, fenómeno que ha coincidido paradójicamente al inmenso volumen de fondos que por impuestos, dividendos y regalía petrolera, además del financiamiento inflacionario por parte del BCV, recibe el gobierno, colocándolo en posición de dominio sobre el inversionista común, el estado se ha convertido en el mayor deudor de la economía, al mismo tiempo que depositario de amplios volúmenes de ahorro privado.

Controles y pérdida de las libertades económicas:

Los controles de precios y de cambio son la trombosis de la actividad privada que impide el crecimiento, mientras la voluminosa deuda pública y financiamiento monetario por el BCV junto a los elevados ingresos petroleros que llenan la botija del gobierno, crean un complejo escenario político en cara al referéndum revocatorio.

Es importante destacar que la administración de una vasta porción de esos fondos públicos –los que genera el crecimiento de la deuda publica y el financiamiento monetario por parte del Banco Central de Venezuela que ha visto derrumbar su independencia por exigencia del ejecutivo para el financiamiento de programas de gasto – en los hechos desarrolla el conocido fenómeno del desplazamiento, en virtud que desplaza fondos y finanzas de origen privado –ahorro- enajenándolo de una inversión “reproductiva” para dirigirlos hacia el gobierno en la adquisición de bonos públicos, por devaluación e inflación, para ser eventualmente gastados al ritmo del despilfarro, corrupción y derroche, esquemas estos supletorios del gasto fiscal que poseen escaso poder multiplicativo de la actividad económica privada.

El síndrome de la botija llena

Una frase muy celebre del ex presidente Lusinchi describe la acumulación de fondos públicos y de amplios volúmenes de reservas internacionales dado el torniquete cambiario, los que en un entorno de débil controlabilidad por omisión y comisión de ausencia del poder contralor desmontan la estructura de incentivos políticos que subyace al revocatorio presidencial.

El síndrome de pérdida del poder incorpora el conocido fenómeno de raspado de olla, que exacerba el gasto público sin control por organismos paraestatales sin que este impacte positivamente a la economía, dominada esta por el síndrome de debilidad dado el incierto marco jurídico imperante.

La elección de un nuevo gobierno debe reconsiderar el fenómeno de la botija llena la cual reproduce un conocido síndrome, un mal expediente para hacer lo que es debido en lo económico de manera que permita un crecimiento económico sentado en bases ciertas generadas por la actividad económica – gasto e inversión- racional de la gente de manera que en el mediano plazo se espante, por los siglos, una potencial vuelta al pasado reciente.

En otras palabras, el gobierno que resulte de la revocatoria del mandato presidencial debe sin complejos eliminar los mecanismos que perpetúan una estructura de incentivos que conforma una economía improductiva que solo tiene animo para vivir de la renta del estado, a sabiendas de que no es suficiente y que por el contrario desarrolla incentivos de discrecionalidad, incontrolabilidad, opacidad, y sin balances que impide que la acción publica estimule la economía de la gente, única actividad humana capaz de resolver los mas ingentes necesidades que enfrente el ciudadano, empleo, salud, educación y prosperidad material.