El presupuesto 2007 (II)
Desde el punto de vista político, el Gobierno ha diseñado un proyecto de presupuesto enmarcado dentro de lo que ha catalogado como socialismo del siglo XXI, que en realidad no es otra cosa que la ampliación sin precedentes del papel de Estado en la economía y la sociedad venezolana. Ese experimento está saliendo caro a los venezolanos y lo será más todavía si no se detiene lo más pronto posible.
Valga decir que el presupuesto de ingresos y gastos ha sido el instrumento fundamental de la política económica de Venezuela, toda vez que el define tres variables básicas: el ingreso, el gasto y el financiamiento. Sin embargo, la administración de las políticas públicas en Venezuela está tropezando con una situación absolutamente irregular debido a la existencia de presupuestos paralelos que se manejan al margen de la ley de prepuesto, situación que aparte de crear un problema para la gestión de la política fiscal hacen suponer falta de transparencia en la ejecución del gasto público. Pero más allá de estos hechos, el proyecto de Ley de Presupuesto de 2007, permite tener una visión del probable estado de la economía durante ese año, salvo que se produzca un cambio político en Venezuela el 3 de diciembre.
Todo indica que al concluir 2006, la economía cerrará con una situación donde se incumplirá tanto la meta de crecimiento del PIB como la de inflación, en un caso por subestimación y en otro por sobrestimación, y el gasto público ejecutado resultará muy superior al acordado, según se desprende del cuadro 1.
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El gasto público efectivamente ejecutado excede en casi 40% al monto originalmente previsto en el presupuesto, ello sin considerar las erogaciones realizadas por el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y por el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fondespa) cuyos montos se desconocen debido a que el Ministerio de Finanzas no suministra información. Por tanto se ignora el gasto total que se ejecuta en Venezuela. Esto implica que la economía venezolana se ha situado en un nivel de erogaciones que difícilmente se pueda financiar con los recursos ordinarios provenientes del ingreso petrolero y de la tributación interna, entre otras razones por su naturaleza irreversible al consistir fundamentalmente en trasferencias y el financiamiento del ámbito estatal de la economía, el cual en muchas ocasiones se disfraza de economía popular.
Desde el punto de vista de las premisas del presupuesto de 2007, se considera un crecimiento del PIB de 5%, el cual luce conservador al igual que la tasa de inflación que se situaría en 12%. El comportamiento de la tasa de inflación y las presiones alcistas de precios acumuladas sugieren que muy probablemente la inflación seguirá en 2007 el curso ascendente que ha exhibido a la largo de 2006. Es fundamental considerar dos postulados adicionales. En primer lugar, el supuesto de que el precio del petróleo venezolano estará en US$/b 29 y en segundo término de que no habrá devaluación del tipo de cambio. Con relación al primero, es una práctica detestable la de subestimar marcadamente el precio del petróleo para que al recibirse más ingresos que los estimados se pueda realizar un gasto discrecional, como el ejecutado durante 2005 y 2006. En lo relativo al tipo de cambio, desde el punto de vista de la disponibilidad de reservas internacionales el Gobierno tiene como sostener esa paridad, pero a un elevado costo que puede restringir las posibilidades de crecimiento futuro de la economía y la sostenibilidad de la balanza de pagos. Efectivamente, la creciente sobrevaluación del bolívar en conjunción con el déficit fiscal está creando fuertes incentivos para que se produzca un ajuste del tipo de cambio, más aún en el caso de que el precio del petróleo registre un descenso. A ello hay que agregar, la desalineación de entre el tipo de cambio oficial de Bs/US$. 2.150 y la cotización del mercado paralelo la cual se ha ubicado recientemente en aproximadamente Bs/US$ 3.000. Por ello mientras más se demore la corrección del tipo de cambio oficial, más fuerte será la devaluación del futuro y más perniciosos sus efectos.
En el presupuesto de 2007 se calcula que la composición de los ingresos fiscales estará dominada por el peso de las aportaciones no petroleras, las que se espera representen 55% del total, lo que dejaría atrás el 45% de los ingresos de origen petrolero, con lo cual se ratifica que Venezuela dejó de ser una economía donde no se pagaba impuestos. De hecho, casi 50% de los ingresos internos provendrá de la recaudación de un solo tributo: el IVA, lo que da cuenta del sesgo regresivo de la política impositiva en Venezuela.
Tanto en 2006 como en 2007 se anticipa que las cuentas fiscales cierren con sendos déficits como resultado de un aumento vertiginoso del gasto que no se ha podido financiar con ingresos ordinarios, lo que se ha expresado en el uso de los fondos del tesoro acumulados y en nueva deuda a ser contratada en 2007. Estos déficits en un contexto de elevados precios del petróleo sugieren que las finanzas públicas de Venezuela se han tornado más vulnerables y frágiles y que en el evento de que los precios del crudo registren una tendencia a la baja se evidenciará la fragilidad de la situación económica de Venezuela, lo que propiciará que el Gobierno recurra a la devaluación del tipo como un instrumento para arbitrar recursos y con ello cerrar la brecha fiscal.
Por su parte, los gastos se estructuran para favorecer la instalación y consolidación en Venezuela de una maquinaria estatal que está devorando los ingresos públicos y cuyo financiamiento le está pesando significativamente al presupuesto. Ello se ha traducido en un proceso de endeudamiento en años previos que actualmente están imponiendo una carga al fisco que se expresa en el hecho de que el servicio de la deuda estimada para 2007 es el tercer renglón de gasto después del dedicado al Ministerio de Interior y Justicia y al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, como se evidencia en el cuadro 2.
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El monto destinado al servicio de la deuda pudiese incrementarse en el caso de que se produzca un aumento de la tasa de interés. El Gobierno nacional se ha venido beneficiando de niveles de tasas de interés nominales extraordinariamente bajas que al ajustarse por la inflación han dado como resultado remuneraciones reales negativos para el ahorro que se traducen en una confiscación del patrimonio de quienes mantienen sus haberes en moneda nacional en el sistema bancario. Por esta razón, el BCV ha mantenido el tono expansivo de las medidas monetarias que ha adoptado con el objeto de facilitar el financiamiento del Gobierno y aliviar el costo de su endeudamiento, al costo de propiciar una transferencia masiva de recursos desde los ahorristas hacia el Gobierno y al propio ente emisor.