Economía

De una caja negra a un ataúd negro

La nueva legislación y la muerte de PDVSA

¿Por qué el Estado tiene que ser dueño de empresas petrolera, productoras, refinerías, etc., si su relación fiscal con el petróleo es de naturaleza rentista? Esta interrogante, aunque  no desde el natural punto de vista de una economía de mercado abierta, la responde de una manera simple la nueva ley de hidrocarburos. Después de la estatización, es decir, de la reversión de las concesiones y de la creación de PDVSA, la politica contaría con inmensos recursos para financiar las distorsiones rentitas de la economía nacional, el derroche, la corrupción, y la ineficiente predistribución de la renta, algo por cierto muy simétrico a lo que ocurre hoy como lo más resaltante del modelo rentista absolutista que rige al petróleo.

En el espíritu y letra de la nueva legislación de hidrocarburos,  el Estado, el gobierno en  sus funciones fiscales tendrá solo interés en la renta que proviene a través de los derechos de explotación o regalías. Ello se establece claro y explícito, y por la naturaleza y forma como se han definido los derechos de propiedad durante el proceso de apertura de la década pasada expresada en convenios operativos y asociaciones estratégicas, y que sobreviven a duras penas en precario marco jurídico.

La regalía, aparte de la que paga la operadora estatal, PDVSA, empresa relegada por la ley a un apéndice administrativo de naturaleza fiscal, similar a sus pares en los países islámicos de la OPEP, también la pagan terceros –empresas privadas en convenios y asociaciones- cuya relación con el fisco será fiscal cuando se conviertan a empresas mixtas. El nivel de esos derechos explica entonces ese fenómeno por si solo, y en términos institucionales, inscribe la estructura de incentivos que envía la renta directamente desde la boca del pozo al fisco, en moneda o en especies. En ese cuadro institucional, no hay espacio para una operadora tipo la PDVSA  que nació con la conversión en 1976,

PDVSA es de todos….…….los que estén mas cerca, políticamente hablando.

Ese nivel de regalías establecido de un 30% define claramente el spread de costos operativos permitidos por el Estado para realizar sus incentivos de maximizar la renta petrolera; en otras palabras, los costos para extraer el petróleo, para enviarlo a los mercados en sus dos formas predominantes, crudos y productos no podrán afectar la renta fiscal que el Rey, es decir, el Estado, a través del gobierno, etc., desea y dispone por adelantado en su patrón de gastos.

Así, si el gobierno es gastivo, la presión rentista aumenta, obligando a la operadora a reducir su gasto de inversión, entre otros, para que su dueño tenga el ingreso deseado por la politica. Lo ocurrido en estos tres anos de elevados precios y la des-inversión que se observa en la industria petrolera estatal, es una muestra clara de la naturaleza depredadora del Estado revolucionario cuyo volumen de gasto –presupuestario y para-presupuestario, se justifica con mas razones ideológicas que racionalidad socioeconómica. 
Esa estructura de incentivos rentistas hace que la politica se exprese como un crudo proceso de captura de instituciones dirigido a la captura de la renta petrolera, al acceso de los mecanismo de predistribución de la renta petrolera, bien por vía presupuestaria o para-presupuestaria, siendo que los mecanismos naturales de arbitraje, es decir, el mercado han sido desmontados, los intereses corporativos de políticos, militares, empresarios y toda suerte de coaliciones redistributivas se conviertan en simples rent-seekers –buscadores de renta.

El viejo modelo estatista: cooperación entre buscadores de renta.

La estatificación del petróleo generó el gran pastel  para el gran reparto de renta, de ese reparto queda poca cosa, acepto que los grupos de poder, corporaciones económicas, políticas y militares, que capturaron las instituciones, el reparto de la renta fue brutal, el estado compro de todo, los políticos estaban felices administrando una súbita riqueza, a los pocos anos, solo quedaba una vasta ruina, lo cual era lógico, después de todo, el win fall  de la renta petrolera se agoto con velocidad, la renta no era de nadie, como en la tragedia de los comunes, como en el síndrome de la abundancia, o como recurso maldito, este lodo de hoy son esos polvos de ayer.

En la anterior legislación, estas decisiones constituían una negociación entre el gobierno y los operadores –PDVSA- siempre sobre acuerdos opacos y escasamente transparente, -por carecerse de arbitraje de mercado-, con un desenlace fiscal que se hacia acompañar con la devaluación del bolívar, lo cual agregaba los intereses de las corporaciones y grupos de interés que habían capturado el gobierno y la operadora.

Ambos entes, el fisco y PDVSA,  estarían interesados en devaluar la moneda porque como el ingreso fiscal tiene origen externo –es pagado con divisas- la devaluación le generaba utilidades e ingreso fiscal adicional tanto a PDVSA como al fisco. En otras palabras, para que el reparto del costo de la renta corriera aguas abajo y fuese financiado con la caída del ingreso real de la gente, terminando el hombre de a pie el pagador de las ineficiencias de un esquema rentista estatista. En este modelo rentista con operadora, aparentemente opuesto al modelo actual, pero estatista, como el actual, la renta se compartía entre el Estado y los otros grupos de intereses que administran o contratan con la operadora.

Asociarse y contratar con la operadora –PDVSA- o administrar el negocio petrolero como ocurría antes del cambio en la legislación que terminó acabando con PDVSA, no implica per se nada vicioso; sin embargo, la carencia mecanismos de arbitraje –léase mercado- por la manera poco eficiente como se definen los derechos de propiedad en esos acuerdos con el Estado petrolero, vía operadora, crea condiciones para la reproducción de grupos de interés, corporaciones políticas y mercantiles, dentro y fuera de la operadora, PDVSA, para facilitar los mecanismos de captura de renta.

Sin embargo, hay un aspecto importante del “viejo” modelo rentista, que prevaleció hasta el 2000, era la transparencia con que la operadora actuaba tanto en la actividad petrolera como en su finazas, visto el hecho de que PDVSA ofrecía bonos corporativos en el mercado internacional, por lo que las autoridades competentes requerían de los estados financieros y balances de la empresa. Estos estaban disponibles para ser analizados por los dolientes de PDVSA, sus “dueños” como en la Tragedia de los Comunes.

Por el contrario el nuevo modelo de rentismo absoluto, esta posibilidad de conocer  estados financieros, no esta signada por la voluntad politica del gobierno, quien es quien rige directamente los asuntos económicos y fiscales de PDVSA.

El nuevo modelo rentista: socialismo petrolero, toda la renta al Rey -estado

Ciertamente mucho de ello, ocurrió con la industria petrolera estatal desde la creación de PDVSA en 1975; fenómeno que se reproduce aun con mayor perversidad en el actual modelo rentista –absolutista- que requirió la abolición de los mecanismos de arbitraje del mercado llevando el proceso de toma de decisiones a las ultimas instancias del poder ejecutivo, Presidencia de la Republica, Ministro de Energía y Gabinete Ejecutivo, obviando sistemáticamente los contrapesos del poder legislativo y otros poderes públicos, cuya actividad burocrática y administrativa sustituye los mas eficientes mecanismos de mercado.

Ese entorno de decisiones, de notoria debilidad jurídica por naturaleza, facilita la acción de lobbies y grupos de intereses que pueden actuar sin limitaciones distintas a las malas costumbres de altos funcionarios públicos cuya acción publica no posee reglas creándose el típico caldo de cultivo para la corrupción, a cuyos efectos negativos per se, se agregan las consecuencias por toma de decisiones preñadas de interés político.

En tal sentido es evidente que los escenarios para la “lucha politica” y la manera como ella se realice no tienen barreras institucionales cuyo desenvolvimiento afectaría considerablemente la productividad y eficiencia de la actividad petrolera en los campos, refinerías etc., por lo que el reparto rentista  podría saltar las barreras naturales del negocio petrolero, para convertirse en una rapiña por la toma violenta de la renta petrolera, afectando el mercado político, restándole los mecanismos de controlabilidad institucional que puede sembrar la violencia politica en el propio negocio petrolero.

Este modelo rentista, digamos, absolutista, revolucionario que hizo de PDVSA una empresa de “todos” (….los que estuvieran mas cerca de ella), no esta en condiciones de compartir la renta del petróleo, como en el viejo rentismo, en estas circunstancias, el Estado por vía de quienes lo capturen, lo quieren todo, y así lo disponen, de acuerdo a la norma constitucional, la ley, los acuerdos políticos, y los contratos que el gobierno tenga que relacionar con agentes privados nacionales e internacionales.

Del modelo islámico

La emergencia del actual modelo rentista que funda la relación entre el petróleo y el fisco (y la politica) guarda impresionantes simetrías al modelo rentista petrolero de naciones islámica por su natural arraigo religioso, en estados no laicos como se entiende en nuestro medio cristiano. Reglas muy precisas en las interpretaciones modernas del Coran en la mayoría de naciones islámicas, particularmente los más influyentes, Irán, Pakistán y Arabia Saudita, definen restricciones a la explotación de recursos naturales, el petróleo por ejemplo, por la no aceptación de la tasa de interés (tasa de descuento) y a la llamada economía del derroche, no producir mas allá de las necesidades de las actuales generaciones, con lo cual se desechan los parámetros racionales que definen si el petróleo se queda abajo en el subsuelo o si por el contrario se le agrega valor en el mercado.

Ambas reglas solicitan que los recursos naturales, bienes entregados por Dios al hombre, deberían conservarse para las próximas generaciones, tema por cierto de mucho interés en Venezuela, dado la fe que muchos aun depositan en la conservación del petróleo y que durante décadas se constituyo en el credo petrolero nacional hasta la llegada del Gran Viraje. De hecho, sectores mas radicales del Islam, suelen llamarlo consumo derrochador (los marxistas lo llaman consumo superfluo). De allí que esos respetables principios religiosos, no permitan lo que ellos llaman producción derrochadora que demuestra –según el islam- un mal uso de las fuentes de producción entre ellas el capital. La politica de precios y la coincidencia de estos postulados religiosos con el proceso de formación de precios en oligopolio son casuísticos, en todo caso el proceso de formación de precios en oligopolio expresa la racionalidad de la norma religiosa.

Finalmente, en relación al estado y a la propiedad privada, aunque el Islam no niega la propiedad privada, exige responsabilidad al estado de supervisar y de controlar la economía regulando el incentivo que deviene de la propiedad privada: el lucro, siendo este ciertamente un valor fundamental en la evolución del cristianismo y del capitalismo en los últimos siglos, pero que no pudo ser desmontado por los pensadores islámicos posterior a las cruzadas.

En el mundo académico, inclusive en autores islámicos reconocidos, estos aspectos del Islam –descritos arriba, son de alguna manera la raíz de esa secular tendencia a la no evolución económica, al atraso económico considerando su relación con el progreso capitalista del mundo cristiano. Un ejemplo lo constituye, la caída del imperio otomano, es decir su incapacidad de sostenerse, lo cual al parecer se debió, entre otros, a este particular fenómeno asentado en normas religiosas.

Las nuevas reglas

Consistente con la norma constitucional sobre la propiedad del subsuelo por parte del Estado, aunque no difiere en mucho de otros ordenamientos constitucionales anteriores, logra una consideración ideológica, las razones por las cuales el Estado es el dueño adquieren una especie de credo constitucional en un entorno más o menos laico como el nuestro. Donde sin embargo, el sentido laico del Estado se desdibuja dado el subyacente ideológico que funda el régimen económico en la constitución –el socialismo, montado sobre el dogma constitucional del estado social de derecho que deslegitima la propiedad privada en beneficio de lo publico o interés social, sin que este ultimo sea definido libremente sino por acción del Estado, ahora juez y parte.

De hecho la discusión de la nueva legislación que sustituiría el parche de retazos de legislaciones de hidrocarburos anteriores no se difundió en razón de las características absolutistas que se montaban sobre los mecanismos de captura de renta. La inteligentzia y las elites venezolanas no divisaron lo importante en la nueva legislación, y aun no se comprende en su contenido lo que pudiéramos llamar, la nueva economía politica del petróleo y del mana de Dios, la renta del petróleo.

 La comprensión de esa conversión ideológica del Estado petrolero, ayuda a explicar los mecanismos puestos en marcha para operar, comercializar, y administrar la industria petrolera estatal posterior al paro cuando se produjo la captura física de las instalaciones petroleras. Pero también, una nueva relación con empresas extranjeras privadas que operan u operaran en la industria petrolera estatal, se teje sobre el sentido que hoy el Estado le da a la renta del petróleo. Contratos, y otros arreglos institucionales entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras, serán reestructurados con el incentivo estatal en mano de imponer el derecho de la soberanía sobre  la explotación del petróleo.

Por ello la ley de hidrocarburos no considera explícitamente los mecanismos institucionales que definieron la asociación estratégica entre PDVSA y empresas petroleras privadas en el proceso de apertura de los noventa. En la agenda de esas empresas internacionales asociadas en convenios operativos y en la Faja del Orinoco se encuentra la propuesta del gobierno para convertirse en empresas mixtas con minoría en la estructura de capital.

Una empresa no auditable ni controlable en lo económico ni en lo fiscal.

En ese sentido hay que destacar que el modelo rentista actual no permite el conocimiento, por parte de los dolientes primarios de la renta, el soberano, del estado económicos y financieros de PDVSA. EN los hechos, PDVSA se retiro de los mercados internacionales ante su negativa reiterada de presentar balances y estados financieros ante las autoridades de las respectivas comisiones de valores –SEC- donde esta obligada por haber sido emisora de documentos de deuda colocados en los mercados abiertos y en oferta publica para alcanzar apalancamiento financiero necesario para sostener financieramente la operatividad de la empresa. La negativa  del gobierno de hacer visible en los mercados la situación de la empresa le ha restado los mecanismos financieros que toda empresa desea tener en los mercados.

En el plano nacional, la posibilidad de disponer indicadores sobre la gestión económica y financiera de PDVSA es mas que imposible, inclusive el PODE, documentación estadística que contenía desde la información primaria a boca de pozo de la actividad económica de la empresa ha dejado de publicarse desde el ano 2002. Por estas razones, es imposible ejercer la legalidad controladora, por parte del poder moral, y muchos menos por el gran publico, o del hombre de a pie, porque no se dispone de la data requerida hasta para lo elemental conocimiento para insumo de estudiantes e investigadores en el mundo académico.

Lo anterior es consistente con el hecho de que PDVSA no es la empresa petrolera que se conoció por dos décadas. De allí las dudas por parte de la gente, inversionistas y los propios mercados sobre los actuales niveles de producción, de capacidad instalada y potencial de producción, así como la relación financiera y monetaria que PDVSA tiene con el Banco Central de Venezuela y el propio SENIAT.

PDVSA muere, el mecanismo rentista no la necesita, es costosa.

En la nueva legislación petrolera no cabe empresa estatal, al menos como se le conoció en el periodo del petro-estado, después de todo, en letra y espíritu PDVSA es historia de una relación hibrida entre el subsuelo y el Estado, de un reparto rentista entre la corporación y sus asociados con su dueño, el Estado; mas exactamente, entre la renta del petróleo y quienes capturen el estado; es precisamente lo que ocurrió desde 1976 cuando se creo a PDVSA hasta la fecha de la nueva legislación.

La toma de la industria estatal por parte del gobierno – léase el fisco – se da anecdóticamente, en el marco de una crisis politica, generada por el apetito rentista de los grupos que habían capturado el estado y las aptitudes aun rentistas del “petroestado” que caracterizo la evolución de PDVSA desde la nacionalización o reversión al Estado de la industria petrolera, fenómeno este que se convertiría con el tiempo, en unos de los mas importantes “errores colectivos” que hallamos cometido en nuestra corta historia.

Matemáticas fiscales

Las matemáticas fiscales del nuevo modelo rentista, exponen que toda la renta es para el Estado, y esto no es una manera simple de comprender el incentivo rentista, no puede haber mecanismos o economías con incentivos privados o propios, que puedan afectar los volúmenes de renta que el Estado exige como derechos, ello explica el nivel alcanzado por la regalía, que deja poco espacio para el desarrollo de operadoras publicas, excepto aquellas que se crean para garantizar los mecanismos de captura fiscal de la renta petrolera, similar a las instituciones petroleras estatales que caracterizan a las naciones islámicas del medio oriente. De hecho la vieja PDVSA era una operadora cuyo costo se incrementaba con el tiempo, en relación al volumen de renta que transfería al Estado. El reto tecnológico -curiosamente, porque el mecanismo de arbitraje natural, el mercado no existe- consiste en producir la mayor renta con el menor costo, todo aquello que sea superfluo o derroche debe desaparecer.

Ganancias y pérdidas con las multinacionales

Por supuesto que ese esquema provoca la pregunta de quien entonces produciría, refinaría, y comercializaría el petróleo. La respuesta muy sencilla: las transnacionales; solo ellas con costos aun menores, sin el natural costo que imponen los buscadores de renta en el caso del hibrido PDVSA, se encargarían en el futuro cercano a operar para el Estado, para el Rey, y procurar que los mecanismos de producción y transferencia sean menos costosos, claro ello solo podría ocurrir en escenarios de precios elevados, si estos caen, ese modelo rentista tiende al colapso, dando paso a una crisis fiscal de pronósticos.

Como es visible de esta relación, hoy, la sobre vivencia del Estado, el gasto publico  y la politica, dependen mas de la renta petrolera, que como lo pautaba el modelo rentista anterior, y ello ocurre, pese a que la retórica del discurso revolucionario que aseguraba que los cambios en la politica petrolera traería la diversificación de la economía, para que el fisco no descansara en la renta petrolera solamente; pues no, consecuencias no intencionadas dicen hoy otra cosa, el fisco, mas allá de los fondos –dinero inflacionario- que le transfiere el Banco Central en utilidades cambiarias y el crecimiento de la deuda  publica, depende casi exclusivamente de la renta petrolera.

La dependencia fiscal del petróleo se nutre de un gasto público que ha crecido al ritmo de los precios petroleros, y cuya recurrencia fiscal tendría problemas de financiamiento cuando los precios del petróleo encuentren su nuevo punto de equilibrio, muy por debajo de los precios actuales. Era evidente y así se observa regularmente en otros sectores económicos limitados en sus derechos de propiedad  que e discurso político que antecedió a la revolución no fue sincero, la agenda era otra, la evolución institucional de estos anos lo devela claramente.

La democracia bucólica venezolana de estas décadas no se percato de la emboscada ideológica que se escondía en la agenda encubierta del “proceso”, casi todos creían que todo no era sino mas de lo mismo. La economía no petrolera quedar así sobreexpuesta  ante una caída del ingreso petrolero por la escasa maniobra de ajuste fiscal que deuda el gobierno   tomar para ajustar el gasto a unos precios del petróleo suficientemente menores a los actuales.  Un ajuste fiscal puede dar origen a un intenso malestar social, dado que los mecanismos redistributivos a los cuales el gobierno se ha entregado, no podrían ser desmantelados de inmediato, con lo cual los impuestos indirectos, IVA, y otros quedarían como los sustitutos del ingreso petrolero caído en esa eventualidad, la contracción económica seria aun más severa por contracción del ingreso disponible y por presión inflacionaria. Es decir, lo mismo de épocas anteriores, pero con los peligros que trae el hecho de que las instituciones que definen lo público y lo privado se han debilitado en extremo.

Sin contrapesos: la politica se come la gallina, se acabaran los huevos

El estado tiene la esperanza que con el 51:49 logre crear suficientes incentivos económicos para asociarse con empresas privadas preferiblemente extranjeras. A los actuales precios ello podría no tener mayores problemas, pero con precios del commodity menor, los incentivos quizá no sean suficientes. Además hay que sumar los costos por la perdida de reputación, credibilidad y confianza en Venezuela como productor de petróleo; ello se podría remediar si el fisco paga una prima para asegurar contra confianza y otros ruidos, claro su la prima sube, la renta cae, la politica debe buscar el punto intermedio, no será fácil.

Por otro lado, las mismas deseconomías que produce ese modelo rentista, y ya tenemos ciertamente consideraciones negativas en su corta evolución, exigirán que la legislación de petróleo se reforme para dar mas espacio  accionario a los asociados con el Estado en la industria petrolera. De hecho el síndrome de comerse la gallina junto a los huevos, podría hacer que la renta caiga no porque los precios se reduzcan, sino porque las ineficiencias propias de un estado administrador, agote las economías tanto en la productividad como en la administración de la industria. En otras palabras, el capital y la tecnología de las operadoras o concesionarias internacionales que entren en el negocio  no serian tan baratas, como lo desea el Estado rentista.

Al ritmo como se desenvuelven los hechos en la industria petrolera estatal, se apodera el temor del gobierno de que la renta pueda disminuir considerablemente por missmanagment, y por supuesto por caída de la inversión, es decir, por descapitalización de la infraestructura petrolera estatal. Ello podría replantear la participación privada extranjera en la industria pero ahora en condiciones mejores para los socios privados, producir la renta en cualquier caso es un proceso costoso, y si eliminan los mecanismos de arbitraje vía mercado, el costo de oportunidad seria infinitamente mayor. Ese es un desarrollo que estaremos viendo en el mediano plazo.

Este escenario no estalla lejano, dada la aparente realidad de que la capacidad instalada de producción apenas alcanza los 2.65 millones de b/d, lo que aunado a una potencial caída de los precios en el Golfo por ajuste en el crecimiento económico en las economías de China e India y que afectaría el precio en los mercados internacionales,  podría hacer mas costoso y fiscalmente menos rendidora la renta del petróleo, sobre todo porque el gasto exacerbado en estos anos de altos precios trae su propia lógica recurrente fiscal que hace difícil el ajuste sin que el cuero no rebote.

Un outlook incierto

El despido -ejecutado el suicidio colectivo del provocado paro – de miles de empleados contó con el alza del precio que “abarató” el costo político por  la captura de las instalaciones petroleras; el control de cambio sirvió de palanca que hizo posible lo impensable: despedir las tres cuartas partes de la nomina de PDVSA, independiente de  que la recuperación de que la producción  a niveles preparo no se lograse en el inmediato plazo. La vuelta a la “normalidad” ocurre, sin embargo, rápidamente dado el hecho que la operatividad de PDVSA aguas abajo –además de convenios operativos y asociaciones estratégicas- la comparten empresas contratistas extranjeras y nacionales –el outsourcing out de los noventa-  que no se sumaron al paro por razones obvias.

Paralelo a ello, el alza constante en los precios pudo compensar con creces las matemáticas fiscales que emergían de una menor producción y exportación de petróleo, cuyos niveles de producción, incluidos convenios y asociaciones, promedia en este ultimo ano unos 2.5 millones. Aunque el ajuste hacia abajo en los niveles de producción no afecto negativamente el ingreso fiscal, en términos económicos la caída de la producción refleja un hecho grave por perdida de capacidad de producción de petróleo que promediaba unos 3.2 millones de barriles por día hacia finales de la década de los noventa. Impacto negativo de la des-inversión en estos anos de precios altos, y un serio missmanagment de la industria petrolera estatal, comparten las razones por la contracción de la capacidad de producción. Ambos fenómenos en combinación para garantizar mayor ingreso fiscal, un comportamiento desmesuradamente miope por parte del Estado/gobierno, aunque consistente con el nuevo modelo rentista que impuso la nueva legislación petrolera y que describimos en párrafos anteriores.

Por ello es fácil explicar esta historia de la mentira y la verdad, los niveles de exportación/producción no son consistentes con el nivel en reservas internacionales, quizás no falte ni un dólar, lo mas grave es la caída de capacidad de producción que traerá fuerte impacto en la medida que desciendan los precios, la preocupación del gobierno derrochador es evidente, pese a ser un gobierno poco transparente y nada accountable. 
Reservas internacionales en manos del BCV o del Fisco: un debate inutil
A menudo la discusión de los temas económicos por los medios no se asienta generalmente sobre lo importante sino lo que al momento tiene mercado mediático. Ello ocurre ahora con el tema de las reservas internacionales y la relación entre el fisco y el BCV, ambos hijos, el fisco legítimo, y el BCV putativo del Estado. Se dice que PDVSA no ha vendido la totalidad de los dólares de la exportación petrolera al BCV, de hecho la matemática, aunque no siempre la economía, dice que la discrepancia acumula unos 6 mil millones de dólares, asumiendo como un hecho, hasta ahora no demostrado que la exportación –producción- de PDVSA  supera los tres millones de b/d, no es difícil entonces sumar y restar y así conocer que hay una “faltante” de reservas en el BCV; en otras palabras hay una faltante también de bolívares en la liquidez monetaria (léase base monetaria) porque si faltan dólares faltan también bolívares, algo de perogrullo por la manera como se genera liquidez monetaria de alta potencia. Por ese camino, podríamos estar mas cerca de la verdad, contar los bolívares y no los dólares o divisas porque estos se pueden colocar en banca internacional y así no podremos saber si están o no están en el fondo especial o en el rotatorio de PDVSA en los merados internacionales, porque si el gobierno no lo dice, nunca lo sabremos. Pero si contamos los bolívares, entonces no será fácil conocer la verdad. 

Lo importante: la caída en la capacidad de producción de PDVSA

Para el gobierno no ha sido fácil demostrar que no hay faltante, y ello por que se cree su propio argumento, ala fecha poco creíble, en otras palabras no se pueden sostener dos mentiras cuando una tapa a la otra. Si el BCV permitió un fondo a PDVSA, además del rotatorio, para colocar unos dólares que para ser gastados dentro del país en misiones, u otras formas redistributivas del ingreso fiscal, estos al ser girados por  BANDES o por la propia PDVSA, como gasto para-presupuestario, deben ser previamente vendidos, las divisas, al BCV, para que los olivares a cambio sean entonces gastados para calmar la sed de la clientela politica. 
El árbol nos tapa el bosque, donde debe ir realmente el debate de las reservas internacionales es a la posibilidad real perdida de capacidad de producción de PDVSA, lo cual nos afecta por demás en las actuales circunstancias de mayor demanda por petrolero en el mercado mundial. Y a ello es más fácil llegar. PDVSA no entrega los balances ni estados financieros al SEC, así el mundo y nosotros, porque el gobierno tampoco no los dice, no podemos saber la verdad sobre el performance y missmanagment en la industria petrolera estatal. En otras palabras, si la capacidad de producción ha caído en unos 600 millones de b/d, y si los venezolanos nos gastamos en petróleo barato cerca de medio millón de b/d. las exportaciones serian apenas de unos 2.2 millones de b/d, entonces no hay ningún faltante en el BCV en reservas internacionales. Lo que quiere decir que las cosas son mas graves que lo que el mencionado faltante en reservas internacionales.

Se conoce que existe un déficit de taladros en operación, que PDVSA busca en los mercados taladros, y que sus dueños se fueron a otros mercados por los ruidos políticos y el debilitado marco jurídico que bordea la industria petrolera con las reglas de juego que cambian de domingo en domingo. Se sabe también que la tensión rentista y el crecimiento del gasto publico hasta una tercera parte del PIB a mediados del presente ano ha sido posible por la caída de la inversión de PDVSA, -además de los altos precios- matemáticas muy sencilla de comprender, porque si PDVSA no invierte un dólar, es porque se lo lleva el fisco, así de sencillo, y ya sabemos que este se lo saca de la boca del pozo, en regalías, y de las cuentas de PDVSA vía BANDES para pagar el gasto redistributivo del ingreso en los programas de la revolución; es decir, el gobierno se come la gallina y deja a su clientela solo con los huevos.

Asi las cosas, es mas factible que la aparente caída en la capacidad de producción de PDVSA sea la “culpable” del faltante fantaseado por la opinión publica en reservas internacionales, que ha desviado el debate en donde debiera estar hincando los dientes la opinión publica. Quizás sea necesario que la sociedad civil se pare sobre sus pies para reclamar una auditoria a fondo de PDVSA, exigir que se publiquen sus estados financieros y sus balances, mecánica legal con la cual no se cumple desde hace tres anos, y para lo cual la constitución trae las normas definidas para el cumplimiento de esos derechos.

Si podemos contarle los reales al gobierno estaremos dándole en el talón de Aquiles, donde mas le duele, en los reales, pues ningún gobierno en muchas décadas ha tenido tanto real para gastar, al mismo tiempo que ningún control para ser vigilado, el Contralor de la Republica nos dijo un día que el estaba con el “proceso” y por lo tanto su poder es demasiado barato en estos tiempos de grandes cosechas, sabe que si rebusca los poderes públicos le harán morder el polvo que han traído aquellos lodos de ayer.

Las reservas, el BCV y el fisco

Aunque la mayor parte de la información que fluye como consecuencia de la solicitud del Presidente por el uso de lo que el denomina excedentes de reservas internacionales esta sesgada conceptualmente, no es nuevo el deseo de los gobernantes para hacer uso fiscal de eso que ellos han llamado excedente de ahorro externo. Pues ocurre que las reservas internacionales no son ahorro de nadie,  el ahorro externo de las personas, empresas y hasta el fisco, no esta precisamente bajo administración del BCV. En términos convencionales, no es posible declarar excedente de reservas un monto determinado de ellas para luego convertirlas en bolívares para ser transferidas al gobierno. El Presidente quizás tenga en su mente la destrucción del Banco de Cuba en 1962 cuando el Che Guevara fue nombrado Presidente de ese Banco Central, con lo cual se confiscaron las reservas dándosele uso fiscal, una vez que el proceso de nacionalización comenzó en octubre de 1962.

Quizás lo que pudiera el gobierno es re-fundar el FIEM, y establecer un precio del petróleo de uso fiscal, para que el excedente en los precios y su equivalente en divisas sea transferido a ese fondo, nuevo FIEM, para que administrado discrecionalmente como nos tiene acostumbrado el gobierno, entonces ese fondo venda sus divisas al BCV y con esos bolívares podría continuar financiándose la revolución. Muy sencillo, la Asamblea Nacional puede procesar entre gallos y media noche una reforma del FIEM con esas características. Es necesario acotar que en los hechos el Fondo de Desarrollo aprobado por el BCV a PDVSA en el 2004 esta siendo utilizado para uso fiscal y presupuestario, PDVSA paga parte del gasto publico no presupuestado en la ley del Presupuesto.

De todas maneras las señales a los mercados y a los bolsillos de las amas de casa son de que el gobierno raspa la olla, a todo evento, restándole sostenibilidad a la política fiscal y a los esquemas de predistribución del ingreso que se implantan con discrecionalidad del gobierno, sin contar con la necesaria controlabilidad fiscal que exige la ley, para evitar lo que todo el mundo piensa….que ocurrirá cuando caigan los precios del petróleo?

(*): Economista PhD (London University)

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