La corrupción azucarada y el socialismo del siglo XXI
“El poder corrompe, ……..pero el poder absoluto corrompe absolutamente” Lord Acton
1. Estatismo y mutilación de libertades económicas: causalidad e indicadores
Existen dos indicadores elaborados por agencias internacionales independientes –calificadoras y evaluadoras – de elevada reputación que se encargan, la primera, Transparency Internacional (Universidad de Goettingen Alemania), en elaborar un ranking internacional de la corrupción y las otras dos, Fraser Institut (institución académica) y Heritage Foundation que evalúan el grado de libertad económica que impera en un país y su relación con el crecimiento económico y nivel de pobreza. Ambos indicadores muestran en Venezuela cierto liderazgo; a saber, uno de los países de mayor practica de la corrupción (el lugar 136 de 159 países según el índice de Transparency Internacional) y uno de los países donde menos se practican las libertades económicas (lugar 152 en un total de 157 países!!) al mismo tiempo que muestran mayor grado de pobreza relativa y menor nivel de desarrollo económico.
Es decir, Venezuela por obra y ejercicio de la revolución socialista ya esta considerada como uno de los peores países en cuanto a respeto de las libertades económicas, bases de los propios derechos humanos!; la regulación, el dirigismo, el irrespeto a la propiedad privada promovido directamente por el Presidente de l republica y sus organizaciones políticas adyacentes, han impactado tremendamente en la perdida de libertades económicas.
La revisión cuidadosa de esos indicadores nos remonta a una curiosa, pero esclarecedora correlación: los factores causales del primer indicador son los mismos del segundo. En primer lugar, la corrupción y en segundo, carencia de libertades económicas y las restricciones de los derechos de propiedad. La evidencia internacional es abrumadora en ese sentido, y si se revisa la configuración de esos indicadores podremos ver con claridad que los países de mayor madurez institucional y donde el comportamiento de la sociedad se rige bajo el imperio de la ley, los incentivos para el desarrollo de la corrupción son débiles en relación a aquellas sociedades donde las normas sociales se basan mas en el imperio del Estado y en la participación del comportamiento social.
2. Estatismo y corrupción en el socialismo y el rentismo bolivariano
Del primer indicador, todos conocemos que la corrupción es un “mercado” que se desarrolla entre el estado propietario, contratador y ejecutor del gasto publico; además de las propias funciones de regulador y supervisor, cobrador de impuestos, e interventor en exceso de la actividad económica de los individuos, lo cual refleja al mismo tiempo que en la medida en que esa intervención se extrema como ha ocurrido en estas cuatro décadas, en esa misma manera se reducen las libertades económicas.
Estas ultimas representadas no solo en la vaga interpretación de los derechos de propiedad en la Constitución de 1961 que se refuerza por el colectivismo estatista propio del capitalismo de estado exacerbado en estos anos, tradición que fue reforzada en la Constitución de 1999 donde los mecanismos de captura de renta aparecen tipificados con rango constitucional.
3. Códigos para la corrupción
El proceso legislativo afianzado en los dogmas constitucionales del estado social de derecho y el control difuso de la constitucionalidad que sacrifica lo privado en beneficio de los mecanismos de captura de renta sin compensación del capitalismo de estado o socialismo nacionalista y de los supuestos vagos del interés general que se convierten en incentivos y mecanismo de captura de renta por la debilidad que funda el marco jurídico del estado interventor, que funda el anti-laicismo del socialismo bolivariano que en su lugar ha reforzado intensamente los incentivos que conducen a una acción publica opaca y sin contrapesos en la administración del gasto publico financiado con impuestos, dinero inflacionario y endeudamiento publico.
La evidencia empírica ha reflejado hasta la saciedad esta realidad, la cual de paso, no solo es característico de Venezuela sino de muchas naciones del mundo en desarrollo y particularmente de América Latina reflejando en ello un precario desarrollo de las instituciones y de ellas la más importante: la propiedad y los derechos de propiedad, en el marco de un ambiente económico de colectivismo estatista que ha impedido que se desarrolle lo que es característico de países desarrollados: la existencia de una fuerte economía privada expresada en una sociedad de accionistas propietarios que actúa en una economía de mercado, donde los estados y los gobiernos se dedican, además de proteger la propiedad privada a regular y promover la competencia como valor fundamental de una sociedad, a prestar aquellos servicios públicos que no se expresan aun en un mercado, a evitar la proliferación de monopolios y otras labores distintas a la poseer empresas y redistribuir el gasto público por medio de mecanismos rentistas.
En estas sociedades el Estado esta severamente limitado a cumplir sus funciones de manera eficiente, por lo que su naturaleza depredadora se expresara entre otras formas a través de la corrupción, la cual es el producto final de un proceso de captura de renta –sin compensación ni mercado que la arbitre- que anula los mecanismos espontáneos de lucro que impone la sociedad de individuos libres. La consecuencia mediata es la reproducción de una sociedad mercantilista donde la organización industrial – no importa que sea pequeña o grande- no se caracteriza por ser eficiente en términos de costos y beneficios, así como tampoco es competitiva.
En el mercado político esa sociedad mercantilista va a expresarse por una sórdida lucha política para la captura de las instituciones que permite y estimula vía el estado depredador, la confiscación de las libertades y derechos humanos relacionados con la naturaleza humana.
4. Escasas libertades económicas: debilitamiento de los derechos de propiedad
Hundiendo el bisturí del análisis económico más allá de lo aparente en los fenómenos indicados de amplia corrupción y menoscabo de las libertades económicas encontramos en detalle que las causas de la primera están en la carencia de las segundas. Veamos. Existe suficiente evidencia de que la corrupción pública tiene su origen en la excesiva intervención de los gobiernos en la economía y en la discrecionalidad con que se aplican las políticas públicas.
Allá donde las regulaciones en la economía se aplican discrecionalmente, las relaciones económicas se pervierten. Los individuos están dispuestos a ofrecer comisiones para circunvalar las normas y las reglas, ya que el mecanismo per se induce a gobernantes a todos los niveles a aceptarlas. Ese proceso de corrupción también se reproduce en reverso cuando los gobernantes, bajo el abuso de las prerrogativas que les da la discrecionalidad sobre la decisión en políticas públicas, forjan a los individuos a pagar las comisiones.
En resumen un listado de esas perversiones causadas por carencias de libertades económica y fecunda corrupción encierra las restricciones al intercambio, proteccionismos diversos, mecanismos que inducen captura de renta no compensada, controles de precios, subsidios indirectos -tasas de interés subsidiadas- que suelen beneficiar a quienes no esta dirigida la política social de asistencia a los mas humildes, precario desarrollo de las instituciones, ambigüedad constitucional en el reconocimiento de los derechos de propiedad y derechos de propiedad mediatizados por la intervención del Estado, exceso de centralización de las funciones públicas, controles de cambio, salarios bajos en la administración pública.
El nuevo texto constitucional escribe algunos de estas causas en él titulo VI (del régimen económico donde se establecen protecciones y privilegios a grupos y sectores en particular (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310) y en titulo de los derechos sociales y de la familia, y de los derechos económicos, donde se aprecia una fuerte dosis de estatismo, característica también de la constitución de 1961.
5. Y en un país petrolero?
Todo lo anterior se potencia con el hecho de una abundante dotación de recursos naturales y estructura de propiedad (petrolero, oro, etc.). La dotación cuantiosa de recursos constituye el clásico ejemplo de una economía asentada sobre las fuentes de un sistema rentista, ya que como esos recursos naturales se pueden vender a precios que exceden en mucho sus costos de extracción, por lo que usualmente los gobiernos imponen abundante regulación, excesivos impuestos, estos últimos se transforman en las fuentes básicas de la sociedad rentista, además de abrogarse la propiedad de las fuentes de esos recursos.
Entre tantos y muchos aspectos desagradables de la corrupción es evidente que ella rezaga el crecimiento económico a través de los siguientes canales: la corrupción transforma en un impuesto, en un costo adicional que distorsiona los precios, tasas de interés, tasa de cambio y reduce la recaudación tributaria, con los efectos fiscales conocidos y distorsiones presupuestarias y con las consecuencias políticas sociales y económicas que ello provoca.
A este caso pertenecen las distorsiones económicas que la corrupción causa, por los efectos monetarios y financieros generados por la practica de prestar – por parte de agencias financieras del Estado – con tasas de interés por debajo del mercado o por discrecionalidad para la intermediación, mala calidad de las obras públicas y distorsión del gasto público, tentando a los gobernantes a seleccionar gasto de acuerdo a los mecanismos de redistribución forzada de la corrupción, antes que inducir el mejoramiento del bienestar de la gente.
Todo ello bordado por mecanismos desde los más rudos hasta los más sofisticados que preparan la captura de renta, la cual es en muchas oportunidades “redistribuida” vía corrupción.
A la luz de esa experiencia y con la asistencia de la teoría económica descrita, el debate constituyente en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente desestimó a la hora de redactar el articulado relacionado que regula la relación del Estado y los gobiernos con la economía. Los constituyentistas ayer y los legisladores de la revolución de hoy, tanto en la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia, se encargaron y encargan de darle juego legal a los mecanismos de (re)captura de renta muchas veces santificando legalmente los mecanismos por donde corre la corrupción, todo bajo la égida ideológica de solventarle el problema a los pobres, los cuales en general se constituyen los medios ideológicos para el amparo de la corrupción, y establecerla como privilegio revolucionario bajo el cobijo moral de la lucha contra la pobreza.
La lucha contra la corrupción se sostiene en las libertades económicas, y estas solo se reproducen en una economía de mercado, donde el Estado desregule, patrocine, estimule, establezca reglas claras y abandone el intervencionismo discrecional. Los derechos de propiedad, el mercado, las libertades económicas y la democracia política constituyen la base institucional para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, en un entorno de reducida corrupción.
6. La corrupción azucarada de Barinas
La influencia de la “revolución cubana”
El “guiso” azucarado del central azucarero en Barinas, empresa del estado, presenta una novedad binacional, la cubana-venezolana, debido a la influencia ideológica que el comunísimo cubano ejerce sobre la “revolución bolivariana socialista venezolana.
Ese ejemplo de corrupción tipo comunista permite refrescar las razones por las cuales, en la medida que el Estado y el gobierno extiendan su poder económico a expensas de la economía y de las libertades de ciudadanos y sus empresas, en esa misma medida se reproducirán la corrupción.
La corrupción tradicional “tipo comunista” le vemos ahora el rostro, quizás lo mas resaltante se deba no solo al hecho de que la influencia ideológica cubana en el “socialismo de siglo XXI que promueve el Presidente de la Republica.
No solo se remite a la justificación histórica que el marxismo hace de la corrupción, la cual promueve como consecuencia no intencionada, sino que esa influencia ya permea la administración y organizaciones publicas de Venezuela, donde se entremezclan las heterodoxas practicas comerciales y de organización industrial practicadas en Cuba en mas de 40 anos de comunismo que explican el atraso económico y los amplios niveles de pobreza de Cuba.
Los escasos mecanismos de controlabilidad convertidos en leyes que se desarrollaron durante mas de 40 anos de validez democrática en Venezuela, que tomaban cuerpo en subastas legales, competencia publica por contratos públicos, han sido demolidos durante estos anos de administración revolucionaria, allí reposan los casos de FONDUR, donde su propio ex Ministro desmonto los mecanismos de otorgamiento de contratos, lo mismo APRA las empresas de Guayana, mecanismos financieros de las finanzas publicas en Ministerio de Finanzas, Bandes, BIV, FOGADE y hasta en el funcionamiento del BCV cuya autonomía e independencia funcional han sido desmanteladas por reformas legales, para convertirlo en una caja muy grande del fisco.
La culpa no es del ciego sino de quien le da el bastón!!
A esta zafra de corrupción azucarada hay que incorporarle procedimientos administrativos escasamente transparentes que operan las economías de MERCAL, FONDAFA, y otras dependencias financieras del Estado/gobierno, para no mencionar la parálisis político-administrativa-psicológica de la Controlaría General líder del Poder Moral, cuya solidaridad revolucionaria le ha prestado por cierto poca ayuda a la revolución, porque sus lideres no muestran la estatura moral correspondiente exigida para evitar la metástasis de la corrupción que a todo evento se ha convertido en el tumor del régimen político de la revolución.
Lo más curioso es que la culpa no es del ciego sino quien le da el basto, la ideológica de la revolución ha desmontado no solo los mecanismos privados de controlabilidad que en una economía normal ejerce el mercado y la competencia, sino que se apresura a desmontar las instituciones que están llamadas a proteger los derechos de propiedad, para ir fortaleciendo las economías del Estado, con lo cual el efecto neto sobre la corrupción es inconmensurable, dado que ello obliga a los funcionarios públicos a convertirse en poleas y elementos para la captura de renta sin compensación, favores públicos no solo con el tramite de oficios y diligencias de carácter públicos sino también en la redistribución de la renta que se captura.
El socialismo y la captura de renta
La corrupción tiene allí su origen, la correlación entre estatismo/socialismo y corrupción es una circunstancia histórica en evidencia en las sociedades ex-socialistas comunistas y en los regimenes mercantilistas/rentistas en países donde los recursos de la tierra y el subsuelo son propiedad estatal y representan una prominente fuente prominente de ingreso fiscal.
En estas ultima, donde la captura de renta constituye el incentivo básico que define la “actividad económica” de la gente y que sobrepasa la vocación natural de los individuos a utilizar el mercado y el capital para satisfacer necesidades de sobrevivencia y de lucro, la intervención del Estado como productor y distribuidor de bienes y servicios y como regulador de la actividad económica de la gente y empresas, conforma un agravante para el cultivo de la corrupción, que se convierte en status de privilegio otorgado a las corporaciones políticos, militares y mercantiles que controlan el Estado y sus instituciones.
En ese sentido, la corrupción no solo es una restricción a las libertades de la gente, sino el núcleo del empobrecimiento de la sociedad, la correlación entre corrupción y pobreza que caracteriza esas sociedades coloca a Venezuela como ejemplo protuberante, dado que el gobierno “reparte” el 50% del PIB a través de opacos mecanismos redistributivos fiscales/parafiscales, inversión de empresas estatales y el gasto del gobierno en infraestructura.
De pronósticos preocupantes para el mediato futuro.
Nos permite pronosticar para el futuro cercano un exorbitante y obsceno crecimiento de la corrupción por el sentido centralista, dirigista, intervencionista de la actividad económica que es consecuencia inducida de la revolución, cuya explicación económica sintetiza el crecimiento de la propensión marginal a corromperse. A la del azúcar, seguirán petróleo/gas, acero, aluminio, oro, créditos públicos, todo el conglomerado económico del Estado.
