Amuay y el control de la sociedad
A comienzos de noviembre de 1993 se produjo un apagón general en el país que fue motivado por una falla en el patio de distribución de Gurí y repercutió sobre todo el Sistema Interconectado Nacional. El evento tuvo algunos ingredientes adicionales que aumentaron su gravedad e impacto. Faltaba un mes para las elecciones, lo que siempre genera un clima de tensión. El candidato Caldera, que a la postre resultaría vencedor en los comicios, no tuvo ningún empacho en declarar que “Había sido un sabotaje contra su candidatura”, bravuconada que tal vez lo favoreció. La verdad fue que el incidente había sido simplemente técnico y, después de una investigación intensiva, los profesionales de Edelca lograron corregir el problema y restablecieron la normalidad del servicio.
Pero el tema al que se dedica este artículo no es la habilidad técnica de solucionar un problema, sino la capacidad de control de la sociedad. En aquella oportunidad se nombró una comisión del Congreso de la República, en su carácter de representante de la sociedad venezolana, que realizó una investigación del evento con toda libertad y autonomía de juicio. Visitaron las instalaciones de Gurí acompañados de periodistas (Hay que decir que en los días de la IV república donde quiera que iba una comisión del congreso iba acompañada de periodistas). Sacaron sus propias conclusiones y al final produjeron un informe que ratificó que se había producido una falla técnica aislada.
Que diferencia con lo ocurrido el lunes en la refinería de Amuay. Allí se cerraron los accesos a la planta y se dosificó todo tipo de información. Las instalaciones se acordonaron militarmente y se remplazó la misión del CICPC que investigaba el otro accidente que ocurrió la semana pasada por una comisión militar. Inclusive había funcionarios decomisando cámaras a la población civil para impedir que fotografiaran los efectos del accidente. Esfuerzo inútil ya que las llamas eran tan grandes que pudieron ser registradas por todos los medios del país. Se informó que nadie había resultado herido, pero ante el manejo secreto del evento a todo el mundo le quedan dudas. Un amigo de Punto Fijo me dijo “Dicen que no hay heridos, pero yo veo ambulancias corriendo hacia todos los lados”.
Los dos eventos reseñados ejemplifican a las claras como se manejan las situaciones en un sistema democrático y en otro autoritario, que controla todos los poderes. Lo que determina la democracia no es la voluntad de la autoridad a presentar cuentas claras de los hechos, sino las herramientas que tiene el ciudadano común para exigirlas. En el pasado las había, con todas sus limitaciones, en el presente estamos sometidos a la voluntad de la autoridad. Una autoridad que controla y somete todos los instrumentos que ha puesto la constitución al servicio de la ciudadanía. Hoy ni la Asamblea, ni la Fiscalía, ni el defensor del pueblo, ni ninguna otra institución cumplen con su obligación de representar a los ciudadanos.
En Paraguaná los trabajadores están aterrados. Se debaten entre conservar su empleo, aun a costa de arriesgar sus vidas, o lanzarse a un conflicto que los puede dejar sin trabajo. Las derrotas sufridas hace casi cuatro años los han vuelto temerosos, igual que al resto de los venezolanos. Serio dilema.
Es el dilema que confronta en nuestros días toda la sociedad venezolana: mantenerse callado y conservar sus ingresos aun a costa de su libertad o lanzarse a la calle a luchar por recuperar la democracia. Por ahora está triunfando la posición conservadora, pero tarde o temprano los pueblos revientan.
