Socialismo siglo XXI: mercantilismo petrolero
Búsqueda de renta: el “Estado socialista” pare la “sociedad mercantilista”
El régimen socioeconómico que viene construyendo la revolución puede ser mejor conocido como «mercantilismo», un régimen económico cuya estructura de beneficios se asienta sobre mecanismos de captura de renta sin compensación, con corporaciones económicas y políticas que compiten por la renta que genera el ingreso del petróleo cuyo mecanismo de transmisión y redistribución es fiscal.
La competencia por la renta –petrolera, de los impuestos no petroleros y del crecimiento de la deuda publica y los fondos que genera- se ejecuta a través del tráfico de influencias, de la corrupción, de la malversación, de la irresponsabilidad fiscal y de la asignación por métodos eficientes de los recursos financieros generados por esa renta, sin considerar el status socioeconómico del beneficiario final. La estructura clientelar a lo largo de esa cadena financiera siempre dependerá de los incentivos políticos que asignen el ejercicio del poder en el mercado político, siendo este un marco con reglas difusas donde se compite por el control de la renta.
La pérdida de la separabilidad efectiva de los poderes parece no sentirse políticamente, sin embargo el impacto económico por el desgaste y malversación de recursos físicos y financieros es evidente en la mejora de los parámetros de desigualdad, la sociedad es más igual, pero presionado hacia abajo la estructura de ingresos, es decir, los pobres son más. Los indicadores socioeconómicos muestran la precisión de esta afirmación.
A esos tradicionales esquemas de competencia por la renta –búsqueda de renta- se incorporan otros sistemas redistributivos, no muy diferentes en esencia a los que caracterizaron los regimenes redistributivos que por intermedio de brazos financieros –fiscales– del estado se utilizaron durante el periodo de la democracia representativa que precedieron a al presente régimen de ruina institucional.
Las reglas de juego del neomercantilismo socialista
De esta manera, tanto el microcrédito con fondos públicos, como los llamados modelos de desarrollo endógeno, de las cooperativas, de empresas de economía social, – que carecen de un régimen cierto de protección de derechos de propiedad- y otros esquemas ad hoc, junto a las misiones –programas de redistribución directa a sectores humildes- todos dependen del gasto publico; es decir de los ingresos fiscales que en forma de renta conforman un entorno de competencia que se sirve de los mecanismos mencionados de la corrupción, trafico de influencias, favores políticos, de una burocracia con privilegios adquiridos por su papel en la revolución; todo ello configurando un “mercado político” publico cuyas reglas responden al reparto y comportamientos rentistas.
Las reglas de juego de este nuevo mercantilismo, que se yuxtapone como socialismo, reconociendo que el socialismo es ciertamente una forma de mercantilismo donde prevalece la propiedad estatal y se minimiza la propiedad privada, emergen del Estado en una singular combinación de las características remozadas del socialismo soviético-cubano y del corporativismo nacional-socialista alemán e italiano de los anos treinta.
Ello impone al ciudadano y sus empresas la administración de sus libertades económicas y políticas y la mediatización de los incentivos económicos basados, no en la racionalidad económica, como en las sociedades normales, de mercado, sino en los parámetros de redistribución de la renta petrolera en manos de la nomenclatura que rápidamente deviene en una especie de nueva clase –suerte de consecuencia no intencionada– ya descrita por cierto en la Nueva Clase de Milovan Djilas quien escribió en los anos 50 un severo juicio al socialismo.
Los sectores emergentes y la nueva clase mercantilista
De esta forma, el gobierno, conformado por una estructura burocrática o nomenclatura sufraga enormes privilegios por el control de los resortes institucionales establecidos en la acción de gobierno y en las instituciones creadas para la administración de esas reglas y del marco jurídico. Los derechos humanos, los asignados a la propiedad privada son debilitados y pervertidos por leyes, por la misma jurisprudencia constitucional, y por la omisión del poder fiscal que actúa en similitud a los comisarios políticos que protegen el poder del estado y los privilegios de la burocracia.
Se acota que estos desarrollos emergen como “consecuencia no intencionada”; es decir, sin que se encuentre necesariamente explicitas en la agenda de la revolución ni que se expresen como los deseos del líder cuya voluntad desmonta el tradicional rule of law que caracteriza la democracia liberal representativa de un poder que se sostiene en contrapesos y mecanismos e instituciones públicos de controlabilidad social sancionadas democráticamente. El poder ejercido así sin contrabalances institucionales establece reglas totalitarias en el proceso económico que inhiben la creación de riqueza propia de las libertades individuales y destruye el capital social acumulado en décadas.
De esta manera, sin mercado que distribuya –y arbitre- los esfuerzos de los individuos, pero con un Estado y gobierno que disponen de la riqueza de cada quien administrándole ganancias y beneficios a través de un régimen de control de precios y ganancias, es decir, debilitando el ejercicio de los derechos de propiedad por vía de un establecido régimen de inseguridad jurídica, crea mecanismos de empobrecimiento secular como los que caracterizaron el socialismo soviético y cubano ayer, y que de alguna manera ya comienza a exhibir el llamado socialismo venezolano de siglo XXI.
Los gobiernos no crean riqueza, pueden destruirla (A. Smith)
Tal como lo afirmaba Adam Smith, los gobiernos no crean riqueza, por el contrario la destruyen cuando redistribuyen mediante mecanismos totalitarios distintos al mercado, el esfuerzo de los individuos al mediatizar los soportes institucionales dirigidos proteger los derechos de propiedad.
El régimen de formación de precios por vía de leyes y decretos ha mutilado, reprimido mercados donde las ganancias y beneficios se controlan en un régimen de regulación sistémica, con lo cual se afecta sobremanera el proceso de acumulación de capitales y de asignación racional de los recursos y del esfuerzo humano. Veamos un ejemplo. El sector industrial que procesa insumos y produce para un mercado masivo, que depende de flujos de caja continuos, bajo este régimen de regulación de precios y del acceso a las divisas para sus actividades comerciales normales sucumbe ante las distorsiones en el proceso productivo en virtud de la perversión de precios relativos que emerge del régimen de controles de precios y beneficios. Así, si congelan el precio del queso y del pan y más no el del jamón, el alza en el precio de este registrara la regulación administrada en el pan y el queso, y eventualmente en el producto final: el sándwich que ajustara su precio en función de los costos que impone el control de precios.
Hay que acotar que los controles no evitaran que la inflación subyacente en esos regímenes de control de precios, y que es inherente a esos mecanismos de administración de precios y costos, registra precios que se formaran por encima del optimo equilibrio en condiciones de mercado, donde las restricciones a la oferta solo tendrían origen tecnológicos y no por intervención del estado y gobierno, que el mercado por si mismo ajusta en función del proceso de innovaciones que exigen libertad de mercado para operar de manera optima y racional. En este entorno los recursos se asignan de modo óptimo y racional; en aquel, el de la regulación, los recursos tienen etiqueta rentista, y se asignan –vía fisco- en función de los mecanismos de captura de renta.
Los parámetros del empobrecimiento
Las relaciones industriales, las que regulan la demanda laboral y la oferta laboral, así como las microestructuras de mercado están sujetas a los controles, todo ello hace crecer velozmente el mercado informal en todas las áreas de la economía, tocando al estado y las características rentistas con se gerencia el gasto publico una porción importante de creación de mercado informal. Los crecientes costos de transacción que debe pagar la empresa para operar en un mercado sobreregulado e intervenido por el gobierno, reflejan el debilitamiento de los derechos de propiedad, ya que estos se subordinan a las nuevas instituciones que rigen la sociedad rentista y la arbitrariedad y discrecionalidad con se diseñan las políticas de acceso a las reglas para operar bajo conceptos de rentabilidad económica.
El estado interviene en la economía ya no con el carácter se subsidiariedad que caracteriza al estado moderno donde la actividad económica es una responsabilidad social del individuo. Por el contrario, la burocracia y la nomenclatura intervienen en la economía desplazando a las empresas de la gente de su actividad natural.
De esta manera, el estado se ha transformado en el más importante importador/exportador, el poder financiero que engendra el ingreso petrolero se utiliza para profundizar el proceso de descapitalización que muestra la economía privada. Además actúa con sentido arbitrario dado que diseña e impone las reglas de juego que siembran inestabilidad jurídica, sobre todo aquellas relacionadas con los impuestos y la permisología de importación así como las reglas de competencia que son violentadas por esta forma de totalitarismo económico y competencia desleal.
Los individuos y sus empresas operan entonces en intensa debilidad jurídica, expuesto a que la burocracia imponga sus canones ideológicos ya asignados a la constitución y las leyes y en la hoja de ruta de los agentes del poder judicial, desde donde se arbitran las bases del marco jurídico.
La banca y el sector financiero
El sector financiero que en estos años de revolución, disfrutó de importantes beneficios al constituirse en los administradores de la creciente deuda publica, pese a que la economía se mantiene “desbancarizada”, es decir, los activos bancarios –dígase crédito y mercados de capitales de riesgo- no crecen en misma dinámica que muestra el PIB, aparece ahora sometido a la matriz de regulaciones que en decretos y leyes reducen la rentabilidad de bancos y operadores financieros.
El control de cambio y el consiguiente represión de las tasas de interés que al formarse por debajo de la inflación esperada tasas de interés reales negativas, crea incentivos de carácter secular para el endeudamiento público no mejora los marcos de eficiencia ni tampoco han tenido éxito en la distribución de fondos de crédito para un sano crecimiento económico. La expansión del crédito ocurre como consecuencia de la expansión de la deuda publica para la adquisición de los bonos en bolidolares y de la expansión del gasto de la economía-bazar que se cuela por la balanza de pagos.
Gavetas y marginalización del ahorro
La regulación sobre los entes financieros privados se ejerce con el régimen de «gavetas» que regulan tasas de interés por debajo de las de mercado (tasas de interés de mercado es un oximoron en Venezuela, dado que los rendimientos de las letras del tesoro por debajo de la inflación para abaratar el servicio de la deuda pública, son las que rigen el monumental licuado de pasivos del estado y de ahorro de empresas y personas naturales) copan cerca de la mitad del crédito bancario; el resto del activo bancario esta constituido por bonos públicos de la deuda de la Republica.
De esta manera, las regulaciones financieras y el la expansión del gasto publico que no es absorbido por el aparato productivo ha convertido a los banqueros en franquiciantes, no es tan importante ser banquero en sentido ortodoxo del concepto, sino más apropiado, en nuestra versión de mercantilismo socialista, ser administrador de negocios financieros más allá de las normas que rigen los derechos de propiedad en el sector financiero. La compra/venta de bancos en la economía parece obedecer mas a los incentivos de captura de renta que las del propio negocio, dado que es evidente desde hace dos anos una continua caída en la ganancias y rentabilidad bancaria.
El umbral para una crisis fiscal se dispara
Las tasas reales negativas constituye el incentivo de la burocracia para sostener un creciente endeudamiento publico una paradójica en relación al creciente ingreso fiscal petrolero, que a todo evento debería utilizarse para arreglar el balance de activos y pasivos del estado en el sentido de que se alcancen niveles mas adecuados de gasto publico en función de las necesidades por bienes públicos.
Contrariamente y por la inexistencia de contrapesos institucionales que definan un uso racional del ingreso fiscal, reducción de los impuestos, reducción de los pasivos, el gobierno se prepara para gastar el ingreso petróleo incrementando al mismo tiempo la deuda publica, creando dudas razonables de un colapso fiscal en ocasión de una reducción del precio del petróleo, porque contrario a lo que sugería el sentido común, los altos ingresos petroleros colocan al país en un umbral cada vez menos manejable fiscal mente hablando en caso de un descenso rápido del ingreso fiscal petrolero.
La gente y sus empresas temen que la caída de la renta petrolera en un futuro no lejano y por razones ideológicas más que económicas, el gobierno se impulse a compensar esa caída con un alza de los impuestos, con expropiaciones y estatizaciones masivas.
Las instituciones del mercado languidecen
La economía de mercado languidece institucionalmente hablando, las libertades económicas no se garantizan ni siquiera a los nuevos mercados estimulados por el gasto público, cooperativas, misiones, proyectos de desarrollo endógeno y empresas de las que llaman ahora sociales. Inclusive, la inversión petrolera internacional responsable de la producción de mas de un millón de barriles por día, vive en un clima de desasosiego e inseguridad jurídica, aunque de alguna manera es compensada con los altos precios del petróleo, el cambio brusco en las reglas de juego los tendrá en el negocio mientras esos precios del petróleo permitan pagar los costos de las nuevas reglas.
En el mediano plazo las relaciones contractuales y económicas en el mercado petrolero nacional es incierto y ello conspira en los hechos con la naturaleza de largo plazo que rige la racionalidad económica del proceso de acumulación de capital e inversión en ese sector petrolero.
El empresario y la economía-bazar
El empresario se convierte en este mercantilismo socialista y en la economía – bazar que genera, basada en el reparto de la renta petrolera, en un negociante puro y simple donde se prepara para competir en proceso de captura de renta; las reglas del juego, acantonadas en la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte del poder central que administra precios y beneficios para la implementación de políticas publicas que no requieren del empresario como se le entiende como el agente que basa su permanencia en el mercado compitiendo, innovando, componentes básicos de su función social.
Lo que la sociedad mercantilista-socialista del reparto de la renta petrolera exige es el “perfeccionamiento” de las aptitudes para la captura de renta, compitiendo en condiciones de amplia asimetría de información ante los operadores políticos que agencian el poder operan como las poleas del estado para redistribuir la renta; distribución que esta sujeta a restricciones políticas y a presiones que vulneran los derechos de propiedad, además de los vicios que acompañan la ingerencia del estado en los asuntos de la economía, como la corrupción, la malversación y el tráfico de influencias. Se le ha desmontado al individuo el entorno ideal y necesario para organizarse en empresas para atacar la actividad económica y depender de sus propios esfuerzos y gozar de un marco institucional que le garantice igualdad ante terceros por medio de la ley: the rule of law.
El rentismo petrolero se exporta
Las poleas que mueven el gasto público (el que dispone la ley del presupuesto y el parapresupuestario generado por la perversión fiscal de los ingresos petroleros) y que alcanza ya cerca del 50% del PIB!!! son activadas en el mercado en un entorno no solo de quien tenga mayores probabilidades de tejer una relación rentista con operadores políticos de la revolución, sino que en muchas formas, sus economías están forzadas por el gasto del estado; subyugadas por instrumentos legales, leyes y jurisprudencia, porque quien además de definir las reglas del juego interviene como agente económico pervertido por el control y domino que sobre las instituciones publicas impone la dirigencia politica.
Esas reglas particulares de la redistribución de la renta se están expandiendo allende nuestras fronteras, el estado venezolano condiciona su presión rentista a otras sociedades, donde el empuje financiero que genera el ingreso petrolero hace posible sembrar el petróleo o mejor dicho producir redes transnacionales de capturadores de renta en el circuito del ingreso fiscal para definir objetivos políticos que en todo caso nutren las ansiedades rentistas de los operadores políticos que escriben e implementan esas reglas.
Es el caso de la asistencia financiera y el financiamiento de proyectos y obras publicas a países en América Latina y del Caribe; Cuba, y Argentina siendo los componentes básicos de esta internacionalización del rentismo venezolano. Así tenemos inversiones que promoverán el circuito geográfico de la influencia politica de la revolución mercantilista-socialista y que extienden rentismo venezolano hacia Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Bolivia y el Caribe, no tendrán accountability de ninguna naturaleza. A bancos y empresas privadas venezolanas se les extiende ese oportunidad rentista, tanto en el mercado financiero con la compra y venta de bonos de deuda adquiridos previamente por el instituciones publicas ante similares argentinas, a cambio de privilegios cambiarios en un juego financiero de elevado riesgo, considerando que los fondos con los cuales se adquieren esos fondos son reservas internacionales confiscadas con sanción legal del poder legislativo, un claro contrasentido dada la previsión que legal y económica que priva sobre la administración de las reservas internacionales, que no son otra cosa que el respaldo en términos de liquidez internacional –divisas- de los bolívares que previamente emite el BCV. Esto constituye un caso extremo de violación de los derechos de propiedad, después de todo, esas divisas respaldan los bolívares impresos por el BCV, como acotábamos en el párrafo anterior.
¿Cómo se reproduce este mercantilismo en el mercado político?
En el terreno del mercado político, el mercantilismo socialista también deja sus huellas. Las oposiciones políticas, en cuerpo de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, tanto de vieja data como de reciente creación, han buscado –consecuencia no intencionada- coincidir en un régimen socioeconómico que se presenta en esencia muy distinto del mercantilismo socialista que describimos y engendra la revolución, y es lo que muchos programan políticamente aunque sin mayor éxito en la calle, como “chavismo sin Chávez”.
Ello implica reconocer las formas de intervención del Estado en la economía y las distorsiones y debilitamiento de los derechos de propiedad, fenómeno que por experiencia histórica sabemos no es distante ideológicamente de las políticas publicas llevadas a cabo por os partidos políticos que precedieron a la revolución bonita. Todos deben recordar que las libertades económicas y el marco jurídico que debilito los derechos de propiedad fueron sucesos políticos inmediato a la constitución que siguió la implementación del régimen democratico. Esas libertades económicas estuvieron suspendidas por más de tres décadas!!!
EN tal sentido, aunque el mensaje no ha sido muy claro, la clase politica venezolana en todo su amplio espectro no se muestra – en general- muy diferente en cuanto a sus querencias ideológicas y del país que diseñan y proyectan ese liderazgo político del “mercantilismo socialista” que discutimos acá. Después de todo, la politica la financia el petróleo, y la renta petrolera fluye por los canales del presupuesto y de las finanzas del estado, siendo mas de la tercera parte de la liquidez monetaria que corre por estas calles, por lo que encontramos que en muchas veces las diferencias entre la propuesta de algunas oposiciones y la que corre el gobierno revolucionario, parecieran ser mas semánticas que esenciales, lo cual tiene un negativo impacto institucional dado que se muestra ante la sociedad civil yante la gente de a pie, un mercado político donde se batalla por una botella vacía.
Con todo, los incentivos del rentismo venezolano están allí potenciados y son función directa del ingreso petrolero, lo que lleva a muchos a una lucha politica sin contenido programático, pero cubierta de un maquillaje ideológico que en su esencia no es muy diferente al oficial. Si el gasto publico constituye cerca del 50% del PIB, luce mas apropiado montar los dispositivos políticos para la captura de renta, y de las instituciones financieras que la drenan, antes que promover una sociedad donde la regla de oro la define el estado de derecho, donde el estado sea convertido a la subsidiariedad que requiere una sociedad moderna en este marco de relaciones económicas globales que camina rumbo a acuerdos multilaterales de libre comercio.
Se puede comprender sin mayor dificultad que es muy difícil y complicado crear empresas, aunque conocemos por R. Coase ( Nobel economía) que la empresa es precisamente la forma mas «económica» de organización social que hace posible reducir los costos de transacción que se pagan para proteger los derechos de propiedad y por ende sostener el proceso de creación de riqueza. Se puede divisar sin dificultades que, para que perder tiempo en crear empresas, si después de todo, los costos de transacción se chupan las ganancias, es más factible y viable pegarse del gasto público que puede ser más rentable.
La “nueva clase” en virtud de los privilegios ganados en la revolución y de su disfrute generados en la captura de las instituciones publicas, en el poder legislativo, el judicial y en el gobierno, esta dispuesta a entrelazar, mas allá de la retórica que se dirige al publico de a pie asimétrico informativamente frente a la propia historia del día día, sus intereses con quienes puedan sobrevivir el marco de debilidad del capital, bien sea por recostarse al poder de decisión o porque sus economías fueron creadas –como en la economía bazar que discutimos arriba- no solo en el sector financiero sino comercial y manufacturero por extensión del brazo rentista cuya longitud y benevolencia esta montado en un ingreso fiscal petrolero que cabalga sobre los 50 USD por barril.
