¿Estatización del sector comercio?: craso error

Un proceso de estatización del sector comercio posiblemente sea una de las eventuales decisiones de políticas públicas con menor asidero en las correctas y buenas formas regulatorias. Una medida de esta naturaleza se encontraría de espalda con el objetivo de crear las correctas señales de incentivos al sector que coadyuven a la maximización del bienestar social.

El sector comercio por su caracterización y operatividad constituye, eventualmente, uno de los sectores que componen la economía nacional, con las menores barreras a la entrada. Si bien es cierto que existen eficiencias de escala que podrían fungir como barrera para la entrada de cualquier emprendedor, de igual manera, la explotación de estas economías redundaría en una mayor competencia por eficiencia en costos y permitiría de igual manera, un traslado de eficiencia hacia el consumidor final.

En la mayoría de los casos el poder de mercado que pueda ostentar un operador en el sector comercial proviene del hecho de que sus actividades se circunscriben, a un ámbito local (nos referimos preponderantemente al comercializador detallista). A menos que el comercio haya podido crear una suficiente diferenciación de mercado y por tanto conquiste un nicho que pudiera reducir la trascendencia del factor espacial, continuará esta última variable pesando en los costos transaccionales de la demanda.

Especialmente, en los actuales momentos, cuando el tiempo constituye un recurso escaso e insustituible, la dimensión espacial cobra especial preponderancia en las preferencias y gustos de los consumidores hacia sus proveedores. Ni hablar, si nos referimos a la comercialización de un commodity, que no implica valor de marca ni diferenciación (la carne, y muchos productos de primera necesidad). Así las cosas, es perfectamente esperable que sectores como el comercio y especialmente la venta de la carne de res, pollo, y otros commodities, presente no solo estructuras competitivas, sino de igual manera sus comportamientos y desempeños.

Ahora bien, en el caso en que existan sospechas de la existencia de cuellos de botellas a lo largo de la cadena de producción-comercialización, o de algún comportamiento colusivo o cartel por parte de los componentes de algún renglón (comercializadores, distribuidores, transportistas), existe el órgano competente, Procompetencia, para adelantar las averiguaciones e investigaciones necesarias e incluso abrir los procedimientos administrativos de rigor, en aquellos casos en los que se hayan encontrados los indicios suficientes que apunten hacia el eventual despliegue de conductas anticompetitivas. Aun así debe tenerse muy claro que no existe sanción que implique expropiación o estatización, esto violaría las leyes y la Constitución Nacional. Adicionalmente, las características del servicio prestado o de la actividad económica (comercio), bajo ningún concepto validarían la aplicación de excusas como el “interés público” o que represente un sector “estratégico”. Un eventual episodio de uso de estos argumentos para estatizar al sector comercio implicaría la absoluta violación del Estado de Derecho y del respeto de los derechos individuales.

Sin embargo, la determinación de conductas restrictivas a la competencia que pudieran estar lesionando a los consumidores, debe pasar un examen de control sobre variables exógenas a los comercializadores y otros agentes económicos, como pueden ser las distorsiones creadas por las propias políticas públicas (controles de precios, regulaciones, intervencionismos, etc.). Incluso, la no-continuidad de la demanda en lo que a la capacidad de compra se refiere y las distorsiones que esta discontinuidad genera en el mercado, no constituye responsabilidad alguna de los agentes económicos privados (sino de políticas ineficientes de creación y recuperación del empleo, la política fiscal y monetaria inflacionaria, etc.). Este caso resulta complejo de por sí, porque para su resolución se encuentran involucradas políticas de largo plazo para la recuperación del empleo y de la capacidad de compra y del valor de la moneda. El Estado debe estar consciente que poco pueden hacer los comercializadores y productores con un problema que resulta estructural en lo macroeconómico.

Sin embargo, la contundencia de la necesidad de liberar el sector comercializador por su alto potencial competitivo puede ser fácilmente demostrada y debería constituir un objetivo de políticas públicas que disciplinen los distintos renglones de la cadena de producción-comercialización. Un estudio previo que identifique la existencia o no de cuellos de botellas, cuando menos podría identificar el renglón en donde, lejos de regulaciones, debería estudiarse la remoción de barreras de entrada y a la competencia, intentando disciplinar a los agentes económicos por medio del incentivo y el premio-castigo más eficiente y menos distorsionador: una mayor competencia en el mercado.

Luego si se observa alguna falla en los respectivos mercados, habrá que identificar si son de origen estructural, legal o estratégicos (producto este último de conductas restrictivas a la libre competencia). Las dos primeras requieren en resumidas cuentas que el Estado y el Gobierno promueva la competencia y remuevan las barreras al eficiente desempeño de los mercados y de los renglones (comercialización, distribución y transporte). En el último caso, en el que se sospeche del despliegue de conductas anticompetitivas habrá que identificarlas y probarlas, ¿conductas explotativas? ¿Conductas exclusionarias de primer orden? ¿Conductas exclusionarias de segundo orden? ¿Conductas discriminatorias? En específico, ¿reparticiones y cierres espaciales de mercado que tienen por resultado la extracción de rentas extra-competitivas?

Reiteramos, primero, no existen sanciones que impliquen la perdida del negocio (mucho menos sin previo procedimiento administrativo) y segundo, es fácilmente demostrable que uno de los sectores más susceptibles a la competencia y a la contestabilidad del mercado, así como a trasladar sus beneficios a los consumidores, justamente, resulta ser el sector comercio.

Economista
Master en Economía Industrial
Especialización en Economía de las Telecomunicaciones
Especialización en Economía del Sector Energía
Especialización en Economía del Sector Farmacia
Especialización en Economía del Sector Transporte
Universidad Carlos III de Madrid
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica.