El Estado depredador en Venezuela

El Estado, en su acepción democrática, aparte de establecer los parámetros de convivencia civilizada, es un instrumento insustituible para potenciar el crecimiento de la economía, mejorar la equidad e incentivar la igualdad de oportunidades. En Venezuela, el Estado tiene una ventaja de la cual no disfrutan otros Estados de América Latina: la percepción de ingresos fiscales derivados de la exportación de un recurso natural apetecido por los mercados internacionales.

Esto ha creado un incentivo perverso en la clase política venezolana quien ha llegado a pensar que esos recursos les pertenecen y que además deben ser utilizados para la promoción de actividades económicas de cuestionable rendimiento social. El caso más patético de ello es la conducta del actual gobierno quien dispone de fondos públicos sin la debida rendición de cuentas y sin que se evalúe el destino del gasto y su productividad. De esta manera, el gobierno del Presidente Chávez ha propiciado la creación de un entramado de empresas del Estado y entes estatales que están devorando tanto el ingreso petrolero como la recaudación no petrolera en una especie de festín cuya factura nos la van a cobrar más temprano que tarde.

El estrepitoso fracaso del rol empresarial de Estado venezolano con compañías que son un desaguadero de los recursos fiscales, que nada aportan a la actividad económica y que contrariamente, representan un lastre para Venezuela, me ha llevado a proponer un concepto que puede calzar con la conducta y la conducción del Estado en nuestro país. Se trata del Estado depredador: un Estado que no produce sino que toma la riqueza que otros generan. Como es escaso el aporte productivo de las empresas públicas, entonces hay que acosar a las privadas y tomarlas. En vista de que la inversión realizada se ha perdido o su rendimiento es nulo, entonces hay que expropiar las unidades de producción que son rentables. Por cuanto los recursos fiscales se están agotando en esta vorágine de gasto, hay que exprimir con impuestos a quienes contribuyen para compensar esas pérdidas y la insuficiencia de fondos para que prosiga su marcha la locomotora burocrática.

El caso de la CANTV ilustra muy bien este concepto. Mientras esa firma estuvo en manos del Estado no hizo contribuciones al fisco sino que más bien fue una carga, toda vez que todos los años había que sacrificar dinero para enjugar sus pérdidas. Actualmente, cuando se tiene una empresa financieramente sana, que tal vez sea una de las principales contribuyentes del impuesto sobre la renta, el gobierno decidió volver a estatizarla. Después que la CANTV modernizó las telecomunicaciones y mantiene un tendido de fibra óptica y centro de almacenamiento de datos de categoría mundial, llegó el momento de estatizarla. El éxito de la CANTV va en paralelo con el desastre que ha significado CVG-Telecom, la compañía de telecomunicaciones creada por el Estado hace tres años, la cual se ha tragado buena cantidad de recursos públicos sin que los resultados guarden correspondencia con la inversión realizada. Al fallar CVG-Telecom, el Estado depredador fija su mirada en las finanzas de la CANTV.

Algo similar sucede con las empresas de la apertura petrolera. El Presidente Chávez en sus primeros viajes al exterior procuró cautivar a inversionistas extranjeros para que vinieran a Venezuela y efectivamente las inversiones petroleras se consolidaron en el Complejo de José en el estado Anzoátegui, donde tienen asiento las cuatro operadoras que transforma crudos pesados y extra pesados en productos sintéticos de alta cotización. Debido a que la actual PDVSA está incapacitada para levantar la producción propia y no realiza las inversiones requeridas, hay que pegarle la mano a las industrias establecidas y rentables como son Ameriven, Petrozuata, Sincor y Cerro Negro, formadas a partir de las asociaciones estratégicas. El Estado depredador toma entonces una actividad económica que requirió esfuerzo y ya está en funcionamiento.

Otro ejemplo igualmente ilustrativo es el caso de las haciendas y fincas expropiadas. El Estado ha ampliado significativamente su rol como productor de bienes agrícolas al incorporar miles de hectáreas a sus posesiones hasta convertirse en el gran terrateniente de Venezuela. Sin embargo, según la información disponible la producción agrícola ha disminuido en algunos rublos fundamentales para el abastecimiento nacional al tiempo que los fondos zamoranos y los centros florentinos son entidades que consumen recursos sin que produzcan algo que valga la pena. Como el fracaso se hace extensible a la agricultura y no se conforman unidades de producción con los estándares de productividad apropiados, la línea es entonces apoderarse de las fincas, haciendas y hatos productivos como ocurrió con La Marqueseña, entre otras propiedades. Algo similar pasó en el estado Yaracuy con la confiscación de haciendas de caña de azúcar cuyos cultivos fueron quemados con el resultado que Venezuela en la actualidad tiene un déficit de ese producto y tiene que importarlo.

En el cuadro anexo se visualiza que el gran productor en Venezuela es el sector privado en sus distintas escalas, grandes, medianas y pequeñas, no obstante la hostilidad del gobierno hacia ese sector. La aportación del sector público es alrededor de 30% del PIB, del cual la parte fundamental la representa el petróleo. La industria petrolera genera un producto de altísimo valor en el mercado internacional, pero ello no es fruto del trabajo sino más bien de la dotación natural de un recurso. El Estado Venezolano es un rentista que se apodera del ingreso extraordinario que se origina en la diferencia entre el precio de venta del petróleo y su costo de producción, pero no crea riqueza, sino que se apropia de la ya generada. Y en esta acción se depreda la fuente básica de bienestar en Venezuela.

(%=Link(«http:/media/4219762.doc «,»Cuadro PIB»)%)

¿Qué hará Gastón Parra en el BCV?

Luce muy difícil la situación para el presidente del BCV a quien le ha tocado manejar la institución en el peor momento de su historia. Ni siquiera el dictador Pérez Jiménez azotó al BCV como lo ha hecho Hugo Chávez. Nunca se metió Pérez Jiménez con sus autoridades ni mucho menos con sus empleados. Desde hace tiempo advertimos sobre la liquidación institucional del BCV por parte del gobierno. Desafortunadamente el tiempo nos dio la razón porque anticipábamos que las autoridades del Instituto no tenían con qué ni querían defender al Instituto, les interesaba más cuidar el puesto que su prestigio. Ahora que la pérdida de la autonomía es una realidad, conviene citar a Gastón Parra en su libro La Constituyente: Renacer de una esperanza, ¿utopía?, publicado en 2002: “En este orden de ideas, propiciamos (…) elevar a rango constitucional la autonomía del BCV, especificando de manera muy clara, que sea independiente de los poderes públicos y que tenga plena autonomía para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de su competencia…” ¿Qué hará el Dr. Gastón Parra cuando se consume la orden de Chávez de eliminar la autonomía del BCV? La historia le ha presentado una oportunidad de oro para salir con la frente en alto para que la posteridad lo juzgue como lo que ha sido y no como en lo que se transformaría. Dr. Parra tiene usted la palabra.