Reforma Constitucional, Cooperativas y el “Dilema del Prisionero”:

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Recientemente ha sido otorgado el Premio Nóbel de Economía a los precursores de la teoría de los incentivos y de la economía con información asimétrica, los profesores Hurwicz, Myerson y Maskin. Sus aportes a la economía con información asimétrica sentaron las bases sobre como opera aquellos mercados en los cuales ciertos agentes poseen la ventaja de contar con información privada (información que solo ellos conocen). De hecho, estos aportes constituyen la base de la teoría de incentivos y de la regulación por incentivos, en las cuales se reconoce la imperfección del Estado como regulador, y reconoce la importancia de entender como operan los incentivos si se requiere diseñar políticas públicas que tengan por objetivo el bienestar social.

Esta breve introducción nos sirve para traer a colación a la Reforma Constitucional y a su modelo económico implícito. Un modelo económico denominado endógeno (¿), basado principalmente en formas organizacionales y seudo-empresariales como las cooperativas, las empresas públicas y empresas autogestionadas. Aun cuando, bastante se ha dicho sobre la insustituibilidad de las empresas privadas por las cooperativas, haciendo honor a la laureada teoría de la los incentivos analizaremos brevemente la amenaza implícita en la Reforma Constitucional, al estar basada en formas organizacionales como las cooperativas.

El Problema de la Reparticipación de los Beneficios, los Incentivos y las Cooperativas:

Un sistema económico basado en formas organizacionales como las cooperativas y las empresas autogestionadas, en el cual cada trabajador percibe una cuota del beneficio generado por la empresa –lo que supone que un mayor beneficio, implica una mayor remuneración al trabajador- se presenta un problema de alineación de incentivos privados con los incentivos públicos o sociales. En este entendido a la empresa le interesaría que los trabajadores realizaran un esfuerzo óptimo que denominaremos e*, por medio del cual la primera estaría maximizando sus beneficios. Sin embargo, el problema de intereses contrapuestos, sumado al problema de información asimétrica, hace muy difícil, incluso tremendamente oneroso lograr tales niveles de esfuerzo.

Supongamos inicialmente que todos los trabajadores se encuentran desplegando tal esfuerzo óptimo (e*) que maximizaría el beneficio de la empresa. Ahora supongamos que un trabajador decide disminuir el esfuerzo que realiza en una cuantía pequeña (ε), con lo que se ahorra el costo implícito en desutilidad que conlleva el esfuerzo óptimo (y cualquier nivel de esfuerzo). Al actuar de esta manera nuestro trabajador en cuestión, el beneficio de la empresa disminuirá, y estando relacionado los salarios con el desempeño de la empresa, se espera que de igual manera disminuya su salario. Sin embargo, la disminución en su remuneración es proporcionalmente menor si resto de trabajadores o socios en la cooperativa no siguiesen su ejemplo. De ser esta la situación, este socio de la cooperativa (el trabajador) incrementa su nivel de utilidad toda vez que su disminución de salario por caída en el desempeño de la empresa -por su menor esfuerzo- es en parte compensado por el esfuerzo del resto (que hemos supuesto constante), mientras se beneficia de una reducción completa en la desutilidad que implicaba el esfuerzo óptimo (e*). Los trabajadores y/o socios comparten tanto los beneficios como las pérdidas, mientras que el costo del esfuerzo repercute directamente exclusivamente sobre cada trabador. Esta situación constituye un ejemplo de lo que se conoce como el “dilema del prisionero”, en el cual el esfuerzo óptimo (e*) requerido por parte de todos los trabajadores y/o socios de la cooperativa, no resulta un equilibrio de Nash. Lo anterior implica, que ningún trabajador y/o socio de la cooperativa proporcionará el nivel de esfuerzo óptimo, planteado este escenario y expectativas, no resultará rentable para nadie aumentar su esfuerzo (ya que sería compartido por todos vía salario, en lo que a beneficio generado se refiere, pero soportado individualmente en lo que al costo respecta). Aquel trabajador y/o socio de la cooperativa que llegase a desplegar el esfuerzo óptimo, percibirá sólo una fracción del beneficio generado por tal esfuerzo, eventualmente inferior al costo en desplegar tal esfuerzo.

Un eventual “remedio” para tal situación es la imposición de un controlador externo, para impedir tales comportamientos que impiden alcanzar mayores niveles de salarios, de riqueza, de beneficio social y de producción. Sin embargo, se puede presentar un claro problema agente-principal entre el contralor y la sociedad y los socios de la cooperativa. Luego de que a cada trabajador se le remunere según su productividad marginal, el contralor externo podría quedarse con el resto del beneficio generado (teniendo que descontar el gasto y el costo de recursos que implica de antemano crear el mecanismo controlador). Así las cosas, el controlador externo contaría con los incentivos suficientes para que no incurriese también en una renuncia de esfuerzos, permitiéndose finalmente la conquista de la eficiencia paretiana. Sin embargo, recordemos que seguirá existiendo un problema de equidad, proveniente del hecho de que altos funcionarios públicos, reguladores y contralores tenderían a quedarse con la “plusvalía” generada por los trabajadores y/o socios de la cooperativa. La credibilidad sobre el contralor externo como remedio al problema al “dilema del prisionero” es baja, una vez que el mecanismo de incentivos hacia este no es extractivo de toda la renta posible en contra de los trabajadores y socios de la cooperativa, existirá por otro lado incentivos para “acuerdos” o corruptelas por parte de ciertos socios (aquellos que no quieren desplegar el esfuerzo óptimo) hacia el contralor externo. Adicionalmente, se encuentra el problema sobre los incentivos creados para la aparición de contralores, como una “profesión” tremendamente lucrativa, esto determinará un costo y un gasto innecesario de recursos por parte de estos y de la sociedad, cuando estos despliegan sus estrategias de lobbying para hacerse con uno de estos cargos (recordemos que no son gastos, ni costos productivos y diluyen la riqueza creada por los trabajadores). Las empresas capitalistas poseen estructuras de incentivos que alinean el interés privado con el interés público, corrigiendo el problema del “dilema del prisionero” que condena a la sociedad a una situación de pérdida de bienestar y de un óptimo paretiano.

Si lo que pretende el Gobierno y el Estado es democratizar la propiedad sobre las empresas, debe buscarse a través de una democratización del capital vía mercado de valores, sin sacrificar la alineación de intereses públicos y privados, y sin introducir incentivos a free riders (aquellas personas que preferirán desplegar esfuerzos menores toda vez que ahorrarán un costo en esfuerzo mayor que la pérdida de salario ante la caída en el desempeño de la cooperativa).

Luego se encuentra la tremenda amenaza en Venezuela, que los ingresos petroleros, que poseen un altísimo costo de oportunidad, sean dilapidados en la promoción y financiamiento de comportamientos oportunistas. De nuevo, las empresas privadas por medio de su auto-financiamiento resuelven el problema del financiamiento político:

Hasta el propio Karl Marx en un documento de sobre los sindicalistas y la nomenklatura exponía el problema de Agente-principal. En un modelo económico como el implícito en la Reforma Constitucional el mejor negocio en Venezuela será ser político, contralor o miembro de la nomenklatura, ya que se vivirá de la extracción de rentas de los trabajadores.

Existe la firme sospecha que en un modelo de autocracia constitucional, la amenaza creíble que resuelva el problema del “dilema del prisionero” se la “creación” del “Hombre Nuevo”. Lamentablemente, en un caso del “dilema del prisionero” como el planteado en esta reflexión la amenaza tiene que ser extremadamente alta como para que los comportamientos oportunistas no sean dominantes sobre los comportamientos que alcanzarían una situación óptima paretiana (otra eventual respuesta que parece estar más ajustada con el discurso oficialista). Estas amenazas parecen apuntar hacia la creación de un “Hombre Nuevo”, y quienes no logren esta “meta” se encontrarán bajo amenazas y castigos. Lo anterior, resultaría peligroso y atentaría contra la integridad humana. De nuevo, las empresas privadas, poseen mecanismos de incentivos y control muchos más eficientes, que no implican amenazas de esta naturaleza.

Economista UCV
Master en Economía Industrial
Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones
Especialización en Economía del Sector Energía
Especialización en Economía del Sector Farmacia
Especialización en Economía del Sector Transporte
Universidad Carlos III de Madrid
Master in Competition and Market Regulation
Barcelona Graduate School of Economics (Universidad Pompeu-Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, CREI).

Programa Avanzado en Política de Competencia
Instituto de Empresas
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica