En el 2018 se intensificaron las violaciones a los derechos de los presos políticos
El 2018 cierra para Venezuela como uno de los años mas fuertes políticamente debido a que en estos últimos 12 meses se intensificaron una serie de violaciones a los derechos humanos, persecuciones y hostigamientos hacia varios dirigentes políticos de oposición y ciudadanos que hoy se encuentran apresados por causas políticas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano desde el 2014, año el cual el conflicto político en Venezuela empezó a acentuarse, han ingresado a prisión mas de 12.341 personas por motivos políticos. Más de la mitad de 7.285 permanecen con restricciones y medidas cautelares de presentación ante tribunales.
Estas personas fueron detenidas por delitos como traición a la patria, agavillamiento, asociación para delinquir, terrorismo, posesión ilícita de armas y municiones entre otros cargos los cuales están previstos en la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y Tolerancia que está vigente desde noviembre del 2017 aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Enero empezó con el pie izquierdo: Masacre del Junquito
Enero inició en medio de saqueos en varios estados del país, la población todavía mostraba su descontento y frustacion luego de la protestas antigubernamentales del 2017 las cuales desencadenaron una espiral de muertes violentas y centenares de heridos por parte de los organismos policiales del estado venezolano quienes se enfrentaron contra los manifestantes.
Cansado de esta situación, el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimilatísticas (CICPC) , Oscar Pérez emprendió un operativo junto a un grupo de funcionarios de distintos organismos de seguridad del país quienes manifestaron que estaban a favor de los venezolanos ante la situación económica, política y social que aqueja al país.
Mientras el 15 de enero Gobierno y oposición proseguían una mesa de dialogo en República Dominicana, el grupo liderado por Pérez llamado»Equilibrio», tomó una vivienda ubicada en el kilómetro 16 de El Junquito, donde se atrincheraron e intentaron mediar palabras con los funcionarios del Estado, sin embargo estos fueron victimas de un enfrentamiento que se apoderó del lugar acabando con la vida de Pérez y los demás funcionarios que se encontraban con él.
Vecinos del sector se encontraban en los alrededores de la morada protestando por la presencia de un equipo militar con armas largas quienes dispararon contra Oscar Pérez y su grupo, por lo que calificaron este hecho como una masacre lo que hoy día se conoce como «La Masacre de El Junquito».
El Foro Penal Venezolano tuvo acceso a las actas de defunción y al parecer seis de las victimas tenían disparos en la cabeza. La iglesia católica calificó este hecho como “horrible masacre”. Mientras que la comunidad internacional exigió esclarecimiento en el caso debido a que aseguraron que Pérez y los funcionarios que murieron en el lugar «habrían sido víctimas de una ejecución extrajudicial”.
Las victimas de este suceso fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla. Esta última, según se dijo, estaba embarazada, funcionarios quienes formaban parte del grupo llamado Equilibrio.
Desde el día de los acontecimientos hasta el momento tanto organismos nacionales como internacionales han solicitados que se aperture una investigación clara y transparente con respecto a las muertes de estos funcionarios.
Gobernadores garantes de liberación
Luego de ese escenario, específicamente el 31 de mayo la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez junto a sus compañeros Antonio Barreto Sira (Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta) y Ramón Guevara (Mérida), se reunieron con el presidente Nicolás Maduro para realizar una serie de acuerdos en «beneficio de la población» y los presos políticos.
En ese momento Gómez había afirmado que los mandatarios regionales serian «garantes» de la liberación de los encarcelados y que entre sus acuerdos estaba planteado la liberación de varios dirigentes políticos que habían sido apresados por estar en contra del oficialismo.
«El planteamiento central fue el cese a la persecución política en Venezuela, que no exista ninguna acción que perturbe las actividades políticas de los venezolanos, que las diferencias ideológicas no generen el aislamiento de las familias, que los venezolanos podamos disfrutar de nuestros derechos políticos con respeto, como lo establece la Constitución», dijo.
La burgomaestre aseguró que el encuentro con el Mnadatario Nacional se había realizado «sin agendas ocultas» y aseguró que los cuatro decidieron quedarse en Caracas para esperar y ver los resultados de las negociaciones y las liberaciones en las próximas 24 horas.
«Si vemos resultados, estamos dispuestos a ahondar en otros temas de carácter importante», agregó.
Resultados: Políticos liberados
Tan solo horas después de esa reunión del 31 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otorgó beneficios procesales para un grupo de 39 ciudadanas y ciudadanos que fueron procesados y condenados por la presunta comisión de delitos tipificados y sancionados en las leyes venezolanas, durante los años 2014 y 2018.
En un despacho de prensa del Poder Judicial, se detalló que a través de los tribunales penales de diferentes circunscripciones judiciales del país «fueron dictadas decisiones y otorgadas medidas tales como: libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, formulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras».
La Comisión de la Verdad había recopilado «estadísticas» para recomendar «casos a ser revisados» y que se producieran «nuevas liberaciones» de los llamados «presos políticos» del país, expresó el presidente de este órgano adscrito a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab.
La comisión habría realizado un censo para determinar nuevos casos a ser revisados para que se producieran nuevas liberaciones en el marco del plan de «reconciliación nacional» que lleva el Gobierno Nacional.
Una vez liberado el primer grupo, la oposición, abogados y varias organizaciones sin fines de lucro que velan por los derechos de estos detenidos habían señalado que muchos de los liberados eran presos comunes.
Por petición de Maduro, la ANC había ordenado en junio pasado la excarcelación de 123 personas, la mayoría con medidas cautelares, las cuales no evitaron que los llamados presos políticos recluidos en los calabozos del servicio de inteligencia en Caracas, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se amotinaran a mediados de julio para denunciar presuntos malos tratos y demandar que se cumpliera con la liberación de los detenidos con boletas de excarcelación emitidas por tribunales.
Daniel Ceballos y el general Ángel Vivas fueron los políticos liberados en este primer grupo junto a 37 ciudadanos identificados como María Elena Uzcátegui, Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo, Carmen Briones Donoso, Angelis Quiroz Gutiérrez, Ninoska Josefina Bolívar, Stefanny Salazar, Diannet Milagros Blanco, Brigitte Herrada, María Angelina Salcedo Torres, Nazareth Vásquez, Virgen Liliana Quintanillo, Érika Palacios Alfonzo, Melanye Álvarez Castro, Geraldin Chacón, Marianyelis Sánchez Delgado, Gregory Hinds Rodríguez, Juan Pablo Giraldo, Juan Pedro Lares, Fermín Cocchioni, Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache por estar vinculados presuntamente con organizaciones o participación de manifestaciones y hechos violentos o irregulares ocurridos entre los años 2014 y 2018,
Al día siguiente, Gilber Caro, Raúl Emilio Baduel, Renzo Prieto, Gregory Sanabria, Ignacio Porras, Jovanny González, Wilmer Azuaje, Tony Real, Alexander Tirado y Manuel Cotiz entre otras personas fueron liberados junto a otros 30 ciudadanos bajo las mismas medidas que el primer grupo de excarcelados.
En ese momento, el director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que mientras las autoridades liberaban a algunos opositores de forma paralela detenían a otros. Es decir, la «teoría de la puerta giratoria» se estaba llevando a cabo en ese momento. Según Romero tanto militares, como ciudadanos y jóvenes estaban siendo detenidos sin delito alguno.
Días después fueron excarcelados otro grupo de ciudadanos entre ellos el activista Villca Fernández quien fue desterrado directo a Perú. Esta decisión fue presuntamente concedida por la ANC con la condición de enviar al merideño al exilio.
Así como Fernández se encuentra en el exilio en la actualidad, en los últimos años mas de 50 lideres políticos, activistas, diputados, militantes de partidos, magistrados, periodistas, doctores y hasta ciudadanos se vieron obligados de vivir en el exilio puesto que denunciaron que en reiteradas ocasiones fueron amenazados, amedrentados, hostigados y perseguidos por parte del régimen.
El listado de exiliados incluye a Fredy Guevara, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) quien actualmente se encuentra en calidad de refugiado en la Embajada de Chile en Caracas; Luisa Ortega, fiscal general de la República; Carlos Ortega, presidente de Sindicato de Trabajadores de Venezuela; además de los 33 jueces del TSJ.
Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular (VP), Lester Toledo, dirigente nacional de VP, el general Antonio Rivero, así como otros 14 activistas de este movimiento político, hacen parte de este grupo.
Tambien Warner Jiménez, ex alcalde de Maturín; Ramón Muchacho, ex alcalde de Chacao; Gustavo Marcano, ex alcalde de Lechería; y David Smolansky, ex alcalde de El Hatillo.
Sin embargo, esta cifra podría ser mayor. Jose Antonio Colina, un militar retirado, también exiliado político y presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), le aseguró a la Agencia Anadolu que “hay muchos más dirigentes de bajo y mediano rango que están exiliados”.
Colina señaló que la salida forzada de personas de Venezuela no es reciente y que hay que dividirlo en dos etapas: la primera, entre 2003 y 2014, que incluye en su mayoría a ciudadanos comunes, como amas de casa, militares, ingenieros y periodistas.
Mientras que la segunda etapa, que empieza en 2014 y ha cobrado fuerza hasta hoy, incluye a los políticos. “Antes en la época de Chávez perseguían al ciudadano común y no se metían con el político, salvo contadas excepciones. Desde el 2014 para acá comienzan a perseguir a los líderes políticos”, confirma José Colina.
Magnicidio Frustrado trajo mas tela que cortar
El pasado 4 de agosto se llevó a cabo el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas, evento el cual estaba siendo presidido por Nicolás Maduro cuando de pronto se escucharon detonaciones cerca de la tarima presidencial.
Eran dos drones que se encontraban sobrevolando a pocos metros del presidente quien era el blanco de ataque de estos octacopteros presuntamente para acabar con su vida. Los anillos de seguridad del presidente al percatarse de la explosión salieron a proteger al Ejecutivo Nacional con unos chalecos de kevlar, para resguardar su integridad mientras salia del sitio.
Mientras Maduro era sacado del lugar, siete funcionarios fueron heridos por la explosión.
«Se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme», dijo Maduro, que acusó a la «ultraderecha» de Venezuela y de Colombia, así como a Santos, como los responsables «detrás de este atentado» en su contra.
En ese sentido, Maduro amenazó con un «castigo máximo» a los responsables del ataque con drones en su contra.
Requesens preso por «atentado» en contra de Maduro
El 7 de agosto, tan solo días después del «magnicidio frustrado», el diputado a la AN, Juan Requesens fue detenido por estar presuntamente vinculado en este hecho contra el Mandatario Nacional.
Al dirigente de Primero Justicia, se le han imputado varios delitos, entre ello: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República; homicidio intencional con alevosía y con motivos innobles en grado de frustración en contra de siete efectivos militares; terrorismo; asociación para delinquir; instigación pública continuada, y posesión ilícita de municiones y armas.
Para Requesens, el líder opositor Julio Borges y Omar Alexis Delgado Tabosky (señalado como uno de los artífices del atentado) se solicitó a los tribunales prohibición de enajenar y grabar bienes y bloqueo de sus cuentas en el país. Saab anunció que pidió que se le hicieran «pruebas toxicológicas y psicológicas», y manifestó que «condenaba y repudiaba» la filtración de un vídeo que se le tomara en la sede del Sebin, El Helicoide -lugar donde se encuentra recluido- que mostraba su ropa interior defecada, hecho que muchos dirigentes opositores atribuyen a los funcionarios que lo custodiaban, y que han generado enorme indignación.
Su padre, Juan Guillermo Requesens ha denunciado en reiteradas ocasiones que al parlamentario se le han violentados todos sus derechos como preso. Desde negarle el acceso a las comidas hasta brindarle atención medica debido a una operación estomacal que fue sometido el legislador son las violaciones que sus familiares han señalado.
Hasta el momento a Juan Requesens, no se le ha hecho una audiencia preliminar, puesto que ha sido diferida varias veces. La ultima fue diferida hasta el mes de enero por órdenes del Procurador General de la República.
El abogado del parlamentario, Joel García aseguró que esta medida es “una maniobra del gobierno para justificar lo injustificable”. Igualmente, señaló que el Gobierno no tiene pruebas para demostrar los hechos por los que se inculpan a Requesens.
“Esto en un patrón de conducta del Gobierno, mantenerlo encarcelado sin un juicio porque en el juicio es donde verdaderamente se debate y ellos saben que no hay pruebas contra Juan Requesens”, dijo García.
Las detenciones por el caso del atentado contra Maduro siguieron, esta vez el fiscal general de la República, había informado que las investigaciones que adelantó su despacho para esclarecer el intento de magnicidio al presidente arrojaron una lista de 34 personas implicadas. «De ellas, 14 están detenidas e imputadas por el Ministerio Público», agregó.
El fiscal designado por la ANC, destacó que los organismos policiales detuvieron a seis personas. Dos de los primeros arrestos fueron «en flagrancia» y esa cifra aumentó a 19 personas con el paso de los días. Además, destacó que hay un total de 27 órdenes internacionales de captura, con sus notificaciones rojas remitidas a la Interpol, puesto que al parecer «parte de los implicados en este hecho están en el extranjero, sobre todo en Colombia y Estados Unidos», según Saab.
Hasta el momento el el Ministerio Público no ha dado mas información con respecto a mas evidencias de este caso, ni información sobre nuevos detenidos o involucrados en este hecho.
En la actualidad los apresados políticos se encuentran distribuidos en los diferentes centros penitenciarios de Ramo Verde, La Pica, Uribana, Tocuyito, Santa Ana, Tocoron, sedes del Sebin como El Helicoide y La Tumba, incluso en arresto domiciliario.
“La situación de los presos políticos en las cárceles obviamente es más grave, porque ellos están presos por pensar diferente, por no estar de acuerdo al régimen. Ellos no están presos por haber cometido algún delito, simplemente por pensar diferente”, explicó Carlos Nieto Palma, director de Una Venta a la Libertad.
Por otro lado, Nieto Palma aseguró que mas del 70% de los privados de libertad tiene un retardo procesal es aun mas escandaloso y que “en el caso de los presos políticos es muy grave aun”.
Muerte de Albán liberó a Lorent Saleh
El viernes 5 de octubre, a su llegada de Estados Unidos, funcionarios del Sebin detuvieron al Concejal Fernando Albán, en relación al atentado fallido contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto en un acto público.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol, había informado que Albán estaba siendo llevado a su audiencia de presentación cuando presuntamente fue al baño y se lanzó al vació por una ventana del piso 10 de la sede del Sebin, Plaza Venezuela, conocida como «La Tumba».
Al respecto, Reverol dijo que se designó al subdirector del Cicpc y un equipo del Ministerio Público para investigar este incidente.
Uno de sus abogados, Rafael Aguilar, aseguró que tuvo contacto con el edil luego de ser detenido en los tribunales, dijo que aunque no lo maltrataron, lo presionaron para que acusara a dirigentes de Primero Justicia, en especial a Julio Borges del atentado contra Maduro.
La muerte de Albán fue uno de los casos mas fuertes después de la muerte de Oscar Pérez, por lo que tanto la comunidad internacional como los organismos nacionales han exigido que se le haga una exhumación imparcial al cadaver del edil para determinar cual fue el verdadero sucesos de su muerte, puesto que un fuerte rumor señalaba a que fue asfixiado y torturado por la policía política del país.
Luego de la muerte del concejal y preso político Fernando Albán, hecho que conmocionó al país y que el gobierno venezolano cataloga de “suicidio”, el 12 de octubre, Lorent Saleh fue liberado y desterrado a España
A su llegada a España, Larry Devoe, miembro de la Comisión de la Verdad de la ANC y Representante de Venezuela ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, se comunicó con Saleh. Le dijo que “se iniciaría una nueva etapa en su proceso”, sin darle más detalles. Mientras tanto, Theresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, insiste en en que la decisión de liberar y desterrar al dirigente político “(…) no tiene que ver nada con lo jurídico, sino que es una decisión netamente política”.
Saleh quien fue liberado recientemente paso cuatro años preso y nunca se le realizó una audiencia preliminar que es el comienzo del proceso judicial donde se va a decidir si se le va abrir un juicio o no. “A Lorent le difirieron la audiencia como 60 veces”, aseguró el Nieto Palma al describir que la gran mayoría de los casos de los privados de libertad se encuentran en un completo limbo judicial.
De acuerdo con el informe del Foro Penal publicados este 24 de diciembre destacó que un total de 278 presos políticos pasaron las navidades encerrados.
La lista actualizada del número de privados de libertad fue enviada y certificada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Entre esos detenidos se encuentra el doctor José Alberto Marulanda, el doctor William Aguado, el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, el reportero alemán Billy Six, entro otros ciudadanos que integran esta lista de apresado por causas políticas.
Solicitud a Bachelet
Pese ha todos estos escenarios de persecuciones y detenciones a dirigentes políticos y ciudadanos comunes, sus familiares han denunciado ante la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), en Caracas, para pedir la presencia en el país de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
El 27 de septiembre pasado, la ONU, aprobó una resolución en la que se le solicita a Bachelet que prepare un informe “exhaustivo” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Desde entonces, el grupo de familiares, entre los que se encuentra Lilian Tintori, la esposa del político bajo arresto domiciliario, Leopoldo López, han manifestado semanalmente para exigir que Bachelet visite personalmente a Venezuela para constatar “cómo se violan los derechos humanos”.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU ya ha realizado dos informes sobre las violaciones de derechos humanos registrados en Venezuela. Sin embargo, en ambas ocasiones el gobierno de Maduro negó al organismo el acceso al país para poder realizar las investigaciones correspondientes.
A pesar de esto, el presidente Nicolás Maduro manifestó mediante un comunicado que la alta Comisionada puede visitar a Venezuela cuando guste.
«El Presidente Maduro invita a la Alta Comisionada Bachelet a observar y conocer al detalle, las repercusiones negativas que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por factores adversos a Venezuela, han tenido contra los derechos humanos del pueblo venezolano», reza el documento.
