En 2018 Colombia se negó a la paz

Cuando el 24 de noviembre de 2016 el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, Rodrigo Londoño, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo de Paz dar fin a más de 50 años de guerra interna, tras seis años de discusiones en La Habana, el mundo aplaudió el histórico paso.

Dicho conflicto causó 8,5 millones de víctimas entre muertos, heridos, secuestrados, desplazados y desaparecidos.

La alegría era particular porque unas semanas antes, el referéndum para legitimar el acuerdo de paz propuesto por Santos había recibido la negativa de la mayoría de los votantes. Rechazo impulsado por el ex presidente Álvaro Uribe, lo que obligó a hacer algunos cambios de última hora a lo acordado en Cuba, para poder darle la rúbrica final a pacto.

Hasta ese momento había grandes esperanzas en que se concretaría la anhelada paz.

Incluso, las elecciones realizadas en 2017, las primeras desarrolladas en un ambiente post conflicto bélico, tuvieron una participación récord y en forma inédita un candidato de la izquierda, Gustavo Petro, disputó la Presidencia en segunda vuelta electoral, en la que resultó ganador el delfín de Uribe, Iván Duque.

Pero, pronto las sombras oscurecieron el panorama. La dupla Duque-Uribe prometió realizar profundos cambios al acuerdo de La Habana, pues consideran que otorgan muchas ventajas a los insurgentes y, a estas alturas del 2018, muchos sectores hablan del fracaso del pacto entre el gobierno y la ex guerrilla.

Récord de crímenes

Son varias las razones para pensar en ello. La principal está referida a que el Estado colombiano no está comprometido con los acuerdos de paz, entre otras razones por la cantidad récord de asesinatos contra líderes sociales y activistas defensores de los derechos humanos.

Hay varias organizaciones que llevan la contabilidad de las víctimas fatales las cuales manejan distintas cifras, pero todas coinciden en que son altas y van contra lo pactado entre el Gobierno y la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido derivado de la guerrilla homónima tras lo pactado en La Habana.

Según la Defensoría del Pueblo, en informe presentado este 27 de diciembre, el 2018 que está por terminar ha sido el más violento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia: 164 fueron asesinados por parte de grupos armados ilegales ante la falta de presencia del Gobierno, que flaquea en la implementación del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con cifras del organismo público, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de noviembre pasado un total de 423 líderes fueron ultimados en el país, «siendo el 2018 en el que mayor número de homicidios se han cometido (164), luego el 2016 (133) y el 2017 (126)», reseñó Sputnik.

Las cifras del ente dan cuenta de que los más afectados son los líderes dedicados a trabajos comunales, de los cuales han sido asesinados 62, seguidos por los campesinos (26), comunitarios (22) e indígenas (21), entre otros.

Según datos del mismo Gobierno, más de 300 líderes sociales han sido asesinados en el país luego de la firma en noviembre de 2016.

Por su parte, la organización pro DDHH Marcha Patriótica afirma que hasta noviembre de 2018, 219 líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Y los crímenes de este tipo durante la gestión de Duque superan los 80.

La contabilidad de organizaciones comunitarias incluso reportan 492 líderes sociales asesinados desde el 2016.

“En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) se cuentan 92 indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, 42 de los cuales se han cometido desde que inició el gobierno de Iván Duque», el pasado 7 de agosto, dijo el senador indígena Feliciano Valencia al diario local El Espectador.

El partido Farc tiene su propia cuenta: 84 los ex guerrilleros y familiares asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, «sin que hasta el momento haya muestra de mayor interés por parte de las autoridades para tratar de esclarecer las causas y responsables de los mismos», afirmó la organización política en un comunicado de noviembre de este año.

Para la Defensoría, la situación de los líderes sociales es aún más aguda en el departamento del Cauca (suroeste), donde este año han sido asesinados 30 de ellos, mientras que en Antioquia (noroeste) los asesinatos ascienden a 24, Norte de Santander (nordeste) a 18, Valle del Cauca (suroeste) a 12, Nariño (suroeste) a 11 y Meta (centro) a 10, por citar solo algunos.

De acuerdo con las comunidades, entre los responsables las amenazas y asesinatos están el grupo armado ilegal Águilas Negras (disidencia del paramilitarismo), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo ilegal Ejército de Liberación Popular, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Razones

Como ya se mencionó, la razón principal que argumentan los organismos defensores de los derechos humanos que denuncian tales crímenes es el poco compromiso de los organismos del Estado colombiano encargados de dar cumplimiento a los acuerdos de paz.

Entre lo suscrito está la devolución de millones de hectáreas a los campesinos para la sustitución de los cultivos ilegales y el desarrollo de proyectos productivos.

Pero, los líderes sociales defienden sus tierras frente al avance los cultivos ilícitos, ya que porciones de ellas integran programas estatales de sustitución de los mismos, frente a lo cual se oponen los grupos armados, que a su vez buscan dominar las hectáreas y hacerse con rutas del narcotráfico.

Además, se aprobó la incorporación de la ex guerrilla a la vida política. La extinta Farc, tras pedir perdón a las víctimas por los daños ocasionados tras décadas de conflicto, desmovilizó a 7 mil insurgentes, entregó armas, dinero, tierras y propiedades, y contribuyó con el proceso de desminado del país, para honrar su parte de los acuerdos.

No obstante, entre grupos armados se ha intensificado la violencia luego de esta desmovilización de la guerrilla que abandonó los territorios que ahora se disputan tales grupos y que dejan a los líderes sociales en medio del conflicto.

Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) señalan que en Colombia la siembra de cultivos ilícitos se incrementó 17 por ciento entre 2016 y 2017, por lo que al final de ese año se contabilizaron 171.000 hectáreas de matas de coca, refirió Sputnik.

El Estado colombiano tampoco ha avanzado en el desmontaje de los grupos paramilitares, responsables de muchos de los asesinatos a líderes sociales, cuya existencia es negada por las autoridades, quienes prefieren llamarlos Bacrim (bandas criminales).

Compromisos internacionales

El incumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana no solo tiene rechazo en Colombia por la violencia interna que aún genera y en los países vecinos, como Venezuela y Ecuador que sufren los efectos del desplazamiento de las víctimas del conflicto, sino en el resto de la comunidad internacional.

El Estado colombiano asumió compromisos externos, incluso monetarios, al firmar la paz con las Farc. La UE creó en diciembre de 2016 un Fondo Europeo para la Paz en Colombia que cuenta con cerca de 250.000 millones de pesos (79,4 millones de dólares) gracias a las contribuciones de la Comisión Europea y de 19 Estados miembros.

Monto que fue incrementado recientemente según anunció el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, quien visitó Colombia a inicios de diciembre para conocer de primera mano las iniciativas de la Unión Europea y del Gobierno colombiano en materia de desarrollo rural en el país y la implementación del acuerdo de paz.

Entre sus objetivos está el de apoyar a Colombia en el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y la reincorporación social y económica de las víctimas y excombatientes.

En la actualidad Europa coopera en 51 municipios de 11 departamentos con el objetivo de apoyar el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y la reincorporación de los excombatientes de la guerrilla.

Debido al incumplimiento de los acuerdos, el líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, envió en noviembre una misiva al jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, para solicitarle su intervención.

«Han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular en lo tocante al tema del acceso a la tierra», sostuvo Londoño.

Además le instó a que intervenga para proporcionar el «acceso a tierras para los ex guerrilleros siguiendo los procedimientos ya identificados en el Consejo Nacional de Reincorporación».

Plan contra los crímenes

Debido a los compromisos que tiene Colombia ante la UE y los altos índices de criminalidad contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos y ex guerrilleros que ponen en riesgo los acuerdos de La Habana y la paz misma, el alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, presentó a finales de noviembre en Ginebra los alcances del Sistema de Protección Integral para Líderes Sociales, mediante el cual se busca prevenir y disminuir las amenazas y muertes de defensores de derechos humanos en el país.

A su vez, a mediados del mismo mes, el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el decreto que crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO), el cual permitirá afrontar los crímenes contra los líderes sociales desde la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares.

Son muchas las esperanzas que mantienen frente a la materialización de la paz en Colombia, principalmente por parte de las víctimas, las antiguas y las nuevas.