Monopolio y regulación del servicio eléctrico
Lo primero que se enseña en cualquier curso de economía del servicio eléctrico es que se trata de un monopolio natural. Un cliente en una localidad cualquiera tiene que calarse a una sola empresa prestadora del servicio, no tiene opción. La teoría también dice que un monopolio está en capacidad de abusar de su clientela, asociando la palabra “abusar” con colocar los precios a su criterio, por encima del óptimo económico. Sin embargo, en la vida cotidiana, el abuso va mucho más lejos y se extiende a la atención al cliente y a la calidad del servicio. Es un error pensar que las distorsiones asociadas a la condición monopolista son exclusivas de la empresa privada, de hecho, son abundantes los ejemplos de abusos de los monopolios públicos contra sus clientes.
Por fortuna la vacuna contra la distorsión se inventó hace ya mucho tiempo y se llama regulación. Ante una situación de monopolio la regulación es imprescindible y es una responsabilidad del estado en su carácter de representante del interés colectivo. Entre sus tareas está la definición del contrato de concesión y su administración, defendiendo los deberes y derechos tanto del prestador del servicio como de los clientes; la revisión y autorización de precios y tarifas del servicio y también la definición de las áreas de utilidad pública necesarias su prestación. Pero por encima de todo está la visión de largo plazo en concordancia con el resto de las autoridades.
Cuando la regulación funciona adecuadamente los monopolios llegan a convertirse en servidores públicos maravillosos. Se logra una identidad entre la empresa y la ciudad o la región, con un personal comprometido con la calidad del servicio. También aquí se pueden encontrar numerosos ejemplos, tanto en empresas públicas como privadas. Se puede afirmar que en la actividad de generar, transmitir y distribuir electricidad no hay empresas malas sino malos reguladores.
Pero lograr una buena regulación no es fácil. Las tentaciones populistas y los intereses políticos inmediatistas atentan contra ella. La primera condición de una buena regulación es la independencia, tanto de los intereses políticos inmediatos como de las empresas de servicio. Por supuesto que dicha independencia implica autoridad, capacidad para tomar decisiones. Una segunda condición es la estabilidad laboral y la capacitación, la actividad regulatoria requiere profesionalismo y para ello es necesario desarrollar la carrera de regulador.
La experiencia venezolana en el campo regulatorio es decepcionante. Salvo contadas excepciones sin solución de continuidad nuestros reguladores han sido siempre marionetas al servicio del gobierno de turno. La tradición ha sido utilizar a las empresas prestadoras del servicio para hacer populismo, a costa de la calidad del servicio y la solidez empresarial. En este último período revolucionario las cosas no han hecho sino empeorar. Después de un comienzo esperanzador, con una ley que consagraba la figura del regulador, aunque sin garantía de independencia, las autoridades desconocieron la ley y anularon por completo la función. Hoy el sector deambula como en un baile de máscaras, en el que todo se confunde. Presidentes de empresa que son a la vez Viceministros del sector, subordinados en puestos directivos de las empresas y confusión de objetivos en las mismas, con la pretensión de estar al servicio de la revolución. Sin comprender que el mejor aporte que puede hacer una empresa al “proceso” es prestar un buen servicio. Todo es confusión y caos, mientras la calidad de nuestro servicio eléctrico se deteriora.
