El INDECU y la pérdida de su norte regulatorio
Con solo buenas intenciones no se consiguen resultados. Utilizar las instituciones públicas idóneas, así como los mecanismos e instrumentos de políticas públicas correctas resultan no solo necesarios para alcanzar ciertos objetivos sociales que la Administración Pública pueda trazarse, sino que igualmente garantizaría alcanzar los objetivos regulatorios en el menor tiempo posible y sin efectos colaterales, que en ocasiones superan los supuestos beneficios de las acciones públicas.
El desconocimiento sobre los objetivos regulatorios que cada tipo de Ley persigue, y por tanto cuáles son las instituciones competentes creadas por para resguardar tales objetivos regulatorios, ha estado creando un absoluto caos, barreras legales y destrucción de incentivos en la economía venezolana.
Lamentablemente, los directivos y presidentes de entes regulatorios, por formar parte de cargos de confianza, son designados a dedo por su cercanía personal o ideológica con el líder supremo. El INDECU que durante años, incluso antes de la tan promocionada revolución desempeñó funciones importantes y destacó por medio de casos puntuales interesantes, en la actualidad está siendo utilizada como aparato propagandístico, y en el mejor de los casos ha sido desdeñada su función de protección al consumidor, para darle paso a un objetivo regulatorio de redistribución. En ese sentido, parece que no hará falta el SENIAT o que el trabajo que esta institución desempeña es tremendamente deficiente, ya que tenemos en la actualidad al INDECU cumpliendo funciones redistributivas y de equidad.
Los objetivos regulatorios de instituciones como el INDECU se encuentran bien definidos. Incorporar otros objetivos regulatorios, distintos a los que verdaderamente corresponden a estas instituciones regulatorias, genera conflictos de intereses regulatorios que restan operatividad y función social a estas instituciones. Esta importantísima instancia regulatoria posee como objetivos regulatorios (con cierta diferenciación entre ellas) a la eficiencia económica y a la lealtad ante el consumidor por parte de los empresarios. Imponer objetivos de equidad y redistribución constituye un error, toda vez que existen instancias, mecanismos e instrumentos de políticas, como la política fiscal para corregir problemas de equidad. Luego, la tan aclamada inclusión social sigue esperando, para elevar las posibilidades de inserción de los jóvenes venezolanos al aparato productivo nacional y mejorar sus condiciones económicas-sociales.
El corto-placismo electorero –por cierto, casi todos los años unas elecciones- no puede desatar una estrategia efectista que distraiga a los responsables de cada instancia pública de su labor de proteger sus objetivos regulatorios específicos.
El pueblo venezolano ha visto desincorporar de muchas instancias competentes al objetivo regulatorio conocido como la EFICIENCIA ECONÓMICA, la cual garantizaría la utilización más eficiente de los recursos disponibles, lo que a su vez implica una mayor base económica para la inserción económica-social y para eventuales políticas fiscales que persigan objetivos redistributivos.
Así las cosas, la eficiencia productiva parece preocupar poco a la actual Gestión de Gobierno, situación lamentable porque esta constituye un bien social y por tanto constituye materia de interés público.
Economista UCV.
Master en Economía Industrial.
Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones.
Especialización en Economía del Sector Energía.
Especialización en Economía del Sector Transporte.
Especialización en Economía del Sector Farmacia.
Universidad Carlos III de Madrid.
Master in Competition and Market Regulation (con especialización en los sectores, Banca, Agua, Transporte, Telecomunicaciones y Energía).
Barcelona Graduate School of Economics (Universidad Pompeu-Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, CREI).
Programa Avanzado en Política de Competencia
Instituto de Empresas.
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica
