La Sociedad Civil y el ANÁLISIS REGULATORIO
En un país donde el papel que juega el Estado, y particularmente el que desempeña el Gobierno sobre la economía resultan extremadamente relevantes, se requiere de una conciencia económica y regulatoria que permita cuando menos servir de barrera institucional informal en contra de discrecionalidades públicas, burocratizaciones, captura del regulador, gastos innecesarios en lobbying, corruptelas y el despilfarro de los recursos públicos. Un mínimo de conocimiento por parte no solo de los funcionarios públicos, sino igualmente por parte de los ciudadanos sobre, hasta que punto resulta necesaria la intervención pública en el ámbito económico, podría fungir de barrera técnica y moral, así como mecanismo de contraloría social para evitar que los incentivos nocivos a hacer uso irresponsable de la renta petrolera y del aparato gubernamental se concreten.
Esta cultura y mínimo de conocimiento sobre cuándo se justifica una intervención pública que garantice el sostenimiento de los más altos niveles de bienestar social, harían de la población unos residual claimants de la renta petrolera y de un alto nivel de bienestar potencial.
En este sentido, las numerosas ONG´s, la sociedad civil organizada, los estudiantes y las asociaciones de usuarios y consumidores, requieren de cierta experticia sobre cuáles fallas en la economía justificarían una intervención del Estado, y cuál sería la naturaleza de tal intervención. Una vez que la existencia de esta red civil subsana uno de los mayores costos que enfrenta la sociedad a la hora de encarar los problemas que la aquejan –los costos de organización-, el siguiente paso es conocer con cierto nivel de profundidad, cuáles son los fundamentos para la intervención pública en la economía y sus límites.
Así las cosas, sería útil un espacio público en el cual se ventilen cuáles son aquellas fallas de mercado que alejan a la sociedad de su nivel potencial de eficiencia económica de primer grado. Luego, se requeriría de cierto conocimiento de qué tipos de intervenciones públicas, correcciones y regulaciones podrían retornar a la sociedad a la senda de mayor bienestar posible. La idea anterior pasa por admitir que pueden existir situaciones en las cuales las intervenciones solo generarían un second best, y/o incluso que las intervenciones públicas generarían más distorsiones que correcciones.
De esta manera, este espacio público de discusión, que podríamos bautizar con el título de Análisis Regulatorio</I, cumpliría una labor de formación de ciudadanos sobre cuáles son las situaciones de fallas de mercado que verdaderamente justifican una intervención pública y cómo deben evitarse las fallas de Gobierno derivadas del hecho de que las intervenciones públicas podrían perseguir intereses personales, grupales o incluso electorales y no colectivos.
Los fundamentos teóricos sobre las justificadas intervenciones públicas, podrían servir de marco básico conceptual, por lo que se requeriría de un conocimiento casi obligatorio por parte de los funcionarios públicos de herramientas de análisis coste-beneficio y de economía forense para identificar y cuantificar efectivamente el impacto no solo de las fallas de mercado, sino asimismo el impacto de las eventuales políticas públicas correctivas y de las intervenciones regulatorias.
Los hogares y los consumidores pueden encontrarse expuestos a numerosas lesiones derivadas de fallas de mercado, del despliegue de prácticas restrictivas a la competencia, de prácticas desleales y de las propias fallas de Gobierno. Entendemos que la labor que puedan desempeñar estas formas organizacionales de la sociedad civil podría ser relevante. Sin embargo, la traducción de buenas intenciones a acciones atinadas que efectivamente apunten a los objetivos sociales buscados requiere de conocimiento sobre cómo funciona la economía y los mercados, y cómo, eventualmente, deben ser diseñados los instrumentos regulatorios que corrijan ciertas fallas y eviten lesiones a la sociedad en su conjunto.
Es así como las labores que desempeñarían organizaciones como las asociaciones de usuarios y consumidores, requieren de un cuerpo técnico independiente que enriquezca el espacio de discusión y de Análisis Regulatorio, con lo que se evitaría introducir mayores fallas o efectos colaterales negativos de decisiones y clamores desatinados.
