2018: La ultraderecha llega al poder con Bolsonaro el mismo año que Lula fue preso
La grave crisis política en que está sumergido Brasil desde hace años se prolongó en 2018, que acaba con el ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente electo y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel por corrupción.
La prisión de Lula, uno de los líderes más populares del país, y la irrupción de la ultraderecha que lidera el polémico capitán de la reserva del Ejército convulsionaron el escenario político y fueron los hilos conductores de la campaña para las elecciones de octubre pasado, unas de las más polarizadas que se recuerden en Brasil.
Lula pretendía volver al poder que ejerció entre 2003 y 2010 con el Partido de los Trabajadores (PT) y sus intenciones eran avaladas por encuestas que le atribuían hasta un 40 % de los apoyos.
Sin embargo, se le cruzaron los tribunales, que en segunda instancia confirmaron su condena y aumentaron a doce años la pena de nueve años que ya le había impuesto el juez Sergio Moro, quien por su actuación contra la corrupción pasó a ser visto por buena parte de la sociedad como un «paladín» de la justicia.
La confirmación de la condena llevó a que Lula fuera encarcelado en abril, después de dos días de «resistencia» atrincherado en un sindicato, y comenzó a reforzar la imagen de Bolsonaro, que desde un inicio se presentó como candidato presidencial «antiPT» y sobre todo contra la corrupción que había manchado a ese partido y a su líder.
Aferrado a las encuestas y decidido a defender su «inocencia», el PT postuló a Lula para la Presidencia, aún cuando su condición de preso y condenado en segunda instancia lo impedían, a la luz de una norma sancionada por él mismo cuando estaba en el poder.
En abierto desafío a la Justicia, el PT llevó la candidatura de Lula hasta último momento, lo cual causó una división de las fuerzas progresistas que comenzó a beneficiar a Bolsonaro, polémico defensor del supuesto «orden» que imperaba en la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
El desgaste de la izquierda fue creciente y se hizo más evidente cuando la Justicia finalmente vetó la candidatura de Lula, quien fue reemplazado como abanderado del PT por Fernando Haddad, exministro de Educación de perfil intelectual y poco roce con las masas.
Para entonces, Bolsonaro ya se afianzaba en los sondeos, pero terminó de despuntar cuando, el pasado 6 de septiembre, fue víctima de un atentado en medio de un mitin electoral.
Un hombre se le acercó en medio de una multitud y le asestó una puñalada que le causó graves heridas en el abdomen, por las cuales fue operado dos veces, permaneció hospitalizado 23 días y suspendió su campaña en las calles.
Bolsonaro cambió el contacto directo con sus electores por las redes sociales, en las que fue el candidato más activo, y ganó la primera vuelta del 7 de octubre con un 46 %, frente al 29 % que obtuvo Haddad, a quien siempre se refirió como el «mandado de Lula».
En la segunda vuelta, tres semanas después, el ultraderechista se impuso con un 55 %, un resultado que todos los analistas atribuyeron sobre todo al rechazo que el PT y Lula concitaron por sus vínculos con prácticas corruptas.
La alergia que generó la corrupción respecto al PT y Lula superó hasta la antipatía que Bolsonaro causó con encendidas declaraciones de corte machista, racista, homófobo y xenófobo, ignoradas por un electorado que se volcó en las urnas contra todos los partidos tradicionales, que fueron barridos por la emergente ultraderecha.
Bolsonaro asumirá el poder el próximo 1 de enero, arropado por un gabinete en su mayoría integrado por personal de las Fuerzas Armadas o vinculado al Ejército y en el que estará también el juez Moro, a quien ha designado como ministro de Justicia.
La vuelta de los militares al poder, pero ahora a través de unas elecciones democráticas, supondrá una revolución hacia la derecha en la política brasileña, que puede repercutir en toda América Latina.
El nuevo presidente de Brasil pretende llevar a su país hacia una estrecha alianza con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, de quien se declara «admirador»; fortalecer así el peso de la derecha regional y presionar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que considera «oprimidos» por «dictaduras comunistas».
