Garantía de Suministro Eléctrico: Un Bien Social
Tal como el título lo anuncia, en las siguientes líneas se diserta sobre la importancia que puede constituir para la sociedad en su conjunto -entiéndase consumidores residenciales y consumidores comerciales e industriales de electricidad- la garantía de suministro del servicio eléctrico. De hecho, los expertos en energía y en el sector eléctrico suelen plantear, con suficiente razonamiento, que la garantía del suministro eléctrico constituye un bien social.
La aseveración anterior debe ser contextualizada en una era posterior a la liberalización de los servicios públicos que se inició en los años 80 cuando las administraciones públicas carecían de instituciones de accountability, resultando ineficientes en sus “funciones” de empresarios prestadores de servicios públicos.
A partir de los años ochenta, presionada por la ineficiencia pública y por el pensamiento económico imperante de la época, una gran parte del mundo incursionó en procesos de liberalización y privatización. En 1982 aparece publicado uno de los trabajos más influyentes para la época, así como para épocas posteriores, titulado la “Contestabilidad” de los mercados y la teoría de la estructura industrial, escrito por William Baumol y que pretendía exponer como los mercados con reducidas barreras de entrada pueden replicar a la perfección los desempeños de los mercados considerados benchmark para la época: la competencia perfecta. Este enfoque, suscrito por académicos como Richard Posner, entre otros, planteaba que el mercado podría autoregularse y que incluso constituiría un despilfarro de recursos las intervenciones públicas.
Así las cosas, basados en los preceptos enarbolados por la escuela de Chicago, los procesos de privatización y liberalización, buscaban sincerar las estructuras de costos y tarifas, reducir las cargas públicas sobre los contribuyentes y alcanzar la eficiencia económica (aquellos demandantes que tienen acceso poseen disponibilidades de pago superiores a los costos de generar los bienes y servicios). Incluso la escuela de Harvard sobre el accountability apoyaba, de igual manera, un proceso de privatización que “amarrara” las manos a la gestión pública de adentrarse en proyectos productivos con el riesgo de hacerlo ineficientemente.
Transcurrido suficiente tiempo desde el inicio de los procesos de privatización, los resultados y desempeños en los distintos sectores (eléctrico, telecomunicaciones, transporte, etc.), así como en los distintos países que adelantaran tales políticas resultaron variopintos.
En casi la totalidad de lo casos de liberalización en el sector telecomunicaciones los resultados fueron positivos, una vez que se produjo reducciones en las tarifas, mayor competencia y por tanto mayor accesibilidad por parte de la demanda hasta la fecha insatisfecha (especialmente en el mercado móvil y llamadas internacionales ya que la telefonía fija tiende a continuar siendo un monopolio natural).
En el caso del transporte aéreo los resultados fueron positivamente contundentes, aunado a cambios profundos en la logística y en los modelos de negocio, especialmente por medio de la adopción de modelos de Nodos y Radios (Hubs and Spokes), las alianzas y las aerolíneas de bajo costo.
Sin embargo, en el sector eléctrico, los resultados no fueron únicos ni concluyentes sobre la efectividad del proceso de privatización y liberalización.
Aun así y en defensa de los procesos de privatización y liberalización que resultaron exitosos, debe resaltarse que una serie de factores confluyeron para que el desempeño de este proceso de privatización y liberalización en el sector eléctrico no fuese siempre exitoso. Entre estos factores debe considerarse que la mayoría de los prestadores de servicios de electricidad ofrecían fuertes subsidios que imposibilitaban desde el punto de vista político que la sinceración de las tarifas se tradujese en apoyo popular. Más recientemente, se ha profundizado en la investigación académica sobre como las matrices tecnológicas en mercados tipo pool, donde la tecnología marginal fija el precio, permite ejercer cierto poder de mercado –en términos de mark-up- por parte de las tecnologías de reducidos costos marginales (los generados atómicos especialmente).
Luego, una de las preocupaciones públicas más relevantes lo constituyó y lo sigue constituyendo, como incentivar a los operadores privados para que mantengan capacidades instaladas o expandan su capacidad generadora, si la nueva demanda podría ser no muy cuantiosa. Lo anterior, levantó la preocupación sobre la garantía del suministro como un bien social que debería ser resguardado. Fue así como varias alternativas fueron desarrolladas, desde clientes desconectables que sacrificarían su suministro constante por tarifas preferenciales, hasta la remuneración de capacidad ociosa a aquellos operadores-generadores que inviertan para garantizar el suministro, especialmente en las expansiones del pico de demanda.
Asimismo, se diseñaron esquemas de remuneración de los costos marginales de largo plazo, de manera tal de poder hacer viable la incorporación de nueva generación y suministro y proteger lo que se entiende es un bien social que en ocasiones podría no estar alineado con intereses privados de rentabilidad. Destaca el hecho de que han aparecido mecanismos de remuneración a los privados para que mantengan y garanticen el suministro realizando inversiones de expansión en sus capacidades generadoras.
Ahora bien, en Venezuela la garantía de suministro del servicio eléctrico se ha convertido en todo un tema de preocupación social. Lo verdaderamente contrastante es que el sistema eléctrico en Venezuela ha pasado a manos del Estado y éste como “agente” o representante de los ciudadanos debería estar más que en sintonía sobre la importancia de este bien social (la garantía de suministro eléctrico).
La realidad Venezolana ha superado todo lo que pueda decirse e insinuarse sobre el problema agente-principal entre el Estado y el pueblo, así como sobre las fallas de Gobierno y los riesgos de burocratización e ineficiencias, temas tratados por la economía positiva. En esta ocasión la economía normativa que plantearía que el Estado maximizaría la función objetivo social en una mejor forma que un privado ha sido pulverizada por la realidad sobre como efectivamente terminará actuando el Estado, en ocasiones de espalda del pueblo al cual representa (al menos en lo que a resultados eficientes se refiere).
Resulta loable la iniciativa de ANAUCO de solicitar los reparos por daños y perjuicios causados por los sucesivos apagones a quienes son responsables de esta nueva, frecuente y lamentable sucesión de eventos en el sector eléctrico venezolano. Asimismo, debe plantearse la necesidad de crear mecanismos de incentivo o la garantía de actividades que certifiquen la continuidad en el suministro de la energía eléctrica.
