China adoptará el Pacto Migratorio de la ONU de acuerdo con sus «condiciones»
China anunció este martes que adoptará el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU) aprobado el lunes en la ciudad marroquí de Marrakech «siguiendo sus leyes y condiciones domésticas».
«El Pacto proveerá un marco de trabajo de cooperación global que ayudará a abordar el fenómeno de la inmigración», dijo hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kang, en una rueda de prensa en Pekín.
El Gobierno chino señaló que participó en la negociación de los 23 principios generales que cada país se compromete a respetar en el desarrollo de sus políticas migratorias nacionales, aunque China implementará el acuerdo «de modo voluntario y según sus leyes», puesto que «no es un tratado y no es jurídicamente vinculante.
«Pedimos que se protejan los derechos legítimos y asuntos de los inmigrantes, y también que se diferencie entre refugiados e inmigrantes, y entre inmigrantes regulares e irregulares», subrayó Lu.
China, añadió el portavoz, «hará esfuerzos» para jugar un papel positivo en materia de inmigración dentro de los marcos de trabajo que establezca la comunidad internacional.
Más de 150 países suscribieron el Pacto Migratorio, que garantiza «el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional», dijo ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El texto garantiza «el derecho soberano de los Estados a determinar sus políticas de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional», según el secretario general.
Países, sobre todo receptores de emigrantes, como Australia, Chile, Italia, Israel y un numeroso grupo de los centroeuropeos se han retirado del pacto en las pasadas semanas y hasta el domingo, mientras que Estados Unidos se opuso a él desde el principio.
Los principales argumentos de estos países es que el acuerdo, pese a su carácter no vinculante, puede generar compromisos políticos en detrimento de la soberanía de los Estados, además de que no establece una diferencia entre inmigrantes regulares e irregulares.
