Oficialismo activa de nuevo sus maquinarias para ganar las elecciones del 9-D
Una vez más el oficialismo activa sus maquinarias 1×10, 4×4, puntos rojos y bonificaciones para atraer los votantes. Esta vez, en la jornada electoral de este domingo 9 de diciembre se elegirán los concejales que representaran a cada municipio del país, por lo que un total 20.531.039 electores están llamados a sufragar en todo el territorio nacional.
Tal parece que para las elecciones de este domingo habrá poca participación debido a que la mayoría de los ciudadanos coinciden que no participarán en estos comicios porque desconocen al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, pese a la gran abstención que se prevé los partidos del oficialismo ya se encuentran organizando a los posibles votantes desde las comunidades y entes gubernamentales para que participen activamente en esta jornada.
Como en todo proceso electoral cada sector político o candidato tiene la responsabilidad de ganarse la confianza de la población para así lograr recolectar la mayor votación. En el caso del oficialismo, además de su campaña electoral, han desarrollado varias estrategias para lograr la el mayor número de electores.
De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se ha denunciado desde hace algún tiempo que el oficialismo ejerce presión sobre los empleados de instituciones y empresas públicas para que vayan a votar y para que cumplan adicionalmente con listados 1×10, una estrategia de movilización implementada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esto significa que, especialmente en períodos electorales, la división entre el partido y el Gobierno es cada vez más difusa.
“La amenaza sigue latente para estas elecciones y termina siendo más fuerte en unas instituciones que otras, así como en unas elecciones más que en otras. Sin embargo, es importante destacar que no hay reportes de que se ha castigado masivamente con despido a los trabajadores públicos como represalia por no haber ejercido su derecho al voto en las últimas cuatro elecciones”, dijo la OEV.
Más que amenazados son chantajeados
Una trabajadora del Ministerio de las Comunas que pidió no ser identificada señaló que para las jornadas electorales “somos chantajeados para salir a votar por ellos para no perder nuestro trabajo. Y como la situación no está muy bueno no nos podemos dar el lujo de renunciar y buscar otro trabajo, no me queda otra oposición que hacer lo que ellos digan”.
Nina Guzmán, trabaja como personal de mantenimiento en la universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y aseguró que a los trabajadores de esta casa de estudios los convocan a votar, pero ello no lo hace. “Yo solo he votado 2 veces en mi vida cuando Chávez y Capriles, y cuando Maduro y Capriles, quiero que este Gobierno se vaya, nos tiene pasando hambre. Mi tercer voto será el que vencerá, porque con ese voto sacaremos por fin a Maduro con todo y esta tragedia”.
Johan Marchan trabaja en un ente adscrito al Ministerio de Alimentación y expresó que “a los trabajadores de los ministerios siempre nos tienen monitoreados (…) Nos mandan a votar, luego de votar nos exigen que les enviemos nuestro número de cédula para verificar si votamos, nos obligan hacer el 1×10, nos obligan a marchar sino nos pagan como si fuera un día de trabajo, a veces nos mandan a tomarnos fotos con etiquetas para montarlas en las redes y decir que estamos trabajando por la patria, eso ha sido así siempre.”
Por su parte, Carlos Vallejo, ex trabajador de Corpoelec, aseguró que “el gobierno siempre ha obligado a los trabajadores públicos. Juegan con nosotros siempre les demostramos nuestro a apoyo en las elecciones y ahora ellos nos mal pagan, por eso renuncie, no me iba a estar calando sus chantajes, si me iban a despedir o no si no iba a votar, preferí renunciar antes que me despidieran. Eso no es vida.”
Pensaba no ir a votar en las elecciones de concejales del 9-D, pero al ver lo que hicieron con los estudiantes de la Universidades de Carabobo, decidí cumplir con mi deber. El gobierno quiere desmovilizarnos y ganar espacio. Hay que hacer lo contrario #NoTeRegaloMiVoto
— Rafael León (@RLeon_9) November 28, 2018
DIOS santo sera que en la alcaldia de guacara edo carabobo no se han enterado que naranjillo esta ahogada en aguas de cloacas? el alcalde no nos visita desde las elecciones de alcalde y los candidatos del 9 d ni los conocemos pero si esperan que vallamos a votar
— Maritza Zarraga (@MaritzaZarraga) November 11, 2018
En las últimas jornadas electorales el Gobierno ha habilitado unidades de transporte para trasladar a los electores a centros de votación más cercanos del lugar donde reside o que estén dentro del mismo municipio así no sea el colegio donde sufrague.
Al respecto, el observatorio electoral sostuvo que la ley prohíbe expresamente la utilización de recursos públicos durante la campaña electoral y, sobre todo, el día de la votación. Pese a esto, el ventajismo de Estado es cada vez más evidente en cuanto al traslado de electores con vehículos pertenecientes a instituciones del Estado (tanto del Gobierno central, como de gobernaciones y alcaldías).
El simulacro se convirtió en un acercamiento al 9-D
El reciente simulacro que se llevó a cabo el 11 de noviembre dio expectativas positivas para el oficialismo, a pesar de la baja participación de ciudadanos en los centros, estos no dejaron de escanear sus respectivas carnés en los puntos rojos ubicados a pocos metros del lugar.
El simulacro se convirtió en un primer acercamiento de lo que podría resultar el próximo 9-D. De acuerdo a la evaluación realizada por el OEV, “se apreció una concurrencia importante pero, en general, principalmente oficialista, caracterizada por el ventajismo del partido de gobierno con la instalación de puntos rojos en las cercanías de los centros. Ciertamente, la concurrencia a este evento será principalmente oficialista”.
Hay que destacar que, debido a una reducción importante en el número de mesas electorales –que pasaron de 40.601 en 2015 a 28.783 para estos comicios– hay altas probabilidades de que se produzca un efecto de “embotellamiento” o congestión, lo que también puede interpretarse como un pronóstico de que el CNE calcula baja asistencia para este evento. Al disminuir el número de mesas, el CNE no sólo dificulta el voto sino que contradice sus propias políticas.
