Por negligencia del Estado, ejecuciones extrajudiciales aumentan en Bolívar
“Ocho nuevos casos de muertes potencialmente ilícitas entre los meses de septiembre y octubre, registró en su último informe el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE) del estado Bolívar, cifra que cuestiona, una vez más, “la carente pericia de las autoridades y funcionarios públicos de esta entidad, quienes violan protocolos internacionales y principios básicos para el tratamiento de reclusos”.
“Las personas privadas de libertad deben ser tratadas con el respeto debido a la dignidad intrínseca a su condición de seres humanos”, señala el nuevo documento. El OEE hace mención a esto debido a que 2 de los 8 casos registrados de ejecuciones extrajudiciales, fueron sobre víctimas que estuvieron bajo custodia del Estado.
Una de las víctimas documentadas fue Oswaldo Rondón, hombre de 39 años que en septiembre falleció en el Hospital Dr. Raúl Leoni, luego de estar privado de libertad en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La causa fue por una presunta “enfermedad”, según información oficial. Pero los familiares denunciaron que supuestamente fue torturado con corrientes eléctricas.
Fuera de la normativa internacional
El Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, exhorta a los Estados Partes a lograr la resolución de estrategias y ejecución de investigaciones apropiadas “metódicas y transparentes”. El texto explica que las ejecuciones extrajudiciales que carecen de averiguaciones eficaces, vulneran los derechos humanos a la vida y a un recurso efectivo.
OEE registró en su segundo informe 15 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en el nuevo documento, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, se suman 8 para hacer un total de 23 supuestos asesinatos a manos de funcionarios desde agosto.
“Se exhorta al Estado a realizar las investigaciones debidas a fin de ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas”, señala el escrito, al mismo tiempo que insta a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales y les recomienda una evaluación de los centros de reclusión “a través de la inspección independiente de profesionales competentes”.
Los organismos actuantes de estos presuntos delitos que violan los derechos humanos, documentados por Codehciu en el OEE, fueron: Cicpc (en 5 casos), Policía del Estado Bolívar (en 1 de los casos), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en 1 de los casos).
Asimismo, el observatorio hace responsable al Ministerio del Poder Popular Para el Servicio Penitenciario por la muerte de 1 recluso en la cárcel de El Dorado por falta de atención médica.
Por otro lado, el documento señala que funcionarios de la Policía del Estado Bolívar presuntamente asesinaron a Ángel Moreno en la parroquia 11 de abril del municipio Caroní.
Estas arbitrariedades están vistas internacionalmente como negligencias del Estado. El protocolo de Minnesota también recuerda la importancia del derecho humano a la vida: “Los Estados, sus órganos y agentes, y aquellos cuyo comportamiento es atribuible al Estado, deben respetar el derecho a la vida y no privar arbitrariamente a ninguna persona de su vida”.
Llamado de atención
El OEE exhorta al Estado a ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas, e insta a los órganos competentes a cumplir con las obligaciones propias de los reglamentos internacionales para identificar muertes potencialmente ilícitas efectuadas por funcionarios.
El observatorio también solicita al Estado a que: “realice una investigación de oficio y de forma urgente de todas las denuncias de familiares desmintiendo las actuaciones de los órganos de seguridad, revisando que en la mayoría tienen la misma forma de actuar y que los familiares desmienten los presuntos enfrentamientos. Evaluando así el gran porcentaje de presuntos enfrentamientos.”
