Viviendas y delirio
El tema de la vivienda es emblemático entre las paradojas de la “revolución”. El propio Presidente de la República, en un raro gesto autocrítico, reconoció que su gobierno fracasó con la vivienda. Sin embargo los revolucionarios hacen lo posible para destruir la capacidad de construir viviendas instalada en el país, acosando y persiguiendo a los promotores e inversionistas privados que son los únicos con la visión y destreza para lograr los objetivos.
A raíz de su pobre desempeño en materia de vivienda el gobierno anunció que realizará en un par de años lo que dejó de hacer en once. Pero con las medidas que ha tomado “afila el cuchillo que cortará su garganta”. Dos ejemplos bastan: La torpe resolución 110 de junio de 2009, a la que se sumó la Ley de INDEPABIS de febrero de 2010. En conjunto, estos instrumentos jurídicos son una especie de esfuerzo delirante para contrarrestar la ley de gravedad en economía, pues desdeñan la patente realidad de que Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina y compite por el primer lugar del mundo.
En un contexto económico con 30 por ciento o más de inflación resulta sencillamente imposible que las inversiones preserven los precios calculados a su inicio. Sólo un Estado dispuesto a financiar déficits permanentes puede hasta cierto punto sostener proyectos, como es el caso de los de construcción de viviendas, que por su naturaleza se extienden en el tiempo y exigen la flexibilidad que el cambio de las circunstancias económicas impone.
No contento con desafiar la ley de gravedad, el régimen revolucionario, en su descenso por el barranco ideológico, se ha dedicado a nacionalizar cementeras, fábricas de cabillas y otros insumos esenciales para la construcción, con el predecible resultado de multiplicar la ineficiencia y aumentar los precios, generando de paso una dinámica de incontrolable corrupción.
Por otro lado, al conceder con sus leyes absurdas un amplísimo margen a las denuncias, con frecuencia irresponsables y manipuladas, de unos pocos consumidores, el régimen ha abierto las puertas al ejercicio del resentimiento demagógico en detrimento de la mayoría. Esto se ha observado en los casos de los desarrollos habitacionales expropiados e intervenidos el pasado mes de diciembre en Caracas y otros lugares. Con tales medidas el gobierno daña los intereses de los compradores, destruye miles de empleos, acrecienta la inseguridad jurídica imperante, y para completar la pesadilla se echa sobre los hombros una tarea para la cual, de manera evidente, ha demostrado no estar capacitado.
En vista de las asfixiantes medidas jurídicas y quimeras ideológicas del régimen, desaparecen día a día los promotores privados con un mínimo deseo de acometer la construcción a gran escala de viviendas en Venezuela. Los promotores honestos y eficaces han sido espantados y ahuyentados. Los únicos que pretenderán ahora hacerlo, pues no cabe esperar otra cosa, serán empresarios “amigos” del gobierno, que como siempre anunciarán sus designios con bombos y platillos pero sólo los llevarán hasta el punto en que logren llenarse los bolsillos de subsidios, para después abandonar los planes a la manera de muchos hoy esparcidos en ruinas a lo largo y ancho del país.
Lo más extraño es que el régimen no pareciera apto para concluir si de veras desea realizar una buena gestión, o si lo único que le importa es el control político. Una buena gestión es indispensable para la popularidad, pero el modelo cubano no requiere de popularidad para sostenerse. ¿Cuándo decidirá finalmente Hugo Chávez?
