Caso Saleh, uno de los más emblemáticos para enjuiciar a Maduro
Se espera que el caso de Lorent Saleh sea uno de los primeros que se analice en la Corte Penal Internacional (CPI), en el cual seis países de Latinoamérica, Canadá y Francia acusan al presidente Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.
Los escenarios han apuntado que el caso Saleh se convierta en uno de los más emblemáticos, desde el mismo día de su encarcelamiento y luego de la extradición desde Colombia ordenada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, ya que evidencian cómo el Estado venezolano maneja la situación de rehenes políticos.
Asimismo, durante la privación de libertad de Saleh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó medidas cautelares de protección a su favor, quien incluso intentó suicidarse en «La Tumba», cárcel situada en los sótanos de la policía política.
Saludamos a la liberación y expatriación en #Venezuela de @LORENT_SALEH, beneficiario de medida cautelar de protección otorgada por la @CIDH
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 16, 2018
Los Estados que apoyan la solicitud de procesos contra Nicolás Maduro son: Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, además de Canadá y Francia. De igual manera, el pasado domingo Alemania asomó la posibilidad de unirse a la denuncia, siendo entonces un total de nueve países.
Para Tamara Suju, diputada a la Asamblea Nacional: “el caso de Saleh es emblemático en la CPI” (…) la narcotiranía liberó a Lorent, quien tenía cuatros años presos sin juicio con 53 audiencias diferidas. Cuatro años de su vida perdidos en las mazmorras del Sebin.”
Liberaron es la palabra exacta. La NarcoTirania liberó al rehen @LORENT_SALEH que tenia 4 años preso sin Juicio con 53 audiencias diferidas. 4 años de su vida perdidos en las mazmorras del SEBIN. Nada que agradecer a estos esbirros y criminales. Su caso es emblemático en la CPI. https://t.co/zEseWr00HR
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) October 12, 2018
Posibles acciones de la CPI contra Maduro
Mario Massone, asesor jurídico de la Asamblea Nacional, indicó que si la investigación de delitos lesa humanidad en Venezuela prospera, los investigados son acusados y el juicio los lleva a una condena, se podrían establecer las máximas penas permitidas.
Sin embargo, Massone explicó que mientras Maduro esté en el poder, no hay manera de imponer dichas decisiones debido a que la Corte Penal Internacional no tiene Manu Militari, que hace referencia a no tener “mano militar”, o la fuerza pública de las armas para ir a buscar a algún individuo.
Massone apuntó que luego que las acusaciones pasen la fase de investigación, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, puede desestimar algunas personas e incluso incluir a otras que no están mencionadas en la lista.
Esta es la primera vez, desde la constitución de la CPI, que un Estado solicita que se investigue al primer mandatario de otro país, por lo que Massone lo consideró como “inédito”, en el cual el caso de Lorent Saleh y Fernando Albán le dan relevancia al tema de los presos políticos y la tortura.
¿Cuándo empezó a gestionarse la demanda de delitos de lesa humanidad?
El Alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó en junio que la Corte debía iniciar una investigación debido a que “el Estado (venezolano) parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, por lo que consideró que existían “sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”.
El Alto Comisionado para los #DDHH de la @ONU_es, Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció que en Venezuela hubo 5051 detenciones arbitrarias relacionadas con la protesta pacífica. pic.twitter.com/YGn9o5CIGt
— Lilian Tintori (@liliantintori) November 15, 2017
En julio de este año, el canciller peruano Néstor Popolizio, mencionó la posibilidad de realizar una acción conjunta entre países de la región contra los delitos de DDHH en Venezuela basándose en un informe de expertos solicitado por la OEA sobre la violación de derechos humanos en Venezuela «con ejecuciones extrajudiciales que se imputan al régimen chavista”.
Este documento emitido por la Organización de Estados Americanos fue presentado en mayo, luego que Luis Almagro, secretario general de la OEA, seleccionara a tres juristas internacionales que realizaron el informe de 400 páginas que denuncia ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el régimen de Maduro, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias.
¿Por qué se acude a este tribunal?
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Creado por el Estatuto de Roma, tiene competencia con los países que ratificaron el tratado, que son los que pueden denunciar y ser denunciados. En el caso de Venezuela, este fue el primer país de Latinoamérica en ratificarlo.
A pesar que esta investigación puede incluso tardar hasta 15 años, según lo explicado por Massone, representa una acción que expone los casos de delitos de lesa humanidad de los cuales se le acusa al Gobierno Nacional.
