BANDES se irá de Uruguay si no reduce personal
El Universal del martes 02 de noviembre de 2010 publica una información proveniente de Montevideo, Uruguay, la cual asevera que el banco venezolano BANDES anunciaría que dejará Uruguay si no logra reducir 160 cupos de su plantilla de trabajadores. Más allá, de la “amenaza-chantaje” como estrategia del tipo todo o nada, resulta interesante que parece entenderse la necesidad de adecuar las estructuras de costos a las realidades actuales.
La nota continua apuntando que la filial del BANDES en Uruguay ha anunciado que busca implementar una reestructuración que permita revertir las pérdidas que acumula desde su desembarco en Uruguay en el 2006, cuando adquirió por 10 millones de dólares activos y pasivos de la cooperativa de ahorro y crédito COFAC.
No deja de sorprender que el Estado venezolano se encuentre experimentando una situación en la cual se requiere una reducción de personal en el BANDES en Uruguay, dada las pérdidas financieras que tal carga infringe sobre la institución financiera. Sin embargo, en Venezuela se impone una inamovilidad laboral con efectos nocivos en la actividad económica e incluso implicando incentivos adversos en contra de la eficiencia de los sectores productivos.
La extensión a lo largo del tiempo de la inamovilidad laboral, especialmente en escenarios contractivos de la economía, rigidiza el mercado laboral, haciendo que las empresas anticipen los ciclos y los episodios de contracción justamente en los periodos de expansión, limitando el potencial crecimiento y la generación de nuevos empleos dada su carga futura sobre la estructura de costos. Así las cosas, la economía venezolana no podrá disfrutar de todo el potencial de expansión de la actividad económica y la generación de empleos en los periodos expansivos.
Clásico constituye este caso de beneficio a un reducido número de empleados instalados en contra de los nuevos y futuros empleos. De esta manera la eficiencia dinámica se lesiona en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Adicionalmente, la inamovilidad nominal genera incentivos no deseados en contra de la productividad de los sectores productivos. Los niveles de ausentismo laboral, la indisciplina laboral y jerárquica, la anarquía y la pérdida de productividad, posee una relación directa con la inamovilidad laboral.
Con la inamovilidad nominal laboral desaparece el compromiso o la amenaza creíble por parte de las empresas hacia sus trabajadores de exigir respeto a favor de un clima laboral productivo. En este sentido, la desaparición de este esquema de incentivos positivo, implica un mal privado sobre cada una de las empresas individualmente, que ante su masificación a lo largo del país, constituye un mal público –impunidad nacional ante cualquier conducta lesiva a la producción-. La inamovilidad nominal termina siendo un beneficio a favor de los trabajadores conflictivos –siempre minoría- en detrimento de la mayoría e incluso de la posibilidad futura de incorporación a la mano de obra nacional. Esta situación negativa se exacerba, en la medida que la desaparición de los esquemas de incentivos positivos a favor de la productividad, producto de la inamovilidad nominal, no ha encontrado, en las instancias laborales competentes –las inspectorías de trabajo- la sustitución de la amenaza creíble hacia aquellas minorías indisciplinadas y anárquicas. Las solicitudes de calificaciones de despido, suficientemente fundamentadas, realizadas por las empresas ante las inspectorías del trabajo no encuentran soluciones positivas, protegiendo conductas irresponsables y nocivas en contra del país productivo.
Aun así, en lo que respecta a este problema, la posibilidad de una inamovilidad numeral, que reconstituya los incentivos y los compromisos o amenazas creíbles disciplinadoras por parte de las empresas no ha calado en el Ejecutivo nacional. Así las cosas, ha continuado deteriorándose el clima laboral y la productividad en el país, incrementándose el ausentismo laboral y el irrespeto a la democracia sindical.
Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. En este sentido, si el Estado venezolano ha entendido que el BANDES no puede operar con la estructura laboral actual, lo mismo podría estar ocurriendo con un gran número de empresas que han estado sometidas a una gran cantidad de vicisitudes en Venezuela –entre ellas barreras legales y normativas que constituyen barreras administrativas previas en contra de la producción y la productividad nacional-.
