Terror y Consternación Económica
Antonio José Monagas
Desde entrado el año 2016, el gobierno nacional comenzó a burlar preceptos constitucionales toda vez que se arrogó funciones que reñían con el Estado de Derecho establecido por el ordenamiento jurídico nacional. El conflicto político que surgió luego de que el Poder Legislativo Nacional se viera ocupado, administrado y presidido, desde el 5-D 2015, por factores de la oposición democrática venezolana, obnubiló posturas de un supuesto equilibrio adoptado por el alto gobierno. Comportamiento éste que rayó con actitudes de irrespeto que agredieron la institucionalidad democrática al atentar, abierta, ilegal e inconstitucionalmente contra la separación o independencia de poderes. Principio éste que caracteriza, el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia invocado constitucionalmente.
Fue entonces, aquel enero de 2016, la primera vez que el Ejecutivo Nacional, valiéndose de una supremacía violentamente argüida, conminó al Tribunal Supremo de Justicia a validar un primer decreto de excepción y de emergencia económica con el fin de imponer sus criterios para así controlar la economía y al país a su entero juicio.
De esa manera, el gobierno presidencialista obvió lo referente a lo que la Constitución de la República establece en cuanto a procesos dirigidos a la formación de leyes y a lo que define un Estado de Excepción. Al mismo tiempo, la conflagración política que se incitó desde que el gobierno nacional advirtió el comienzo de la pérdida del poder en manos de un Parlamento adversario, motivó arreglos que determinaron la habilitación del presidente de la República. Mediante la misma, asumió nuevas prerrogativas que habrían de permitirle sentenciar decretos con fuerza de ley.
Así, comienzan a fraguarse distintas brechas entre las ramas del poder lo cual provoca conflictos entre poderes nacionales. Y una forma que sirvió al régimen a acentuar sus imposiciones presuntamente “democráticas”, adquirieron la forma de lo que ya suman once decretos de “emergencia económica”.
Cada decreto sancionado al margen de lo que establece la Constitución Nacional, incorporó nuevas razones –injustificadas- que derivaron en nuevas excusas para arrollar con más violencia la economía nacional. De esa manera, el alto gobierno buscaba moldear la economía a su mínima expresión para entonces violentar sus procedimientos y gravar sobre las realidades nacionales, regionales y locales, criterios dirigidos a arruinar el país en provecho del peculio de altos dirigentes, secuaces, cómplices y adláteres del más rancio y servil rango.
El último decreto de esta naturaleza, sancionado el pasado 11 de septiembre, convierte a Venezuela en una nación de atormentados. En una país donde los derechos serán a casi nada. En adelante, el régimen se armará de crasos aparentes posibles e imposibles mediante los cuales se permitirá magullar todo proceso, opinión o actitud que se atreva a cuestionar las charadas aprobadas por los estamentos que concentran el poder nacional.
Justamente, con el pretexto de “establecer medidas especiales para proseguir la reanimación de la economía y mantener la seguridad de la nación”, el gobierno central se inventa más facultades para enfrentar causas elaboradas al amparo del resentimiento, el odio y la venganza. Por consiguiente, aduce “la embestida de la oligarquía, la guerra financiera internacional y la guerra económica nacional” como razones para justificar la pérdida de derechos y una represión económica que comenzará a padecer con cruda intensidad la sociedad venezolana con la aprobación de este último recurso de coerción política y coacción económica.
De ahí que lejos de ser este instrumento un mecanismo administrativo “para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos”, es simplemente un arma atentatoria contra todo lo que el mismo decreto plantea como objetivos a allanar. Por eso, lo que decreta dicho instrumento de gobierno es un Estado Coercitivo. O mejor dicho, un Estado de Terror y Consternación Económica.
