Caldera y el nacionalismo energético

LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA DEMOCRACIA

Puede afirmarse con rigor que Venezuela articuló en democracia, particularmente a partir del 23 de enero de 1958, una política petrolera de Estado que tuvo como eje fundamental el rescate de la soberanía nacional sobre la industria de los hidrocarburos y la utilización de la renta petrolera a favor del desarrollo y el bienestar social del pueblo venezolano.

Pese a que el trascendental debate sobre la siembra del petróleo, tanto entonces como ahora, mantiene su vigencia, nadie puede negar que la buena utilización de los ingentes ingresos petroleros permitió construir obras de envergadura como la red nacional de autopistas y carreteras de Venezuela –la mejor de América Latina-, el desarrollo del complejo industrial del hiero, el acero y el aluminio en Guayana y la construcción del sistema de hidro-electrificación del Caroní, la red de plantas termoeléctricas, incluyendo Planta Centro, el sistema interconectado de trasmisión, distribución y sub-distribución eléctrica nacional, el sistema de acueductos y represas, el Metro de Caracas y el Teatro Teresa Carreño.

La política en materia de hidrocarburos de la democracia tuvo como sustento doctrinario el Pentágono Petrolero del doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pionero de los movimientos de conservación ambiental y artífice del nacionalismo petrolero moderno.

Los cinco vectores de esta doctrina fueron: la creación de la OPEP, la fundación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), la política de no más concesiones, la creación de la Comisión Coordinadora para la Conservación de los Hidrocarburos y la maximización de la participación fiscal. Hoy, algunos consideran que ese paradigma pudo haber alimentado nuestra mentalidad rentística, además de haber restado espacios a la iniciativa industrial del sector privado; pero esta discusión, importantísima por lo demás, escapa del objeto de este artículo.

Venezuela se distinguió en la escena internacional por su prudente nacionalismo y el presidente Rafael Caldera (1969-1974), aunque imprimió a su política energética un sello particular, continuó la estrategia trazada por sus predecesores, los presidentes Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1974), sin desconocer las ejecutorias nacionalistas de los gobiernos de transición presididos por Wolfgang Larrazábal y Edgar Sanabria (1958).

En un país tan dado a la improvisación y a la precipitación, puede también sostenerse que la política energética de la democracia exhibió no sólo un genuino profesionalismo ejercido por un liderazgo político serio y por un amplio y creciente contingente de ingenieros, abogados, economistas, gerentes, técnicos y obreros bien formados, sino una continuidad conceptual y administrativa sin parangón en la historia de las políticas públicas de Venezuela y Latinoamérica. Se recuerda que desde la sociedad civil, asociaciones profesionales como el Colegio de Ingenieros de Venezuela propiciaron y consiguieron la casi total venezolanización del personal directivo, gerencial y profesional de la industria venezolana de los hidrocarburos.

PREPARAR EL TERRENO PARA LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA

Durante el primer gobierno del Dr. Caldera se produjo un cambio estructural en la industria petrolera mundial que facilitó el avance de los procesos de nacionalización que se instauraron en los países miembros de la OPEP. Si bien el presidente Caldera no tomó la determinación final debido a que los acontecimientos que originaron los procesos de nacionalización se presentaron al final de su período constitucional –precipitados por el embargo petrolero árabe a raíz de la Guerra del Yom Kippur en 1973-, su gobierno tomó precauciones planificadas y decisiones estructuradas para que la nacionalización gradual de la industria se realizara en forma exitosa y sin traumas para la economía nacional o para sus mercados de exportación; hecho que se concretó durante la administración de su sucesor, el presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), el 29 de agosto de 1975, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

El presidente Caldera promulgó la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971), La Ley que crea la Dirección de Bienes Afectos a Reversión en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1972), la Ley que establece el Fondo Destinado a la Investigación en Materia de Hidrocarburos y Formación de Personal Técnico para la Industria de dichas Sustancias (1972) y la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos (1973).

Constituyó hito histórico el ejecútese que puso el fundador de la democracia cristiana en Venezuela, en diciembre de 1970, a la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta (iniciativa del entonces diputado de Acción Democrática, Arturo Hernandez Grisanti, quien presidió la comisión respetiva), mediante la cual se incrementó a 60% la tasa impositiva a las empresas concesionarias y se facultó al Ejecutivo Nacional a fijar unilateralmente los valores de exportación del petróleo venezolano; medida que fue emulada por la OPEP en su XXII Conferencia Extraordinaria, celebrada en Teherán, en marzo de 1971. El 6 de enero de 1971 el Ministerio de Minas e Hidrocarburos dictó el reglamento para el establecimiento de los valores de exportación y el 8 de marzo fueron fijados por primera vez dichos valores, antes determinados por las empresas petroleras internacionales.

La transformación de la industria petrolera mundial originó en Venezuela un intenso debate nacional sobre la conveniencia o no del adelanto de la reversión petrolera, previsto para 1983, conforme a la Ley de Hidrocarburos de 1943. La administración del Dr. Caldera, con el respaldo de su ministro de Minas e Hidrocarburos, Ing. Hugo Pérez La Salvia, preparó el terreno para la nacionalización.

Durante el quinquenio presidencial, no sólo se continuó mejorando la participación fiscal, con medidas como el cálculo de la regalía de hidrocarburos sobre la base de los valores de exportación fijados unilateralmente (1972), sino que la Dirección de Bienes Afectos a Reversión, bajo la conducción del Ing. Humberto Calderón Berti, hizo un inventario de las inversiones realizadas por las empresas concesionarias hasta la fecha, una valoración de sus activos y un estudio sobre 95 campos “marginales” que estaban fuera de operaciones, además de dictar la norma para el registro de contratistas, identificando a 330 empresas de servicios petroleros en el país (1973). Ese año, en setiembre, el Gabinete Ejecutivo incorporó en su agenda la discusión sobre el adelanto de la reversión petrolera.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Otro de los debates nacionales que dio lugar al establecimiento de políticas públicas acertadas, fue el relativo a la necesidad de que la industria petrolera nacional contara con un instituto de investigaciones petroleras y petroquímicas.

La Asociación Pro Venezuela y el Frente Venezolano Pro Defensa del Petróleo, dirigido por el geólogo Aníbal Martínez, planteó el debate en 1969 y una comisión de expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICIT) presentó la propuesta en 1972. El presidente Caldera, posteriormente, decretó la creación de la Fundación para la Investigación en Petróleo y Petroquímica (INVEPET), en 1973.

En paralelo, conforme a la Ley que creó el Fondo destinado a la Investigación en materia de Hidrocarburos y Formación de Personal Técnico (FONINVES), el jefe del Estado designó su primer directorio, presidido por el Ing. José Martorano Battisti. Más tarde, en 1975, el INVEPET presentó al entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, el Ing. Valentín Hernández Acosta, un diagnóstico de las necesidades tecnológicas de la industria petrolera nacional.

DE LA FAJA BITUMINOSA A LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO

Los estudios sobre el potencial de la Faja del Orinoco gozaron de especial prioridad durante la primera presidencia del Dr. Caldera. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos dispuso en 1969 la perforación de tres pozos estratigráficos. El Ministerio tomó la trascendental decisión de cambiar la denominación de la Faja Bituminosa por la de Faja Petrolífera, como correctamente corresponde al más grande reservorio de petróleo del planeta.

En 1972, el Ministerio programó la perforación de 14 nuevos pozos para la cuantificación de reservas y para el mejor conocimiento geológico de las características de los yacimientos y crudos extra pesados contenidos en la Faja. Dada la importancia que se le daba entonces a Venezuela como suplidor seguro y confiable a los mercados mundiales, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea mostraron interés en participar con nuevos capitales y tecnologías en su futura explotación.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y EL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

No escapó a la atención del gobierno del presidente Caldera el estímulo al desarrollo de la industria petroquímica con la puesta en marcha del complejo de El Tablazo en el Estado Zulia.

En el campo la política energética, merecen mención especial la reorganización del Consejo Nacional de Energía en 1969, la designación de una comisión para la elaboración del Plan Nacional de Electrificación, coordinada por CORDIPLAN, y la creación mediante Decreto de la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares, en 1973.

PIONERO DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA LATINOAMERICANA

Rafael Caldera fue también un firme convencido de las bondades de la integración latinoamericana y de la búsqueda de nuevos destinos para las exportaciones no tradicionales. Dentro de este esquema y con la asesoría de su ministro de Relaciones Exteriores, Arístides Calvani, y su embajador en Washington, Julio Sosa Rodríguez, se negoció el ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973, no sin antes realizar una amplia consulta entre los industriales venezolanos acerca de los riesgos y beneficios de dicha incorporación.

Se fundó también el Instituto de Comercio Exterior y se procedió a realizar la denuncia legal y posterior extinción del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos, en 1972; año en que Venezuela también lideró la fundación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), un organismo multilateral destinado a coordinar y dinamizar la integración energética de América Latina.

VOLUNTAD PERMANENTE DE DIÁLOGO

Uno de los rasgos que más se le reconoce a Rafael Caldera como político, como hombre de Estado y como gobernante, fue su proverbial buena disposición al diálogo y al consenso. Fue así como propició desde la presidencia, la consulta y discusión de las iniciativas de política pública en materia de hidrocarburos.

Una de esas iniciativas fue la negociación y firma de los Contratos de Servicios con las empresas petroleras internacionales, nueva modalidad de contratación en la que el Estado, sin alterar el principio de no más concesiones, permitía a una empresa el desarrollo de un yacimiento para ampliar reservas e incrementar la capacidad de producción en nuevas áreas bajo estrictos términos establecidos y supervisados por la Corporación Venezolana del Petróleo y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

El ministro Pérez La Salvia abrió un ciclo de consultas con todos los sectores de la vida nacional, incluyendo los partidos políticos y los gremios empresariales. Los medios de comunicación informaron profusamente sobre los términos y condiciones de dichos contratos y a pesar de que a la postre, los contratos de servicio firmados resultaron infructuosos en el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, el controvertido debate nacional y parlamentario que se suscitó, antes de su aprobación por el Congreso Nacional, demostró que el liderazgo político venezolano estaba en capacidad de discutir, alcanzar consensos y legislar sobre temas de tanta trascendencia, colocando el interés nacional por encima de los intereses partidistas o de grupo.