Cruzar la línea

Violaciones a los DDHH se han cometido en muchos países. Sin embargo, en los regímenes democráticos en los que existe la separación de poderes y un verdadero estado de derecho, hay una línea, por lo general infranqueable, que separa lo lícito de lo ilícito. En la medida en que los gobiernos se convierten en autoritarios o peor aún en dictatoriales o totalitarios, la tentación de cruzar la línea amarilla y adentrarse en la zona roja es creciente, hasta que se convierte en lo normal, hasta llegar a las atrocidades que ocurrieron en los años setenta en los regímenes militares del cono sur.

En nuestro país ha habido, en los diversos gobiernos de la era democrática, violaciones a los derechos humanos, particularmente en la lucha política, pero ningún gobierno se atrevió a cruzar sistemáticamente la raya amarilla y mucho menos vivir permanentemente en la zona roja.

En el siglo XXI, durante el mandato de Hugo Chávez, hubo varios casos notorios de violaciones a los derechos humanos, pero por lo general podía decirse que en alguna medida se cuidaba de no cruzar sistemáticamente el límite y, ciertamente, no frecuentó en demasía la línea roja.

La situación se ha agravado considerablemente a partir de 2014. El número de muertes en las protestas, el encarcelamiento progresivo de los principales adversarios y el uso recurrente de prácticas contrarias al respeto de la dignidad humana, se ha convertido en praxis común.

Se puede mencionar como emblemática la manera en la que fueron ajusticiados Oscar Pérez y sus compañeros, además de la grotesca filtración de innobles imágenes del diputado  Juan Requesens visiblemente fuera de sí, y, por último, como la gota que rebasa el vaso, el inexplicable e injustificable “suicidio” del concejal Fernando Albán.

Lo grave de estos hechos es que pareciera que se ha desdibujado la línea amarilla y estamos entrando en una zona extremadamente peligrosa, porque la impunidad de los hechos promueve cada día más acciones, que en cualquier país sería calificada como roja.

Maduro debería tomar medidas ejemplares contra aquellos que se consideran por encima de las leyes nacionales e internacionales y removerlos de sus cargos e, idealmente, sancionarlos. Sabemos que puede resultar difícil dar ese paso sobre todo por la falta de equilibrio de poderes, que parece ser una característica predominante de este régimen.