La Lottt maltrata a los desempleados
A la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) -que desde su título excluye a los empleadores- pueden formulársele muchas críticas. Escojo dos. Primera, la filosofía que la inspira. Su nervio central es la lucha de clases y la supuesta confrontación entre el capital y el trabajo. Marxismo del más trasnochado en un mundo que desde hace décadas asumió que la única manera de producir riqueza y alcanzar el bienestar es mediante la estrecha cooperación entre ambos factores. Esta verdad axiológica, entendida por los chinos y los vietnamitas, pueblos que libraron guerras de liberación nacional contra sendos países capitalistas, Japón y Estados Unidos, aún no la comprende el régimen vernáculo. Tozudez pura.
Para el Gobierno, los empresarios son enemigos de los obreros. Seres dañinos a los cuales hay que tenderles un cerco legal y maniatarlos para que no desangren a los trabajadores. Éstos, por su parte, son tan desvalidos, y aquéllos tan poderosos, que el Estado debe impedir que la explotación del hombre por el hombre se consuma. La Lottt es la primera ley socialista, reza el eslogan oficial. Por favor, ¡en cuál mundo viven! La paradoja en la que incurren estos pintorescos defensores de la clase obrera reside en ser ellos quienes arrinconaron la libertad sindical y la contratación colectiva, dos poderosos instrumentos de la clase laboral desde el siglo XIX. En la nueva ley, las huelgas y pliegos conflictivos en el sector público, en la práctica, quedan abolidos. Las inspectorías del trabajo, con plenos poderes discrecionales, evitarán el ejercicio de esos derechos. Claro, con las empresas privadas mantendrán una actitud opuesta.
Segundo, las consecuencias que la ley provoca en el conjunto de los trabajadores (ocupados y desempleados) y en las empresas, llamadas ahora «entidades de trabajo», al igual que en Cuba. La Lottt se suma al complicado y oneroso conjunto de instrumentos jurídicos que elevan de forma innecesaria e inconveniente los costes de generación de empleos (Ley Penal del Ambiente, Ley de Deportes, Ley de Ciencia y Tecnología), reducen la productividad y competitividad de las empresas, y colocan en el sector privado obligaciones que le corresponden al Estado.
La ley sobreprotege a quienes se encuentran trabajando en la actualidad y castiga a los desocupados, a los informales y a quienes buscan empleo por primera vez. Leyendo los 554 ar- tículos del texto queda la impresión de que Venezuela es un país con pleno empleo, y no esta nación arruinada con casi siete millones de almas penando en el submundo de la informalidad y el desempleo abierto.
La ley encarece notablemente el costo de creación de un trabajo en el sector formal de la economía, y torna aún más rígido el mercado laboral. Para fines prácticos, este fue abolido. La posibilidad de despedir y, por esa vía, propiciar la competencia y la productividad de la fuerza laboral, queda sepultada. Las probabilidades de incorporarse a él, penetrarlo, se acercan a cero. Destino: la informalidad.
A los trabajadores ocupados les entregan dos caramelos: la reducción de la jornada laboral y el retorno de la retroactividad, pero levanta barreras insalvables para aumentos salariales significativos. Cada incremento resultará muy costoso, no importa cuánta sea la productividad de la empresa.
Duro golpe recibirán las mujeres, especialmente las jóvenes, estrato donde se concentra la tasa de desempleo más alta. Las empresas preferirán contratar hombres o mujeres que ya hayan procreado o cumplido su fase reproductiva, con el fin de evitar los altos costos que significa mantener los desmedidos derechos establecidos.
Los beneficios prescritos no guardan proporción con las posibilidades reales de una economía maltrecha por las políticas de ataque a la propiedad privada, la estatización y los controles, y la violación continua de las libertades económicas.
Esta ley gravosa y rígida penalizará a la PYME y a los trabajadores por cuenta propia que aspiren a ensanchar su negocio. Es un instrumento adicional que contribuirá a disminuir la capacidad productiva del país y alejará todavía más a los inversionistas nacionales y foráneos, que podrían venir a Venezuela si el marco jurídico fuese propicio.
Venezuela necesita leyes que fomenten el empleo bien remunerado, atraigan las inversiones y nos hagan más competitivos en el contexto de un mundo cada vez más exigente. Para garantizar este ambiente es que debería servir la legislación.
