Desenfreno fiscal
No deja de asombrarnos el Gobierno con las insólitas decisiones que en materia fiscal ha venido tomando desde hace ya varios años y que recientemente se han multiplicado, sin importar cuán violatorias son éstas de la Constitución y de las normas de una sana administración de la cosa pública. El montaje de una estructura de gasto público paralela y desligada del presupuesto nacional y de las debidas normas de aprobación y control, la incautación de buena parte de las reservas internacionales del Banco Central Venezuela por parte del Ejecutivo, y la imposición al instituto emisor de financiar gasto público a través de la emisión de dinero inorgánico son algunos ejemplos de esas medidas inconstitucionales y altamente inconvenientes.
Entre las decisiones recientemente tomadas se pueden mencionar las reformas del decreto que creó el Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, y del decreto que creó la Contribución Especial de Precios Extraordinarios y Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. En la primera, se establece que, a futuro, el Fonden podrá dar garantías, emitir títulos y realizar operaciones de endeudamiento, lo cual abre una nueva vía a través de la cual el Gobierno puede ampliar su deuda. Por su parte, la segunda reforma establece que las transferencias que tendrá que hacer Pdvsa al Fonden, producto de las contribuciones especiales por altos precios petroleros, podrán ser hechas tanto en divisas como en moneda nacional, y, en este último caso, Pdvsa venderá dólares al BCV para generar los bolívares necesarios. Esta última decisión ha sido presentada ante la opinión pública como muy conveniente, pues la misma permitirá incrementar las reservas internacionales en poder del BCV debido al mayor volumen de divisas que le venderá Pdvsa.
Ojalá así sea, pero nada asegura que éste será el caso. Las reiteradas operaciones nada ortodoxas de venta de divisas al BCV y el ulterior traspaso de las reservas excedentes al Fonden, por lo menos, levantan suspicacia acerca de las verdaderas intenciones de esta nueva reglamentación. En efecto, ya se ha hecho común observar que en los días previos a la determinación de las reservas «adecuadas» del BCV para determinar cuál es el monto de reservas «excedentarias» a transferirse al Fonden, organismos públicos le venden cuantiosas cantidades de dólares al instituto emisor, ventas que les generan ingresos en bolívares a estos entes, e inflan así el monto de las reservas que son transferidas al poco tiempo al Ejecutivo sin compensación alguna. De allí que no sería de extrañar que se decida que la mayor cantidad de dólares que le venda Pdvsa al instituto emisor tenga que ser transferida ulteriormente al Fonden.
Otra insólita reforma legislativa reciente fue la de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, según la cual el Ejecutivo podrá contraer nueva deuda sin necesidad de contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional ni la opinión favorable del BCV. Esto elimina la sana limitación a la contratación de nueva deuda a lo aprobado en la ley de endeudamiento del ejercicio, dándole al Ejecutivo carta blanca para hacer operaciones de crédito público. Es fácil inferir las consecuencias de esta decisión en un año electoral, en el que el Gobierno intenta incrementar substancialmente el gasto con fines eminentemente políticos.
El irresponsable desenfreno fiscal que estamos viviendo tendrá consecuencias muy adversas que tendremos que pagar todos los venezolanos, a través de mayor inflación y limitaciones cada vez mayores para el cumplimiento del papel que le toca jugar al Estado.
En el futuro habrá que destinar ingentes recursos al servicio de una deuda pública irracionalmente contraída, restringiendo la canalización de fondos gubernamentales hacia la educación, la salud, la construcción y el mantenimiento de infraestructura, y hacia otras áreas prioritarias para el logro del desarrollo sustentable.
