Grupo Trabajo OEA para Nicaragua lamenta culminación con ONU
El Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Nicaragua lamentó este sábado que se haya dado por concluida la labor de la misión de la ONU en medio de la crisis que atraviesa ese país, después de que el Ejecutivo nicaragüense tomara esa decisión el viernes.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y dar por finalizada su visita», señaló el grupo en un comunicado.
Este Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA está compuesto por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
El Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, decidió este viernes terminar con la labor de la ONU después de que la institución publicara un duro informe en el que señala al Estado como el principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
La misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en que denunció el «alto grado de represión» estatal en las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado «más de 300 muertos y 2.000 heridos».
Ese organismo, que en su informe acusó al Gobierno de Ortega por el «uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica», entre otras violaciones a los derechos humanos, anunció que hará un seguimiento en la distancia de Nicaragua.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, han estado trabajando juntos en los últimos meses para buscar una salida a la crisis humanitaria.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La crisis ha dejado entre 322 y 448 muertos, según cifras de grupos humanitarios, mientras que el Ejecutivo contabiliza 198 víctimas mortales.
