Informe anual Provea 2017: Pueblos indígenas reciben presión del Estado
El informe anual de derechos humanos de 2017 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presenta los retrocesos y violaciones derechos humanos en el país.
Una de esas violaciones presentadas en el informe 2017 de Provea se refieren a retrocesos en materia de garantía de los derechos humanos de los pueblos y de las comunidades indígenas del país.
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a diferencia de años anteriores, no publicó su memoria y cuenta en su portal web, ni respondió a las peticiones para el acceso a la misma. El presupuesto indígena tampoco es de conocimiento público
Informe Anual 2017 de Provea
Además, señala que una de las preocupaciones es la carga política proselitista, asignada a las jornadas de venta de alimentos subsidiados a todas las comunidades y pueblos indígenas del país.
Provea manifiesta en el informe que pudieron constatar a través de denuncias directas recibidas de distintas ONG’s y líderes indígenas la presión que han recibido sus comunidades por parte de entes públicos, quienes a través de programas sociales establecen control político para generarles miedo y perder accesos a los subsidios del Estado.
“Lo mismo fue evidenciado en la implementación del Plan Chamba Juvenil, en la Misión Vivienda. En materia de Salud, en septiembre de 2017 la OPS/OMS emitió un comunicado donde evidencia un brote de sarampión en las regiones con mayor presencia indígena”, indica el informe.
Brotes de enfermedades
En los estados Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Amazonas; la difteria resurgió, lo que obligó a una primera fase de vacunación en las comunidades del estado Bolívar, epicentro del brote, especialmente en el municipio Caroní y se comprobó la muerte de un menor en Roraima importado de Venezuela, así como en Colombia importado de la Guajira venezolana territorio indígena Wayúu.
La malaria en Venezuela fue declarada en “Situación Compleja” junto Nigería, Sur Sudán y Yemén después de varios años de epidemia “la malaria en Venezuela es focal y se concentra en el estado Bolívar (74% de los casos), en Guayana”
Informe Anual 2017 de Provea
En los caseríos montañosos de la Guajira se confirmaron más de 30 casos de paludismo, según datos del Observatorio Fronterizo del Zulia (OFZ) hay más de 290 casos de paludismos confirmados. La situación de abandono y políticas inadecuadas para la atención de la epidempía de VIH-Sida y Malaria, aunado al hambre sigue cobrando la vida de indígenas Waraos, forzándolos a migrar dentro y fuera del país.
A pesar de la Emergencia Humanitaria en salud que toca pueblos y comunidades indígenas el Ministerio de los Pueblos Indígenas, publicó 17 notas de prensa de jornadas médicas asistenciales, realizadas en algunas comunidades de los estados Zulia, Sucre, Carabobo. Apure, Delta Amacuro, Yaracuy y Dtto. Capital, durante el 2017.
Otro tema, importante que fue abordado en el documento de la ONG, es la migración forzosa que se ha intensificado en los últimos meses, debido a el grave deterioro en las condiciones de vida de las etnias venezolanas, así como el abandono del control de sus territorios tomados por la minería ilegal, mafias, grupos armados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). los cuales «se evidencia no sólo en las principales ciudades del país, sino en las migraciones a Roraima, Brasíl, de indígenas Waraos, al Norte de Santander en Colombia por Yukpas y Wayúus, cuyas declaraciones confirman el hambre y el abandono estatal».
Un plan integral para el bienestar de los indigenas
Por último, Provea enfatiza que urge un Plan integral de Alimentación y Salud Indígena para atender la crisis humanitaria compleja en comunidades y pueblos indígenas del país:
Acción inmediata estatal contra los grupos de mafias armadas, y los grupos guerrilleros que operan en labores de minería ilegal y contrabando en territorios indígenas de Bolívar y Amazonas; activación de la Comisión de Demarcación de Territorios y activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la CRBV; paralización del Proyecto Arco Minero del Orinoco; y la protección a líderes indígenas que ejercen su derechos a la custodia y protección de sus territorios
Clic aquí para ver el informe anual de derechos humanos del 2017 de Provea.
