Un inaceptable irrespeto por la vida
Roberto Patiño
La violencia constituye un problema crónico que desde hace años afecta profundamente a nuestra sociedad. Pero el papel que actualmente ha tomado el Estado como factor principal en la promoción y ejecución de la misma, ha empeorado de forma significativa el problema con consecuencias trágicas para nuestras vidas.
El gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado sus políticas represivas y de hostigamiento en la misma medida que ha venido convirtiéndose en un régimen neo-dictatorial. Políticas que en un principio se manifestaron en el ámbito de la “lucha contra la delincuencia” en operativos brutales como las OLP, por ejemplo, y que después se ampliaron hacia la criminalización de la disidencia y la protesta, en el marco del amplio rechazo del país al actual gobierno y la exigencia de soluciones ante la emergencia de la crisis.
Se ha establecido una política gubernamental de la violencia que se expresa en la opacidad de las acciones del Estado, la impunidad con la que instituciones como la policía y el ejército violan derechos humanos, la acción de grupos ilegales y criminales afectos al régimen, la criminalización de las víctimas y el hostigamiento a sectores de la población, la represión violenta a la protesta pacífica, las detenciones ilegales, la tortura y coacción a los detenidos y sus familiares.
Una política que se promueve de forma fraudulenta con el objetivo de disminuir los índices de criminalidad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero que, por el contrario, constituye una acción de guerra, llevada contra los venezolanos desde la estructura del Estado para imponer y mantener por la fuerza a un grupo en el poder.
Sus consecuencias pueden verse de manera indirecta en hechos como los sucedidos recientemente en el club Los Cotorros, en El Paraíso, en el que armamento policial -una granada de gas- “aparece” en medio de una disputa entre adolescentes generando numerosas víctimas mortales, y que es manejado por las fuerzas de seguridad de manera confusa e irregular. Se emiten informaciones contradictorias por voceros gubernamentales y se le impide el acceso a las víctimas de familiares y representantes del ministerio público, en medio de una gran desconfianza hacia los cuerpos de seguridad involucrados.
En la iniciativa Monitor de Víctimas que llevamos a cabo desde el movimiento Caracas mi Convive, se han recogido datos que revelan cómo 37% de las muertes en Caracas fueron causadas por cuerpos de seguridad del Estado como las FAES, por ejemplo. En la gran mayoría de los casos se aduce resistencia a la autoridad y las víctimas se encuentran en los sectores económicos más vulnerables. Las irregularidades en los procedimientos se ocultan tras un discurso de “guerra al hampa” por parte de las autoridades con el que se pretende justificar la violación reiterada de derechos humanos en las comunidades.
En este sentido, iniciativas como Monitor representan una respuesta ante uno de los aspectos más perniciosos de esta política de la violencia de la que hablamos: el ocultamiento y tergiversación de la información por parte de las instituciones gubernamentales. Articulando a líderes locales y al medio digital Runrunes, recogemos testimonios y recabamos datos fiables sobre la realidad de los sucesos violentos cometidos en el Municipio Libertador. Datos que deben servir de base para poder diseñar e implementar verdaderas políticas de seguridad para la prevención de la delincuencia y la reducción de la violencia.
El ejemplo de Monitor evidencia cómo la participación de las personas y el trabajo mancomunado de diversos sectores sociales puede generar iniciativas en contra de la violencia efectivas y con calado en las comunidades. Pero estas iniciativas no tendrán un efecto significativo en la realidad sin el apoyo de instituciones del Estado y esto no será posible sin un cambio político, en un marco verdaderamente democrático.
Ahora, debemos seguir buscando formas de articulación y participación que nos permitan enfrentar una violencia de la que el mismo Estado, en manos del actual régimen, es el principal promotor. Como venezolanos estamos obligados a salir de este modelo dictatorial, cuyas políticas demuestran no sólo una capacidad insensata de destrucción sino también un inaceptable irrespeto por la vida de todos.
