Apretada biografía esequibana
Frecuentemente, nos preguntan sobre nuestro marcado interés en la reclamación del Esequibo. Cierto, pertenecemos a una generación sensibilizada por el problema, desde la edad escolar y, aunque luego privilegiamos otras áreas del conocimiento y del desempeño político, el deber parlamentario nos reorientó hacia un asunto tan vital y trascendente.
Hacia 2013, nos integramos a La Movida Parlamentaria e hicimos de la diputación principal, una herramienta de lucha en el contexto consabidamente riesgoso de una Asamblea Nacional bajo la hegemonía violenta del oficialismo. Y, entre otras de las tantas y exitosas actividades, transitamos la difícil ruta hacia las tierras esequibanas de Venezuela, cumpliendo un itinerario inédito para parlamentarios y dirigentes políticos, inspirado y liderizado por María Corina Machado.
Por entonces, siendo inevitable la especialización de temas, la política cultural era el centro de nuestro interés, ya que pertenecimos a la respectiva comisión permanente, enfrascada en la propuesta de una Ley Orgánica de la Cultura, además de las inquietudes surgidas al calor de las recurrentes solicitudes de crédito adicional para el sector militar que revalidaba el estudio ya desarrollado en un ámbito que exigía la novedad del planteamiento opositor. Consecuencia natural de la actividad realizada, inmediatamente después suscribimos el Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Fachada Atlántica que, en el citado año, impulsó e introdujo María Corina. No obstante, abusivamente despojada de su curul, encontrándonos en la Comisión de Política Exterior, por entera decisión de la presidencia asamblearia, sentimos el deber de retomar no sólo la propuesta legal, sino todo el problemario de una reclamación legítima e histórica.
Arbitrariamente redireccionados a la Comisión de Administración y Servicios, compartimos su específica agenda de trabajo con el Esequibo, preocupados porque los planteamientos formulados desde Vente Venezuela no se perdieran y, además, no desmayara el interés del resto de la bancada opositora. Nunca la dictadura quiso abrir un debate al respecto, aunque se vio forzado a hacerlo – tardíamente – en 2015, para el cual ya estuvimos adecuadamente preparados.
Irremediable, debimos trillar el camino del estudio cada vez más profundo, complejo y sostenido del caso, lógicamente propensos a examinar los viejos Diarios de Debate del otrora Congreso de la República. Es necesario reconocerlo, como varias veces lo hicimos a cámara plena, contactamos a distintas expresiones de la sociedad civil organizada que nos dispensaron una enorme y desinteresada cooperación, gracias al oportuno consejo que nos dio María Teresa Belandria.
Tratándose de un oficio, como el parlamentario, la investigación derivó en varias iniciativas que concitó la incorporación de otros colegas. Ya no se trataba de hablar – directa o indirectamente – en las sesiones plenarias al respecto, vivenciar las tierras venezolanas del Esequibo, reunirse con diferentes expertos y entidades, denunciar a los medios a una dictadura que, por siempre, lo supone un asunto de su más exclusiva competencia, sino de hacer propuestas específicas y concretas que contrastaran con la simplicidad del planteamiento oficial.
Del permanente intercambio de opiniones, con los grupos formales e informales de trabajo que se fueron configurando, sin pedir nada a cambio, angustiados por la situación planteada, surgió la reforma parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, pendiente la muy puntual de la Ley de Identificación y la Orgánica del Ambiente. Un buen día, viejo amigo, nos telefoneó Sergio Urdaneta, experto constitucionalista, y, al ofrecernos su proyecto de estadidad del Esequibo, lo discutimos e hicimos nuestro: planteado en sesión plenaria, lo introdujimos reglamentariamente por Secretaría, con la rúbrica de varios parlamentarios pertenecientes a La Causa R, Acción Democrática y, por supuesto, Vente Venezuela.
El régimen mantuvo su indiferencia ante la iniciativa comentada, como había ocurrido con la Fachada Atlántica, pero insistimos en nuestro trabajo. E, incuso, incumpliendo con su palabra, el entonces presidente oficialista de la Comisión de Política Exterior, ni siquiera tramitó la solicitud escrita, firmada por más de treinta diputados de la oposición, para que ella los recibiese o, en todo caso, a una delegación representativa, a objeto de tratar el tema, a puerta cerrada o abierta.
Sobreviene la campaña electoral de 2015 y no dejamos de frecuentar a los especialistas en la materia, estimulándolos para que continuaran con su desprendida labor canalizadas por sendas ONG. En las postrimerías de la campaña, recibimos una invitación para un foro en la Universidad Simón Bolívar que tuvo como panelistas, nada más y nada menos, que a los doctores Claudio Briceño Monzón, Germán Guía, José Alberto Olivar, Luis Alberto Buttó y Manuel Donís: cumplimos con la faena.
Al poco tiempo, recibimos la invitación para literalmente concursar en una obra referida a la materia, a publicarse, como en efecto ocurrió, por la Universidad Metropolitana, con el aval de las universidades Simón Bolívar y de Los Andes. Rigurosamente arbitrado, nuestro modesto trabajo fue seleccionado en una compilación de tan exigentes requisitos académicos, siendo el suscrito el único dirigente político y parlamentario del catálogo.
Presumimos que, tras el triunfo de la oposición democrática, sería más expedito el planteamiento del caso esequibano. Y, desde un principio, no perteneciendo a la Comisión de Política Exterior, aunque reglamentariamente nos era permitido participar en sus deliberaciones, insistimos – dejando constancia por escrito – en el asunto, infructuosamente hasta que tuvimos que apelar a los medios de comunicación con la regularidad recomendada. Por cierto, en la única reunión a puertas cerradas que se hizo con un representante expreso del Ejecutivo Nacional, Roy Chaderton, cuestionamos abiertamente la conducta oficial.
Quizá una de nuestras mayores satisfacciones, fue la del acto de rebautizo de la avenida La Guarita por avenida Esequibo, en el municipio Baruta, que nos tuvo por Orador de Orden, gracias a la postulación de las organizaciones pro-esequibanas, en febrero de 2016. Desde entonces, ha sido la única vez que nos hemos ausentado de la cámara al conmemorarse el aniversario de la suscripción del Acuerdo de Ginebra.
Por estos últimos dos años y medio, son innumerables las reuniones de trabajo con las ONG esequibanas, los foros en universidades, debates radiales, las consultas de tesistas, las declaraciones de prensa. Hemos procurado la atención lo más novedosa posible del problema, evidenciada en nuestras intervenciones a cámara plena, aunque confesamos que nuestra mayor indignación ocurrió en 2017.
Para diciembre de 2016, el Secretario General saliente y el entrante de las Naciones Unidas, fijaron un plazo perentorio para que Venezuela y Guyana arribaran a un acuerdo y, en caso contrario, remitiría el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No sin trabajar las posibles consecuencias, consultando – incluso – con procesalistas y, a la vez, proponiendo la inmediata constitución de una comisión especial del parlamento, comenzando por la sesión plenaria de febrero de 2017, semana tras semana, mes por mes, advertimos el venidero vencimiento del plazo al gobierno y a la misma oposición.
Lo demás, es historia reciente y conocida, pero lo importante es destacar un punto relevante de la responsabilidad parlamentaria: hay situaciones y materias inesperadas que obligan a un compromiso de estudio, planteamientos y realizaciones. No estamos del todo satisfechos, pero entendemos, en este punto tan específico, hemos respondido al electorado y, muy concretamente, a las entidades de expertos y de activistas de la sociedad civil que, en contraste con la dirigencia partidista, excepto Vente Venezuela, mantiene viva la reclamación por muchísimas que sean las adversidades.
