Carta a Ronald Caraballo

Recibo tus siempre afectuosas líneas, con el interés que despierta la inteligencia, aunque esta vez sea para hacer consideraciones sobre mi artículo “El poder viola”, en el cual propongo se despoje, por traidores a la patria, de la nacionalidad venezolana a ese 1% de la población que se dedica al crimen y que mantiene en el terror a la ciudadanía laboriosa, estudiosa y responsable, pensamiento que sostengo dada la gravedad a la que ha llevado la impunidad la situación de la violencia delictiva a nuestro país, pues la defensa de la sociedad debe llevarse a los extremos que las amenazas a la paz y a la convivencia remitan. Sería interesante conocer el sistema penal de Singapur, aunque no estoy de acuerdo con la pena de muerte, por el peligro que representa tal instrumento en manos de hombres de poder que se creen la solución final, como ocurre en estos tierreros conceptuales, minados por la ignorancia, pero sí creo en la severidad de las sentencias a aplicar a quienes violen las leyes, pues la sociedad no le exige a nadie que corra cien metros planos en siete segundos ni descubra la vacuna contra el Sida, sino que simplemente respete las normas escritas y no escritas de la moral pública. Por eso estoy de acuerdo con la cadena perpetua, que no se aplica para asustar a los demás malandros y que se hagan boyescaos, sino para apartar de la sociedad, de manera definitiva, al delincuente. Porque estos enfermos no se regeneran. Coincido contigo en que se les someta a las reglas jurídicas del debido proceso, y se vigile que no sean torturados ni se les ajusticie ni se les aplique una pena superior a la que estipule la ley para el delito imputado, pero todo dentro de los límites de la racionalidad para evitar el exceso de defensa, que incluye el lenguaje imbécil del gobierno para referirse a los criminales en prisión. Idiotez que constituye una ofensa a las víctimas. Me comentas, y cito: “…lo que pasa también es que la policía abusa. La policía está penetrada por el hampa. Hay escuadrones de exterminadores matando malandros, pero asesinan también a inocentes. Y allí es donde son indispensables los defensores de los derechos humanos. Si no fuera por ellos, no se descubrirían estos casos”. Muy bien. Pero vamos a extrapolar eso. Primero, la delincuencia le ha declarado la guerra a la sociedad – “aquí manda el hampa” – y entre ambos, como única línea de defensa, está la policía con una serie de limitaciones legales que favorecen al maleante. Ellos, los criminales, mejor armados, les disparan a la policía y esta no les puede contestar con consejos ni con palmaditas “esonosehace”. Tienen que echarles plomo. Y no para asustarlos. Porque malandro no se asusta. A menos que no esté drogado. El colmo es que al policía incurso en un enfrentamiento le quitan el arma, con lo que sacan de las calles a un defensor de la sociedad para felicidad del malandraje asesino. ¿Te imaginas por un minuto que ganen esta guerra los malandros? Sencillamente analiza que ya, en estos momentos, nuestra sociedad llega al paroxismo de culpar a la víctima por el crimen en su contra – “salió de noche, a quién se le ocurre”, “cargaba un reloj muy ostentoso”. “Qué buscaba en ese barrio”. En cuanto a lo de víctimas inocentes, que los hay, es necesario puntualizar, porque es fácil confundir “sin antecedentes” con inocente. Hay mucho “primera vez” con mala suerte camuflajeado en la “inocencia”. Y hay hampones que se meten a policías, pero de allí a decir que la policía está penetrada por el hampa hay un abismo. Debemos lograr una mejor policía exigiendo al Estado preste mayor atención a sus derechos laborales, sociales y humanos. Y por su parte la sociedad, así como denigra a los malos policías, debe apreciar a los buenos, reconocerles sus méritos y premiar su desempeño. Y por último, es cierto que los defensores de los derechos humanos con sus denuncias evitan la impunidad en casos de excesos policiales con los inocentes, lo que hemos visto exacerbarse con el “plan patria segura”. Pero el problema es que ellos en todo malandro dado de baja por la policía sospechan y denuncian ajusticiamiento. Esta permanente presión, traducida en abundante centimetraje de prensa, destruye la autoestima institucional de los agentes del orden público. Así que hay que ver la situación desde la perspectiva policial. Porque los policías también tienen derechos humanos. Como los tienen las víctimas de la violencia que sufren doble pena por la impunidad. Y los taxistas, que ejercen un trabajo con pena de muerte. No solamente el malandro. Por eso insisto e insistiré en que se debe revisar esa posición reduccionista de que solamente el Estado viola los derechos humanos, cuando es el poder el que los viola. Y nada más poderoso que un malandro neandertálico con una nueve apuntándote a la cabeza, que, como le respondí a una joven periodista enervada por mí posición contra este cáncer que carcome nuestra sociedad y que debe ser extirpado, es dueño de tus bienes, de tu vida y de todo lo que se le antoje al degenerado.

Un ejemplo de estupidez jurídica

Analiza que la Sala Constitucional del TSJ revolucionario y pobrecitista amplió los beneficios procesales para incluir prisioneros por crímenes horrendos, como el secuestro, el sicariato y la violación – semejante a lo ocurrido cuando entró en vigencia el COPP que puso en la calle a 12.000 delincuentes impíos – lo que constituye un atentado contra la justicia y la sociedad que, en estado alarmante de indefensión, está clamando por mayor severidad con la delincuencia. Los Derechos Humanos, mi querido amigo, deben ser para los Humanos Derechos. Así que mantener el reduccionismo que confiere únicamente al Estado esta “potestad” punible, impide el castigo ejemplar para quienes someten a poblaciones enteras al terror. Si una nación no es capaz de adecuar las leyes a sus propias realidades no sobrevivirá su sociedad, a menos que ésta tome la ley en sus manos. Como está a punto de ocurrir en Venezuela. Un abrazo en la distancia.