Ya me decidí
Sí, ya tomé la determinación. Y les consta que me costó mucho definirme. Porque, civilista hasta la cacha, siempre he pensado que el voto es el arma del hombre civilizado. Pero todo tiene un límite. Ahora, mi posición es la de no ir a votar el 22-A. Porque esa jornada será una farsa —una más de la inmensa lista de simulaciones, dobleces e hipocresías que se patentizan cuando la Tibi aparece en el balcón—, pero no una cualquiera: esta es la madre de todas las piezas arteras que montan las “honorables damas” del Ministerio Electoral del régimen. Se saben en la mira de todos los países civilizados y tienen que lavarse la cara como sea, aunque el resto del cuerpo se mantenga “lordo tutto” (para echármelas de que he leído Dante). De manera que, si asistiésemos a esas “votaciones”, no estaríamos ejerciendo de ciudadanos sino actuando como una comparsa. No buscan perfeccionar el progreso de la nación sino tratar de obtener una legitimidad que ellos mismos empezaron a derruir desde el mero comienzo de su mando (que no gobierno).
Hay muchas razones que avalan la toma de mi decisión, pero —al igual que el curita de pueblo que le explicaba al obispo por qué no había tocado las campanas para avisar de la visita episcopal— daré una sola; la que es más importante: fue convocada por un cuerpo que, además de que no tiene la capacidad para hacerlo, sufre de un pecado original: no fue constituido de acuerdo a como exige la “mejor Constitución del mundo”. No se le consultó al soberano si creía conveniente reemplazar dicha Constitución; se lo puso ante un hecho cumplido: “ya yo decidí que hay que convocar una Constituyente y determiné quiénes son los candidatos (todos de mi partido); a ustedes solo les dejo elegir en qué puesto van”.
El producto de esa decisión írrita resultó en un conjunto de casi quinientos personajitos perrunos —ágrafos la mayoría de ellos, incapaces de redactar, no una Constitución, sino el menú de un comedero pueblerino— que no deliberan, sino que refrendan todo lo que les mandan cocinado desde Ciliaflores. Pero que han tenido el atrevimiento de declarar que sus poderes son absolutos, supraconstitucionales. Han tenido la avilantez de oficializar su golpe de Estado al decretar que “la Constitución de 1999 solo seguirá en vigencia, en todo aquello en lo que la Asamblea Constituyente no disponga lo contrario”. ¡Qué descaro! De un plumazo derogaron la Constitución para hacerle un traje a la medida del ilegítimo. Según explicaban recientemente dos eminencias del Derecho Constitucional —Allan Brewer y Rafael Badell— esa misma “norma” aparece en las actas de las Juntas de Gobierno de 1947 y 1958. Gobierno de facto, pues. Así, los autoploclamados “constituyentistas” pueden disponer lo que les dé su real gana, sin límites —y sin control alguno, ni siquiera del sometido Tribunal Supremo (omito lo “de Justicia”).
Es tan burdo el montaje para las “elecciones” venideras que los considerandos nada tienen que ver con la necesidad de adelantar la fecha de los comicios. Hablan de que unas potencias extranjeras le “han impuesto ilegítimas e ilícitas sanciones coercitivas y unilaterales” al país; y de que “la oposición venezolana se retiró de la mesa de diálogo”. Pero, ¿qué tiene eso que ver, aunque sea cierto, que no lo es, con que se haya procedido a adelantar la elección presidencial?
Suponiendo que Henri Arias Cárdenas Falcón y uno que otro payaso lancen sus candidaturas —y en la remotísima probabilidad de que las chicas malas del CNE admitan que perdió su amado candidato— ¿qué garantías tiene la nación de que lo dejen llegar al poder? Recordemos que la autoproclamada Constituyente se ha arrogado poder para todo, inclusive para desconocer los resultados y nombrar a dedo a uno que ellos escojan. Pueden, inclusive, designar al hermanito de la peculiar presidenta del CNE, al mismísimo Jorge “Audi” Rodríguez. Y este, ni corto ni perezoso, acudirá a la asamblea de los quinientos analfabestias para juramentarse ante ellos y tomar posesión del cargo.
La pregunta es: ¿qué debe hacer ahora la gran mayoría opuesta a este régimen? Fácil: no basta solo con no acudir a las urnas en la fecha nefanda; hay que activamente buscar las alternativas. Y en ese afán deben estar igualmente ocupados los líderes de alto coturno y quienes somos opositores de a pie. Incluyo a los políticos, inclusive a quienes han perdido merecidamente la estima de la población, porque nuestra acción no debe llevarnos hacia la antipolítica. Ya caímos en ese bache y lo que logramos fue encumbrar a este artilugio estrangulador de todos los espacios. Eso sí, los dirigentes partidistas deben abocarse a la tarea con desapego de aspiraciones personales. Su afán debe ser la reorganización de sus respectivas toldas, pues ese correaje es esencial para cuando logremos tener unas elecciones de verdad-verdad.
Y aprovechar para inscribirse o ponerse al día con el Registro Electoral. Porque una cosa es no votar y otra, muy distinta es estar preparados para cuando de verdad debamos ejercer nuestro derecho al sufragio.
Y, ante todo, mantener la exigencia de que no se les pongan condiciones extras a los venezolanos de la diáspora. Un paisano nuestro que haya tenido que emigrar no es menos venezolano que quienes nos quedamos. Que esté legal o ilegal en otro país no debe ser óbice. Si muestra su cédula (así esté vencida) o su pasaporte y diga que quiere estar inscrito en ese consulado, debe ser atendido y registrado. El funcionario que no lo haga sería de cómplice de las arpías del CNE. ¡Y punto!
